Argentina. Dolores y rebeldías, elecciones y más allá

Por Juan Guaján, Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2021.

Es posible que estemos entrando en lo que pueden ser los peores meses de esta

pandemia. Aquí se tratará de integrar dos miradas sobre una misma realidad: Una,

centrada en la política del juego electoral; la otra, en la realidad de los dolores y

rebeldías por las que atraviesan gran parte de lo que se conoce como las mayorías

populares. Sin olvidar que con pandemia o sin ella, las grandes fortunas crecen

obscenamente. Los resultados de todas estas interacciones le darán sentido a lo que

conocemos como futuro.

LOS DOLORES Y REBELDÍAS ANTE ESTA REALIDAD

Los distintos medios de prensa han publicado los datos del INDEC que ponen en

evidencia el crecimiento -durante el 2020- de la pobreza, indigencia y desempleo. No

hace falta reiterar aquí lo que ha sido ampliamente difundido. La pandemia tiene una

alta cuota de responsabilidad en ese fenómeno pero no parece suficiente atribuirle toda

la culpa, por esa situación, al COVID. El modelo económico en marcha y la crisis

civilizatoria mundial prepararon las condiciones e hicieron el resto. Las vacunas, más

allá de todas las limitaciones y errores que encierra el acceso a las mismas, su

distribución y aplicación, se ha constituido en el remedio básico para tratar estos males

sanitarios y en la mayor esperanza para amortiguar los dramas económicos y sociales.

El gobierno, intentando limitar la circulación del virus, ha ordenado una serie de

restricciones a distintas actividades de la vida cotidiana. Lo está haciendo aplicando

criterios más flexibles respecto a los duros que tuvieron vigencia durante el segundo

trimestre del año pasado. Ello se ha planteado claramente respecto a las actividades

económicas. En ese sentido el Ministro Martín Guzmán ha dicho, de un modo reiterado,

que nuestra economía no podría soportar un parate semejante al vivido el año pasado.

Esas declaraciones, independientemente de las necesidades sanitarias, se vinculan

con las políticas de ajuste que se discuten con el FMI, con el cual está negociando un

nuevo acuerdo. Uno de los efectos de esta situación es que, en esta segunda oleada

del COVID, -según Guzmán- no se ejecutaría el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

que benefició a 9 millones de familias, sin ingresos registrados, planes sociales o

haberes jubilatorios. En la primera oleada se efectivizó con 3 aportes de diez mil pesos

cada uno. De ese modo se evitó que millones de compatriotas fueran considerados

indigentes.

En este marco, los sectores populares ensayan diferentes tipos de modalidades para

encauzar lógicas rebeldías. Las calles, plazas y rutas suelen ser testigos de muchas de

ellas. Los llamados movimientos sociales, fuertemente atados a las políticas

asistencialistas del Estado, son los principales organizadores de las mismas.

En las últimas dos décadas, luego de aquél ¡Que se vayan todos! del 2001/2002, se

terminó reiterando la ausencia de una política económica y social realmente diferente y

somos testigos del hecho que -dos décadas después- los reclamos crecen al

paradójico compás de otros dos crecimientos constantes, aunque sean aparentemente

contradictorios: pobreza y asistencialismo. Mientras lo “diferente” (aunque sea peor) lo

demandan los sectores más liberales y reaccionarios, la mayor parte de quienes

proponen cambios desde las necesidades y aspiraciones de las mayorías no logran

romper con la inercia de estas políticas que pareciera que privilegian el asistencialismo

como futuro. Ello produce un peligroso maridaje entre los gobiernos y la mayoría de las

organizaciones sociales que limita los debates y perspectivas de cambios profundos y

duraderos. Bajo estas condiciones, hasta que exista una alternativa real de producción

más humana y de respeto por la dignidad de las personas y sin destruir la naturaleza,

se podrían considerar otros mecanismos. Uno de ellos es el ingreso básico universal

para todos, lo cual eliminaría los riesgos de manejos clientelares.

ELECCIONES: EXPECTATIVAS Y PLANES DE CRISTINA, MÁXIMO Y MASSA

La Cámara Nacional Electoral ha previsto que el 8 de agosto se realicen las PASO y

para el 24 de octubre las elecciones legislativas generales. Esas fechas están en

debate, su modificación requiere de una Ley que el Ejecutivo está elevando al

Congreso -atrasando un mes las fechas-, lo hace con cierto aval de gran parte de la

oposición. El COVID es la excusa perfecta para justificar esas pretensiones. Más allá

de la legitimidad de ese argumento hay otras varias cuestiones que presionan en esa

dirección. Se las puede sintetizar en 3 temas: Su relación con algunas convocatorias

provinciales en fechas distintas; su vínculo con la evolución de la cuestión

epidemiológica y su relación con lo que pase con los acuerdos con el FMI y la marcha

de la economía, básicamente con la inflación.

El gobierno nacional aspira a lograr la mayor simultaneidad posible de las elecciones

legislativas provinciales y las generales. Con ello esperan favorecer sus planes para

mejorar las posibilidades electorales de quienes cuentan con el aval nacional. Las

provincias de Salta y Misiones ya han fijado otras fechas y no es descartable que

alguna otra provincia no siga la orientación del gobierno nacional.

En cuanto a las elecciones y la situación sanitaria, el gobierno quiere que las mismas

se realicen en momentos que tenga un mayor control de la pandemia. Suponen que

agosto es una fecha demasiado cercana a esta segunda oleada. Imaginan que cuanto

más lejos pongan las PASO, si no logran eludirlas, la realidad tendrá una mayor imagen

de “normalidad” y que ésta actuaría a favor de las chances del oficialismo. En este

sentido la clave para dicha imagen pasa por los avances del proceso de vacunación.

Eso supone contar con mayores dosis y ampliar su distribución y aplicación. El estado

ha logrado vacunar a un 10% de la población, utilizando para ello no más del 70% de

las vacunas a su disposición. Aquí aparecen dos problemas: Algunos reclamos por no

atender las presiones de contagio que ejercen provincias con extensas fronteras con

vecinos que tienen altísima circulación del virus. El otro tema son las dificultades para

lograr el aprovisionamiento de las dosis necesarias. En este sentido crece el escándalo

sobre los contratos con Astra Zeneca, cuyas vacunas gestiona el empresario Hugo

Sigman. Esta semana, en sede parlamentaria, se mostró el Convenio por el cual debía

entregar más de 22 millones de dosis, durante el primer semestre. Según tal denuncia,

el Estado argentino ya pagó el 60% de ese convenio que no se está cumpliendo.

Mientras tanto ha enviado al exterior, particularmente EEUU, la cantidad suficiente del

insumo básico (principio activo) para fabricar varias veces esa cantidad de vacunas.

Un tema no menor, en relación al proceso electoral, es la suerte de la economía. Su

crítica situación está íntimamente vinculada a la herencia recibida y la pandemia. Sin

embargo el gobierno puso sus aportes propios para que la misma tenga los dramáticos

números que se vienen conociendo y las negras perspectivas para los próximos

meses. Las recientes restricciones planteadas no hacen más que agravar las

condiciones señaladas. Por si esto fuera poco tenemos el debate con el FMI como

marco a lo que se viene discutiendo.

Una última cuestión tiene que ver con los avances del tándem Cristina, Máximo y

Massa, a los que en muchos casos se podría agregar a Kicillof. Constituyen una

articulación de intereses políticos que los tiene como el centro del poder, dentro del

gobierno y de la administración del Estado, con cierta preeminencia de “La Cámpora”.

Con algunos “ruidos” e “interferencias”, han logrado subordinar a su esquema al

Presidente, con la contradicción que dicho poder no logra reunir el consenso suficiente

para ejercer la necesaria hegemonía en la sociedad. A ello cabe agregar que una

importante proporción de gobernadores y antiguos dirigentes peronistas se muestran

reacios a la aceptación de esa conducción.