Paraguay. Caso Curuguaty: hasta fallecidos fueron imputados y declarados en rebeldía

Resumen Latinoamericano / 12 de Agosto 2015.- Las imputaciones masivas realizadas por el Ministerio Público en el caso Curuguaty, que se basan en un censo realizado por los campesinos para el reconocimiento de su comisión –un requisito administrativo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para entrar a los programas de adjudicación de tierras–, llega a un grado tal de descontrol y arbitrariedad que hasta los fallecidos en la masacre están sujetos al proceso y fueron declarados en rebeldía.

Tal es el caso de Luis Paredes y De los Santos Agüero, quienes fueron imputados y declarados en rebeldía por la fiscalía bajo los cargos de invasión de inmueble. De acuerdo al testimonio de los familiares, varios de los campesinos habrían sido ejecutados, pues luego de haber sido heridos se comunicaron telefónicamente con sus allegados, pero luego aparecieron muertos tras haberse entregado a la policía.

Una resolución firmada por la fiscala Ninfa Aguilar, quien estuvo a cargo del procedimiento llevado a cabo el 15 de junio de 2012 –aunque se mantuvo lejos del escenario– imputó a unas 60 personas que figuraban en un cuaderno hallado en el campamento, pero que luego desapareció o fue destruido, según alegan los intervinientes por efecto de la lluvia.

La agente fiscal imputó supuestamente luego de haber individualizado a las personas, por lo que solicitó al juzgado penal de garantías que declare la rebeldía y que se dicte la orden de captura, incluyendo a las personas que ya habían fallecido.

«Qué vergüenza. Mi hermano Luis Agustín Paredes González y De los Santos Agüero Romero están muertos ejecutados en la masacre de Curuguaty. Pero están imputados y fueron declarados en rebeldía», manifestó Martina Paredes, hermana de Luis y Fermín Paredes, fallecidos.

Paredes también critica que la agente esté citada como testigo por el fiscal Jalil Rachid, pues señala a Aguilar como responsable de las muertes al haber ejecutado un desalojo cuando la orden emitida por el juez José Dolores Benítez era tan solo de allanamiento.
«Esta fiscal será citada como testigo en el caso Curuguaty… cuando debería estar en la cárcel por la muerte de los campesinos», criticó.

Aguilar también imputó e hizo arrestar a Miguel Correa y Marcelo Trinidad, quienes concurrieron al Hospital de Curuguaty para averiguar si entre los muertos y heridos se encontraba algún familiar o persona conocida. Permanecieron durante más de un mes en la cárcel de Coronel Oviedo, donde según manifestaron sufrieron torturas y malos tratos, siendo luego sobreseídos al haberse comprobado que no estuvieron en el lugar de la masacre. El docente Juan Alfredo Caballero también fue imputado, pero luego tuvo que ser sobreseído al haberse comprobado que en el momento del tiroteo estaba dictando clases.
La fiscala Aguilar renunció a la causa supuestamente por haber recibido amenazas. 

Recusaciones

El juicio contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty se inició el pasado 27 de julio, pero luego fue pospuesto por la renuncia de los procesados a seguir siendo defendidos por los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, quienes estaban presionados por un sumario abierto por la Corte al haber presentado varias objeciones contra las irregularidades del proceso, como el ocultamiento de pruebas, la adición irregular de elementos y diligencias en las que la defensa no tuvo participación, entre estas un estudio de balística sobre la trayectoria de los disparos de la que la defensa fue notificada cuatro días después de haber sido realizada.
Posteriormente, el nuevo abogado de los campesinos, Víctor Azuaga, recusó al pleno del Tribunal de Sentencia por la preopinión del presidente, Ramón Trinidad Zelaya, quien al rechazar la concesión de más tiempo a la nueva defensa argumentó que la prensa y la ciudadanía pide conocer la sentencia.

Este lunes fue presentada otra recusación contra la integrante del Tribunal de Apelación, la jueza Silvia Cuevas, por sus actuaciones irregulares en otras causas, como el de la comunidad indígena de Y’apo en el 2014, a la que en una resolución había reconocido el derecho de posesión de su territorio ancestral, pero posteriormente dispuso el desalojo y la quema de viviendas y el templo de los nativos a pedido de la empresa brasileña Laguna SA.

 

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NO ABANDONARÁN LAS TIERRAS

Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, aseguraron que no abandonarán las tierras donde ocurrió la matanza, pese al anuncio de reubicación del Gobierno para varias de las familias ya instaladas.

12 agosto, 2015

Los campesinos reclaman desde hace años que las tierras sean declaradas de titularidad pública y les sean cedidas para que puedan vivir y trabajar en ellas, y aseguran que no abandonarán este territorio hasta que no se atienda su pedido.

“Nosotros no tenemos ningún diálogo con el Gobierno para que nos realojen. Somos campesinos sin tierras, familiares de las víctimas y de los acusados de la masacre de Curuguaty. Queremos libertad para los presos y tierras para poder trabajar”, expresó a Efe Mariano Castro, que perdió en la masacre a uno de sus hijos.

Otros dos de sus hijos, Néstor y Adalberto, permanecen en prisión domiciliaria y están siendo juzgados en relación con la muerte de seis policías durante la masacre, que en 2012 provocó además a la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.

Castro explicó que el estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) llegó a un acuerdo para reubicar a algunas de las familias que “viven junto a la ruta, enfrente de los terrenos de Marina Cué”, pero precisó que estos campesinos “llegaron hace un año, mucho después de la masacre”.

“Al principio fueron nuestros compañeros, pero luego armaron otra comisión y se pusieron a negociar con el Indert”, dijo Castro.

Este segundo grupo de campesinos será reubicado ahora en la colonia 8 de diciembre, en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná, situada a más de 100 kilómetros al sureste de Marina Cué, gracias a un acuerdo suscrito con el Indert.

El presidente de este ente, Justo Cárdenas, afirmó hoy en un comunicado que algunos grupos de campesinos de Marina Cué “priorizan la cuestión de la tenencia de tierras”, mientras que otros conceden más importancia “a la cuestión judicial”, en relación con el juicio por la masacre y la disputa por la titularidad de las tierras.

 

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Paraguay: Carta de los Observadores de Curuguaty a la opinión pública internacional

12 de agosto de 2015

Nosotros, observadores internacionales del conflicto de Curuguaty, manifestamos nuestro entendimiento a partir de la visita realizada los días 26 al 29 de julio de 2015.

Estuvimos con los procesados, sus familiares y con familiares de las víctimas de la Masacre de Marina Cue y también en el juicio de los días 27 y 28 de julio, donde se determinó la suspensión de la instancia decisiva hasta el día lunes 3 de agosto del corriente.

Pudimos verificar que las instituciones del sistema de justicia de la República del Paraguay no están buscando saber las causas que originaron el conflicto, a saber:

1. A quién/quiénes pertenece la propiedad donde se desató el conflicto.
   2. Por qué el Estado paraguayo no garantiza el derecho a la tierra de las familias afectadas.
   3. Por qué el uso desproporcionado de la fuerza policial para tratar a los campesinos.

La no investigación de las causas del conflicto hace entender que la Justicia paraguaya solo está juzgando las muertes de los policías, no así las de los campesinos.

Se percibe en la sociedad y en las familias una falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia paraguayo. Esta desconfianza también fue percibida por los observadores cuando, durante el juicio del día 28 de julio, el juez que presidía la mesa del tribunal afirmó no poder otorgar el plazo solicitado para que el nuevo abogado de los procesados pudiera prepararse, ya que existía una presión de la prensa que solicitaba conocer la condena. Tal declaración dio indicios de la falta de independencia de los agentes de la Justicia paraguaya.

Finalmente, consideramos que hay que esperar de la actuación del Estado democrático la concreción de la justicia social y no la respuesta a intereses particulares que afecten negativamente la búsqueda de la verdad.

Declaramos nuestra solidaridad a la lucha del pueblo paraguayo por la democratización de las tierras y demás bienes naturales, y anhelamos que se garantice, en los hechos, los derechos humanos básicos y procesales, en condiciones de igualdad para las personas acusadas, particularmente del caso Curuguaty.

A nuestro entender la Justicia debería:

• Declarar la Nulidad del juicio. Teniendo en cuanta las múltiples y diversas irregularidades en la causa que son de público conocimiento desde el momento en que el fiscal Jalil Rachid asumió el Caso Curuguaty
• Liberar a los procesados y detenidos. Las causas por las que están en prisión domiciliaria no son justas. Se los acusa de homicidio doloso en grado de tentativa cuando en estos años no ha habido una sola prueba que relacione las armas disparadas con los procesados y por lo no procedente de caratular de tentativa a un hecho que fue consumado. Se los acusa de asociación ilícita privándoseles del derecho de estar organizados para defender su territorio. Se los acusa de invasión de la propiedad ajena cuando el mismo estado a través del IDERT ha reconocido que la propiedad es de la Armada Paraguaya y por lo tanto nunca habría que haber procedido con un desalojo. Se los acusa de frustración de la ejecución penal cuando lo único que se hizo fue asistir a una persona herida.
• Reconocer la propiedad por parte del estado de las tierras donde se desató la masacre y reconocerle a las familias de las víctimas y a las que habitan desde hace muchos años la zona la titulación de las mismas
• Investigar a los verdaderos responsables de la Masacre y retirar los sumarios labrados a los abogados de la defensa en todo el proceso por carecer de fundamentos
• Resarcir y reparar a las familias de las víctimas por ser sometidas a un proceso injusto que incluye todo tipo de actos violentos como abandonos, ejecuciones, torturas psicológicas y físicas