Medios y dictadura: la hora de las complicidades civiles (parte 1)

Resumen Latinoamericano/J.P. Krabbe/Marcha –  El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, declaró este martes ante la justicia como imputado por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Está acusado de ser coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

Es la primera vez en nuestro país que el director de un diario se presenta ante la justicia acusado de ser integrante de una “asociación criminal” con las fuerzas armadas.

A pesar de los numerosos intentos por parte de la corporación judicial bahiense para evitarlo, el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Sebastián Coleffi, tomó declaración este martes a Vicente Massot, dando cumplimiento así a un fallo de la Cámara Federal local que dispuso que el acusado debía ser “oído” por un juez antes de que se resuelva los pedidos del Ministerio Público que había pedido su detención e indagatoria, así como la de su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, puesto en el que permanecería hasta 1990, quien murió impune en julio del año pasado a los 84 años de edad, al igual que Diana Julio de Massot, quien condujo el diario hasta 2009, y Federico Massot, madre y hermano de Vicente.

En 2011 y 2012 se llevó adelante el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ciudad, resultando condenados por su accionar durante la última dictadura 17 genocidas actuantes en el V Cuerpo del Ejército, 14 de ellos a prisión perpetua, hasta la fecha la mayor cantidad en una sola causa. En la sentencia el tribunal, conformado por los Jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti, ordenó también que se investigue la responsabilidad del diario por la “posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia durante la última dictadura militar” y “extraer constancias documentales respecto de las publicaciones de que daba cuenta el diario”. El juicio, en el que declararon 400 testigos, duró casi un año y medio, y el tribunal debió ser integrado por jueces de otras ciudades ya que en Bahía Blanca todos resultaron recusados por sus relaciones con la “familia militar”. A dicha estrecha relación se refirió en su histórico alegato de cierre el fiscal Abel Córdoba, cuyo trabajo resulta difícil de ponderar lo suficiente, al plantear que en Bahía existe “un entramado social corporativo” que impidió que durante tantos años se pudiera avanzar en la concreción de la tan esperada Justicia.

Ese entramado, claramente identificado en el alegato de la Fiscalía y retomado en los fundamentos de la sentencia de los jueces Ferro, Triputti y Bava, incluye al poder judicial, la usina ideológica que representó el diario de la familia Massot y la Iglesia Católica, como queda ejemplificado en la intervención y presencia del padre Aldo Omar Vara en los centros clandestinos de detención y en los encuentros con las personas ahí detenidas, de la cual dieran cuenta los testimonios de las víctimas y el fallo del tribunal.

Un rayo de luz en la Bahía Gris

Con un fuerte despliegue de la Policía Federal, su par Bonaerense y la Prefectura Naval, Massot y su abogado defensor y cuñado, Rubén Diskin -el mismo que en la década del ochenta defendiera al General Acdel Vilas-, ingresaron a las siete de la mañana a la sede local del Juzgado Federal, con el objeto de evitar el repudio de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de pueblos originarios que se reunieron a partir de las nueve en el lugar. Pasadas las diez de la mañana ingresaron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, acompañados por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.

Massot expuso ante el magistrado y los fiscales por el lapso de tres horas y, tal como prevé la “declaración espontánea” establecida en el Código Procesal Penal, no hubo preguntas de ninguna de las partes. Según informó posteriormente el fiscal Palazzani el juez implantó el secreto de sumario hasta resolver los pedidos reiterados por la Fiscalía: indagar y detener al empresario. Massot se retiró del juzgado a bordo de un patrullero de la Policía Federal, sin hacer declaraciones a la prensa y mirando sonriente y de manera provocativa a los manifestantes.

La espera de un hecho de semejante trascendencia para la ciudad y la región, al que se suma la inminente apertura del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia -la causa por la Marina, que hasta el momento elevó a juicio a 24 de los 31 imputados-, y en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado, fue acompañada por una jornada de poesía-homenaje por “la Memoria, la Verdad, y la Justicia” denominada “Poesía Viva”, que se realizó el día lunes, en la cual poetas y escritores como Mario Ortíz, Omar Chauvié, Juan Diego Incardona y Gustavo López, fundador de la reconocida editorial bahiense Vox, leyeron poemas de jóvenes que desaparecieron de los ex centros clandestinos “La Escuelita”, la Base Naval de Punta Alta y el Batallón 181.

Asimismo, “La Escuelita, historias del terrorismo de Estado en Bahía Blanca”, un documental dirigido por el también bahiense Rodrigo Caprotti, fue estrenada el pasado lunes en 360 TV. El documental, que fuera rodado en 2012 mientras en la ciudad se realizaban los juicios por crímenes de lesa humanidad, ganó el Concurso de Series de Documentales Federales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La Escuelita se estructura en cuatro episodios que narran igual número de historias de vida relacionadas con el principal centro clandestino de detención de la región, combinando material documental con testimonios y representaciones ficcionadas.

Desde primeras horas de la mañana FM De la Calle, radio comunitaria que ha desempeñado desde su nacimiento en el año 1989 una incalculable tarea en la difusión del accionar del terrorismo de Estado en la Bahía del Silencio -como la denominara en su libro homónimo el escritor bahiense Eduardo Mallea-, transmitió en vivo desde la puerta del Juzgado, donde la Comisión de Apoyo a los Juicios, integrada por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, políticas y sociales, leyó un documento que expresaba que “hoy, a casi 40 años de denuncia contra el accionar de la familia Massot nos encontramos ante un tibio llamado a declaración testimonial con la posibilidad de transformarse en declaración indagatoria si el juez Álvaro Coleffi así lo decide. Es poco para lo que aspiramos pero sabemos que seguiremos luchando por más”.

En el mismo también se señalaron las complicidades de los poderes políticos, judiciales y mediáticos bahienses para evitar llegar a este punto: “Mucho se ha hecho desde la corporación silenciosa que propició la impunidad. Mucho se calla y mucho se otorga. Y no podemos dejar de mencionar que el municipio ha venido engrosando las arcas del diario a través cuantiosas sumas de dinero en concepto de pauta publicitaria y, a pesar de haberlo pedido públicamente, en numerosas oportunidades, jamás la máxima autoridad del ejecutivo local se ha expedido sobre el tema”. Complicidades que incluyen importantes negocios no sólo entre el municipio y La Nueva Provincia y sus agencias -como REX Publicidad-, sino también entre éstas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, que a lo largo de la última década han girado enormes sumas a través de contratos de publicidad oficial, además de negocios en otros rubros como el de seguridad, que comentaremos brevemente más adelante.

Las imputaciones

A partir de un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, delegada por el juzgado en la fiscalía, Massot se encuentra acusado de integrar “junto con los mandos militares -Ejército y Armada- una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, efectuando, “de acuerdo y en cumplimiento de normativas y directivas castrenses”, “aportes esenciales” desde el multimedio que integraban el diario, la Radio LU2 y el Canal 9 de televisión abierta, todos pertenecientes al grupo empresario familiar de cuyo “núcleo decisional” Vicente Massot fomaba parte. Aportes que consistían no sólo en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas, por ejemplo -según declararon los fiscales- “encubriendo operativos, que hacían aparecer como enfrentamientos, cuando en los juicios ya celebrados quedó demostrado que las víctimas fueron torturadas y muertas”, los cuales eran acompañados en varias oportunidades por croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181, fotos de las víctimas robadas de sus casas y documentación que sólo podían obtener a través del contacto con fuentes de primera mano, sino también cumpliendo “roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la ‘interminable’ serie de editoriales, presentación de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”. Acciones que en el análisis de los fiscales resultaron “indispensables para la ejecución del plan criminal, el aseguramiento de la eficacia del mismo y la impunidad de los individuos involucrados en su realización”.

La presentación de Palazzani y Nebbia, firmada también por el fiscal Antonio Castaño, establece que la “manipulación de la información” realizada por el multimedio abonó en la “conciencia social” un escenario donde se muestra al “subversivo” “como un ser ajeno; extraño; loco; ‘extranjero’; contrario a la Nación y a su estilo de vida occidental y cristiano; razones todas que validaron al ejército ‘salvador’ para la más despiadada forma de represión, que presupuso la negación de la condición humana”. El mecanismo de acción propagandística y psicológica incluía la promoción de controles y delaciones sobre la población y la construcción de las víctimas como “delincuentes subversivos”. En eso, justamente, se basa el delito de genocidio: la atribución a un “otro”, determinado por cuestiones físicas, ideológicas, de nacionalidad, género o pertenencia política, por tomar algunos ejemplos, de conductas o características que lo convierten en un elemento a exterminar.

En relación al homicidio de los obreros gráficos y delegados gremiales del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, caso incluido en la denominada “Causa Armada”, otro juicio que debe investigar a nueve integrantes de esa fuerza a los que se responsabiliza además por el secuestro, asesinato y desaparición de 50 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de Puerto Belgrano, Massot es señalado por los fiscales como “coautor por reparto de roles […] instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”.

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