Infierno en Chiapas para l@s migrantes

Resumen Latinoamericano/Ilka Oliva – Es bien sabido que en  la ciudad fronteriza de Tapachula, México, las personas migrantes  viven un infierno en su  paso hacia la frontera  con Estados Unidos, son sometidas a todo tipo de explotación laboral y sexual siendo las mujeres  las  más vulnerables. Miles de desaparecidos, extorsionados, asesinatos que nunca son aclarados y los cuerpos terminan en fosas clandestinas de cementerios locales. Ni autoridades del país de traslado ni del de origen se involucran, quiero decir con esto que los consulados están nada más de adorno.

No es la primera vez que albergues, organizaciones  pro migrantes y activistas que defienden los Derechos Humanos, se pronuncian y denuncian la bajeza de las autoridades policiales,  gubernamentales y estatales.

El Centro de Dignificación Humana, A.C., no quita el dedo del renglón y pide cuentas a las autoridades por la forma en que manosean, ultrajan y negocian con los derechos humanos de las personas indocumentadas.  Se han aleado al crimen organizado. Piden una depuración, investigaciones internas, cárcel para quienes hacen de la justicia una herramienta para la transgresión. Altos mandos del gobierno mexicano están involucrados en la trata de personas. Cuando un organismo internacional exige cuentas, lo que  hacen es detener a personas inocentes y les fabrican casos falsos, obligan a otras a acusarlas y con esto mostrar públicamente que hay resultados positivos. –No solo en Tapachula, no solo en México, esto es el mundo entero-.

El Centro de Dignificación Humana, A.C.,  denunció en noviembre del año 2013 la existencia de como mínimo 15 zonas de tolerancia –que eso de tolerancia hay que desmenuzar el término y cambiar el significado cuando se trata de explotación sexual- en Estado de  Chiapas. Son parte del paisaje cotidiano y del entorno social de los habitantes: las cantinas, bares, diurnos y nocturnos, cabarets, table dance, centros nocturnos y botaneros donde se explota a cuanta niña, adolescente y mujer  no tenga documentos legales del país. Las por siempre ultrajadas migrantes clandestinas.

Los habitantes del lugar que ya se acostumbraron  a vivir con la impunidad,  no denuncian la existencia de estos lugares, saben que las autoridades están involucradas, que reciben su cantidad mensual de soborno, que son bien atendidos policías y trabajadores de gobierno a quienes ofrecen las niñas vírgenes en pago por su silencio y cordialidad al tratar estos asuntos oscuros y aceptados como actividad normal en las fronteras del país.

Son las mujeres centroamericanas las ultrajadas y de este selecto grupo las hondureñas las más expuestas a vejámenes,  sus carnes voluptuosas  son perfectas para la explotación sexual. Así lo dicta el patriarcado: nalgas y tetas.

En el informe del Centro de Dignificación Humana, A.C.,  denuncia más de tres mil sitios donde se explota sexualmente a niñas, adolescentes y mujeres, en los que se venden bebidas embriagantes y todo tipo de anfetaminas. Entre los sitios hay los muy distinguidos que cuentan con permiso de las autoridades y también los que  operan en la clandestinidad, en ambos el trato a las mujeres es el mismo: mercancía.

Fuera de este paisaje existe el de las quince zonas de tolerancia, públicamente visibles y parte del entorno social y del día a día en Tapachula, donde las mujeres  son obligadas a prostituirse. Aunque la nueva Ley Contra la Trata de Personas dicta que es un delito la fichada ya sea por dueños de los lugares, clientes y cuanta persona se involucra en el negocio de la trata, lo cierto es que quienes los mantienen vigentes son las autoridades municipales, estatales y federales. Lindos personajes que hacen de la justicia un negocio de modalidad de esclavitud moderna.

En los negocios, bares, casas de citas, centros botaneros, centros nocturnos, diurnos, “laboran” más de cinco mujeres en su mayoría hondureñas que son las que fichan. El fichaje consiste en que la chica se sienta con el cliente y cobra la cerveza que este se tome, el que ella esté sentada con él requiere un costo extra que se adhiere al de la cerveza, con esto explica la gente del Centro de Dignidad Humana, A.C., que la niña, adolescente o mujer, queda a expensas de la decisión del cliente a tener sexo con ella,  no es decisión propia, ella no puede decidir si acostarse con él o no, desde el momento en que se sienta en su mesa está a disposición suya, son las reglas del lugar y debe obedecerlas. Ellas no están ahí por su voluntad.

Según la investigación realizada más de 1,500 mujeres son explotadas laboral y sexualmente en esta zona, la cantidad varía debido a su condición de migrantes, están en constante rotación y movimiento. Guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, en su mayoría éstas últimas.

En las casas de citas que son exclusividad para funcionarios  públicos de alto nivel, personal del crimen organizado, empresarios y personas con suficiente recurso monetario como pagar  la cantidad mínima de  mil pesos en  consumo.

En estos sitios se transgrede sexualmente sin su consentimiento porque son organizaciones  que tienen secuestradas a: niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres en su mayoría migrantes sin documentos. Los clientes los escogen por medio de: catálogos, internet, en una cita previa y no se aceptan desconocidos. Aquello es como una logia… Cambian constantemente su ubicación debido a la cantidad de personas que tienen secuestradas y por la condena que pagarían en la cárcel quienes las explotan en el tráfico de trata de personas.

Se trata de organizaciones internacionales que enganchan a las personas desde sus países de origen en los que están involucrados coyotes, taxistas, dueños de hoteles y pensiones, comedores.  Después de haber sido rotadas en las casas de citas, las envían a los table dance y posteriormente a los centros botaneros ya con una total dependencia al alcohol o cualquier tipo de droga. Bien sabido es que también laboran en estos centros adolescentes de la localidad que son explotadas por sus padres y son obligadas a prostituirse para ayudar en la economía del hogar.

Nuevamente el 2 de febrero  del año en curso el Centro de Dignificación Humana, A.C., junto a otras organizaciones pro migrantes, albergues y activistas  defensores de los derechos humanos, han denunciado a las autoridades de la localidad que al verse presionadas por entidades estatales y federales han inculpado a personas inocentes y las han expuesto al escrutinio público. Múltiples casos en que las sacan de los lugares donde son explotadas sexualmente, las torturan y las obligan a testificar una contra otra acusándose entre sí de ser unas las enganchadoras y  las  más jóvenes las explotadas cuando son todas las explotadas por el sistema, las autoridades corruptas, el crimen organizado. Les fabrican documentos falsos para hacer ver a unas como menores de edad y a otras como mayores. A muchas las han amedrentado quitándoles a sus hijas y obligándolas de a testificar lo que ellos les dictan de lo contrario les avisan que no las volverán a ver.

Todo un juego sucio para demostrar que están realizando el trabajo y que están obteniendo resultados significativos.

Las agredidas por  la autoridad policial y gubernamental recurrieron a los albergues para solicitar ayuda, varias de ellas fueron deportadas y otras se encuentran en  cárceles pagando condenas por delitos que no han cometido.

Son estas mismas entidades, empleados sobornados que hacen de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas un infierno para las niñas, adolescentes y mujeres que son secuestradas, explotadas sexualmente, desaparecidas y asesinadas. Es en los centro de atención al migrante donde más las amedrentan, las manipulan, muchas ahí mismo son abusadas sexualmente por el personal que labora. A muchas las hacen abortar cuando quedan embarazadas por las violaciones. No les brindan la comida que tiene que ser de tres tiempos al día. No les autorizan la leche para sus hijas. No les permiten el acceso a la higiene elemental.  Incomunicadas como una forma de intimidación para que hagan lo que ellos quieren.

Es entones que también me uno a la petición de los albergues autónomos, activistas, organizaciones pro migrantes, y al Centro de Dignificación Humana para exigir una  intervención inmediata y se investigue el proceder impune de  la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE).

En este momento se está cometiendo todo tipo de injusticia contra cinco mujeres centroamericanas que han sido utilizadas como chivos expiatorios, obligándolas a testificar falsedades. Y exijo a los consulados de los países en mención que hagan su trabajo y asistan a las ciudadanas que están siendo transgredidas por autoridades mexicanas. En este caso específico no pueden decir que no hay nombres, ahí están. Ellas son:

Karen Julissa Vallecillo Castro –hondureña-.

Santa María Rosales –hondureña-.

Denia Elizabeth Santos –hondureña-.

Lidia Azucena Chávez Pérez –guatemalteca-.

Ligia Aracely Palma Brizuela –hondureña-.

Matilde García López –guatemalteca-.

Guadalupe Pérez Díaz –guatemalteca-.