Colombia. Disidencias atacan a las comunidades del Catatumbo

Resumen Latinoamericano, 2 de Enero de 2026.

CI.- Tanto la Defensoría del Pueblo como las comunidades denunciaron varios ataques armados cometidos por disidencias contra territorios del Catatumbo. A pesar de las alertas emitidas por la Defensoría, la población de varias veredas enfrenta desplazamiento forzado, enfrentamientos entre ese grupo criminal y el ELN, y denuncias de complicidad de la fuerza pública con la banda denominada Frente 33.

Comunidad de Filogringo, atacada por las disidencias

En la madrugada del martes 30 de diciembre, disidencias atacaron el corregimiento de Filogringo, en el municipio de El Tarra, región del Catatumbo (Norte de Santander).

En el lugar, las disidencias se enfrentaron con la resistencia armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los combates entre ambos grupos se han mantenido de manera constante durante las últimas semanas y se intensificaron desde el pasado 24 de diciembre.

En Filogringo, las disidencias lanzaron cargas explosivas mediante drones, que afectaron viviendas y negocios de la comunidad.

Un campesino de la región informó a Colombia Informa que las disidencias concentraron varios ataques contra el Puente Antonio Pérez, construido por la comunidad y que beneficia a más de 600 familias.

Este puente se construyó en 2022 con recursos gestionados por las comunidades y tuvo un costo de 1.200 millones de pesos. A pesar de los ataques con explosivos, las disidencias no han logrado destruirlo. La comunidad considera que el objetivo es cortar la posibilidad de tránsito por esa ruta a la población de la zona.

Puente Antonio Pérez sobre el Río Catatumbo

El enemigo de mi enemigo…

Habitantes del territorio explican que los pocos integrantes que quedaban de la banda del Frente 33 se ubicaron en las zonas altas entre Tibú y El Tarra. Esto ocurrió con el apoyo de la fuerza pública en el marco de los diálogos entre el gobierno de Petro y esas disidencias. Posteriormente, fueron desplazados por la confrontación con el ELN.

Denuncian que, con el apoyo del Ejército Nacional, este grupo se instaló en las cabeceras pobladas de Filogringo, Oru y Versalles. Desde allí bombardearon de forma indiscriminada casas, iglesias, negocios y establecimientos comunitarios.

Fuentes del Catatumbo, que solicitaron proteger su identidad, advierten que en Filogringo resultaron heridos dos habitantes de la comunidad y un menor de edad.

Asimismo, denuncian que en los enfrentamientos armados ocurridos ayer y hoy murieron ocho integrantes de las disidencias y tres guerrilleros del ELN.

Los ataques a Tibú

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre varios ataques de las disidencias contra veredas y corregimientos del municipio de Tibú.

Según la Defensoría, desde el 14 de diciembre se agravó un escenario de riesgo focalizado en la cabecera urbana, en los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, y en las veredas Versalles, Oru 7, Campo Seis y Caño Indio, del municipio de Tibú.

Igualmente, la Defensoría informó que tiene un registro aproximado de 74 familias desplazadas de diferentes zonas rurales de los municipios de El Tarra y Tibú (provenientes de las veredas Mineiro, Isla del Cerdo, Filo de la Virgen, Los Robles y Las Palmas).

El organismo recalcó que Tibú posee una ubicación estratégica por su extenso límite fronterizo con Venezuela, lo que facilita el tránsito irregular y lo convierte en un corredor de movilidad y economías ilícitas de alto valor para los grupos armados.

«La realidad actual del Catatumbo es inocultable: la crisis sigue vigente y solo una respuesta estatal de alto nivel y coordinada, que corrija las fallas en prevención, protección y atención, permitirá lograr una respuesta de fondo», dijo la defensora Iris Marín Ortiz en la audiencia convocada por la Corte Constitucional que busca una respuesta estatal integral ante la prolongada crisis en esta región, en el marco del Auto 1666 de 2025.

Entre el 22 y el 26 de diciembre, los combates provocaron un desplazamiento forzado masivo en la vereda Kilómetro 16 de Tibú. Este evento derivó en el desplazamiento de 223 personas. Algunas familias se encuentran en la ciudad de Cúcuta y otras 22 en el casco urbano de Tibú.

Crece la emergencia humanitaria

Desde el 16 de enero de 2025, la subregión del Catatumbo es escenario de múltiples hechos que vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Los recientes enfrentamientos armados agravaron una grave crisis humanitaria, que afecta principalmente a los municipios de Tibú y El Tarra. En la zona persisten diversos riesgos de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes derivados de los constantes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que operan en el territorio.

Según la Defensoría del Pueblo, esta crisis ha generado más de 78.000 desplazamientos forzados. Aunque la institución ha emitido varias alertas tempranas sobre la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, no existen soluciones reales por parte del Gobierno.

A esto se suma la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias del Frente 33 y el llamado Bloque Magdalena Medio, así como la consolidación del control territorial ejercido por el ELN.

Caravana humanitaria realizada al Catatumbo a finales del mes de julio de 2025.

De la paz  a la guerra total

Mientras tanto, en mayo pasado el presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 161 de 2025, mediante la cual autorizó una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) por siete meses en el área rural de Tibú, Norte de Santander, en el marco de las conversaciones entre el Gobierno y ese grupo.

En la resolución se estableció que los integrantes del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) tendrían un plazo de 45 días para trasladarse a la ZUT.

A pesar del anuncio, comandantes del Frente 33 manifestaron sus dudas a un medio regional sobre la operatividad de la ZUT y expresaron que el grupo no contemplaba concentrar a todos sus integrantes, por temor a su seguridad y a la de la población civil que «quedaría desprotegida».

Sin embargo, el 23 de diciembre el presidente Petro, mediante la Resolución 474 de 2025, prorrogó por siete meses la ZUT para «continuar con el alistamiento para el ingreso».

Frente a esta decisión, la Defensoría alertó sobre los riesgos para las comunidades aledañas y los integrantes del grupo que se concentren. La entidad también señaló que aún no se han acordado los protocolos necesarios, y que el conflicto entre el Frente 33 y el ELN se ha agravado y concentrado en Tibú y El Tarra.

Fuente: Colombia Informa