La empresa de delivery de comidas despidió a 450 empleados. Los cesanteados se enteraron porque los habían bloqueado en la aplicación. sospechan que los quieren reemplazar por monotributistas o trabajadores en negro.

Esa protesta fue acompañada por otros trabajadores de servicios de delivery y mensajería y la Asociación de Personal de Plataformas.

Casi todos los cesanteados se enteraron por accidente, al descubrir que tenían bloqueado el acceso a la aplicación que les avisa de las entregas a realizar, consignó el diario Tiempo Argentino.

Al concurrir a la base para informar la anomalía, les informaban que habían sido echados y les exigían la devolución de la caja en la que transportaban la comida.

A diferencia de otras aplicaciones, los repartidores de PedidosYa estaban en relación de dependencia, pero la falta de notificación formal les impide saber la causa y si cobrarán alguna indemnización.

Los despidos redujeron casi a la mitad el plantel de PedidosYa, que hasta hace unos meses oscilaba en 1.200 repartidores y que ya se había reducido en más de un centenar en lo que es un proceso de achique sostenido.

La sensación mayoritaria entre los trabajadores consultados por Tiempo es que se trata de una maniobra para sacarse de encima a los empleados registrados y manejarse con monotributistas o trabajadores en negro, como lo hacen Rapi y Glovo, competidores que ganaron terreno en el último año.

“Los chicos que trabajan para esas aplicaciones cobran 40 pesos por envío, por eso andan como locos por la calle aunque no tienen seguro. Van expuestos a sufrir accidentes y de involucrar en ellos a otras personas”, señalaron al mismo diario.

“El hecho de que estos chicos estuvieran en blanco era una esperanza para los que trabajamos en el delivery y la mensajería. Esto es una señal de que todo va para atrás, de que se va a acentuar la precarización. El Estado debería proteger el trabajo en todas sus formas pero es indiferente a estos hechos. Si se aplicara la ley, estos problemas se resolverían enseguida”, dijo Daniela, que trabaja para Rapi y se acercó con mensajeros de otras aplicaciones para acompañar el reclamo.

Sigue el ajuste en el Hospital Posadas. Hubo 16 nuevos despidos y en algunas áreas las autoridades propusieron que los propios trabajadores decidan quiénes se quedan sin empleo. El rumor es que los serían 100 las cesantías.

Hasta ahora todos los despidos de esta nueva tanda fueron de trabajadores monotributistas, unos 16 en total de las áreas salud mental, endocrinología, emergencias y coronaria.

Las autoridades del hospital también notificaron el cese del vínculo laboral a 17 trabajadores en edad jubilatoria, que dejaron de percibir su salario de un día para el otro, y que el equipo de kinesiología debía reducirse en un 50 por ciento.

Entre los trabajadores circula el rumor de que los despidos podrían llegar a 100 en los próximos días.

“Las autoridades dicen que los fondos no alcanzan para pagar, por eso el ajuste. Llegaron a plantear que sean hasta los propios trabajadores los que decidan quién se va y quién se queda. Es una locura y de una perversidad total. En mis 38 años de antigüedad nunca vi este nivel de maltrato y desastre”, sostuvo Luis Lichtenstein, presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) del Posadas en declaraciones a Página 12.

Según la información que manejan los delegados, a través de los jefes de servicio, todas las desvinculaciones corresponden a trabajadores monotributistas. “En kinesiología plantearon reducir el equipo en un 50 por ciento, de 18 kinesiólogos tienen que quedar 9”, confirmó el representante gremial.

Lichtenstein también sumó entre los despidos la desvinculación de 17 profesionales de planta permanente que seguían cumpliendo funciones en el hospital a pesar de haber alcanzado la edad jubilatoria. “Les cortaron la relación laboral de un día para el otro, en vez de notificarlos para poder empezar el trámite de la jubilación. Nosotros entendemos que se trata de un despido”, aclaró.

Entre los trabajadores corre el rumor de que en marzo, cuando vencen muchos contratos, las autoridades del hospital no renovarían entre 80 y 100 cargos más. Como sucedió los últimos dos años para la misma época. La autoridades se excusan en que no se trata de despidos sino de la no renovación de contratos, algo que en realidad reconoce la precariedad laboral.

“La directora médica no nos recibe; Recursos Humanos, tampoco. Cuando subimos para intentar hablar con las autoridades nos ponen policías… Están haciendo un desastre, nunca vimos este nivel de maltrato”, se lamentó el representante de los trabajadores.

La firma tiene a los 51 empleados suspendidos y sin obra social. La cesantía se formalizaría desde el 1° de marzo cuando se convalide el cambio de manos.

El 10% de las acciones, que la firma cooperativa tienen en la sociedad Alimentos Refrigerados SA (Arsa), quedará en manos de su socio el grupo Valentín y dejará en la calle a 51 operarios del sistema de logística, contó el portal cba24n.

“SanCor dice que no hay lugar para los compañeros en Córdoba”, expresó uno de los manifestantes. “Pedimos que la venta sea con la totalidad”, agregó.

Los puestos en riesgo fueron encuadrados bajo la figura de “jornada libre”, es decir, una suspensión por la que perciben el 75% del sueldo y no tienen obra social.

Sin embargo el 1 de marzo, cuando se convalide la entrega de acciones quedarán despedidos de manera oficial, advirtieron.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) se declaró en “estado de alerta, movilización y sesión permanente”, y advirtió que podría convocar a un paro nacional, en rechazo al “techo del 23% de aumento salarial que se pretende imponer”.

El secretario general de UDA, Sergio Romero, sostuvo que los salarios docentes “se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y el Estado Nacional debe aumentar las sumas que son abonadas en concepto de Fondo de Incentivo Docente y material didáctico”.

En un comunicado, señaló además que existe una “crisis de infraestructura global que impide desarrollar las tareas en las mínimas condiciones requeridas, poniendo en riesgo la salubridad de docentes y alumnos”.

“El presupuesto educativo ha sufrido un severo ajuste”, se quejó el dirigente.

Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán son las seis provincias que acordaron con los gremios docentes incrementos salariales en paritarias. El inicio de las clases está previsto para el 6 de marzo.

En tanto, en los distritos de Chaco, San Juan, San Luis, Formosa, La Pampa y Santa Cruz, las partes aún no iniciaron las tratativas y la vuelta a clases parece incierta.

Entre las administraciones que lograron un acuerdo, la de Santiago del Estero es la que concretó el aumento más elevado al otorgar un 40 por ciento en el salario básico de sus docentes.

Por su parte, Chubut le concedió a a sus maestros un 38 por ciento de aumento con “una cláusula gatillo”, que se activará en función de los índices inflacionarios.

La oferta de la actualización también se siguió en Mendoza, aunque el aumento del salario docente en la provincia cuyana se fijó en un 23 por ciento.

Neuquén concedió en cambio un incremento de 5 mil pesos, más una cláusula gatillo; y Misiones un 23 por ciento de incremento en el básico, una propuesta que fue aceptada por sólo una de las entidades sindicales que se sentaron a la mesa de discusión paritaria.

En Tucumán, los docentes nucleados en la Agremiación Tucumana de Educadores Profesionales (ATEP) se mostraron conformes con el aumento salarial ofrecido por el gobierno provincial, del 25 por ciento en dos tramos con revisiones semestrales según la inflación.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció a los gremios una actualización por inflación que implicaba actualizar los salarios automáticamente de acuerdo con el índice de inflación del INDEC, en forma mensual los primeros tres meses, y luego con ajustes en junio, septiembre y diciembre.

En los primeros encuentros se concretaron varias mesas técnicas entre docentes y gobierno provincial, en las que analizaron otros temas educativos como la situación de los comedores escolares y los problemas edilicios.

“La propuesta no se puede aceptar porque falta la recuperación del poder adquisitivo del año pasado, cuanto tuvimos un aumento del 32% y la inflación fue del 47%”, explicó el jefe del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, el 13 de febrero último, al salir de la anterior reunión paritaria.

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta propuso un 23 por ciento de aumento en tres cuotas y con una cláusula gatillo pero el gremio de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) rechazó esta iniciativa y decidió abrir un cuarto intermedio en la negociación.

Los docentes de Santa Fe debatirán mañana en asamblea si aceptan la propuesta salarial realizada por el gobierno de Miguel Lifschitz del 18 por ciento de aumento con cláusula gatillo.

La propuesta realizada en paritarias por el gobierno de Santa Fe a los cuatro sindicatos docentes -Amsafe, Sadop, Uda y Amet- consiste en un 18 por ciento de aumento salarial en dos tramos del 9 por ciento a pagarse en marzo y agosto, y la aplicación de una cláusula gatillo a liquidarse en cualquier mes, de acuerdo a los índices de inflación.

El gobierno de Catamarca, en cambio, ofreció hoy el 26 por ciento de aumento salarial a los gremios docentes en la segunda reunión de negociaciones paritarias; antes de dar una respuesta, los maestros quedaron en “consultar primero a las bases”.

El secretario General de la CGT sugirió que “no hay que descartar” una medida de fuerza contra las políticas económicas del Gobierno y resaltó la importancia de trabajar por “un nuevo gobierno”.

En diálogo con El Destape Radio, Acuña advirtió, como había adelantado este portal, que “el Consejo Directivo de la CGT decidirá si tomamos una medida de fuerza, pero hay que trabajar para que haya un nuevo gobierno”.

Aún así, subrayó: “Todo lo que esté en agenda de la CGT no alcanza para frenar el desastre que hizo este gobierno”.

Por otro lado, habló sobre las elecciones 2019. Si bien ratificó que seguirá apoyando a Sergio Massa, el secretario general de la CGT consideró que “el peronismo tiene que ir con una sola fórmula consensuada”, y, en cuanto a un posible balotaje que enfrente a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner, reconoció: “Yo siempre voy a votar al peronismo”.

“Voy a seguir apoyando a Sergio Massa, si quieren tomar un café con Cristina es una cuestión de ellos”, remarcó.

Por último, reveló más detalles sobre la reunión de la CGT con el FMI: “El FMI nos dijo que la Reforma Laboral no es una prioridad para ellos. Y nosotros no vamos a discutir una Reforma Laboral este año”. Y concluyó: “El FMI está de acuerdo con lo que decimos nosotros, es decir que vamos a seguir teniendo problemas económicos”.

Una multisectorial de gremios y Pymes organiza una marcha que se espera sea multitudinaria y rechazará los tarifazos y a los despidos.

De cara a una movilización que se espera sea multitudinaria, se realizó una conferencia en el Centro Unión Almaceneros, donde su titular Juan Milito destacó que la intención es “juntar al conjunto de la ciudadanía”, al tiempo que destacó como “signo de madurez” que organizaciones de distintos espacios se junten “sin distinción de banderías en esta gran marcha”.

Según consignó el diario La Capital, del encuentro participaron, entre otros referentes sindicales rosarinos, Antonio Ratner (Municipales), Sonia Alesso (Amsafé provincial), Gustavo Terés (Amsafé Rosario), Juan José Sisca (Apyme), Juan Gómez (Empleados de Comercio), Edgardo Carmona (Prensa), y Eduardo Delmonte (CCC).

“Convocamos desde la Multisectorial contra los tarifazos al ciudadano de a pie, y para aquel que no se siente representado por nadie este es un ámbito concreto de representación, donde muchas organizaciones sindicales han dejado por estos días reivindicaciones particulares para pensar en un no a los tarifazos, no a los despidos y no al hambre”, apuntó Milito.

El representante de los almaceneros dijo que espera que el gobierno nacional modifique el rumbo económico y afirmó: “Hay una presión del pueblo en la calle que tiene que hacerse sentir cada día más”.

“Por eso eso invitamos a movilizar a todos aquellos que hoy no podemos pagar las tarifas”, agregó Milito.

A su turno, el titular del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona, destacó “la voluntad de construcción de un frente común de unidad, donde el pueblo demuestre quiénes son los dirigentes que se hacen cargo de esta problemática y de luchar contra este plan económico que genera desocupación, hambre y problemas con nuestros jubilados, con la salud, la ciencia y la educación”.

El secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, advirtió hoy que si continúan las subas de tarifas, desde el sindicalismo podrían convocar a no pagar las boletas.

En declaraciones a FM La Patriada, el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento advirtió que “la situación hoy esta agravada” y advirtió: “creo que tiene que haber una reacción mucho mayor por parte de la ciudadanía”.

“Nadie sabe lo que están pagando y como se hace la conformación del precio de la electricidad”, se quejó además Schmid.

El dirigente subrayó que “el elemento tarifario es un elemento clave de la inflación, eso se traslada automáticamente a los precios”.

“Uno no puede creer en las pautas que anuncia el Gobierno. El  año pasado terminamos con un 50% (de inflación), la realidad es que lo que señala el gobierno en materia inflacionaria me tiene sin cuidado”, agregó.

Un desmedido operativo policial “custodió” una protesta de despedidos de Pilkington a la sede de la Secretaría de Trabajo. Denunciaban 12 cesantías en la fábrica ubicada en Munro.

Un grupo de de trabajadores despedidos, acompañados por organizaciones políticas, cortaron esta mañana la avenida Corrientes y Callao, en el centro porteño.

La protesta se inició poco antes de las 7 y reclamaba que la empresa multinacional Pilkington, que fabrica para la industria automotriz en la zona de bonaerense de Munro, reincorpore a los cesanteados.

La protesta se mantuvo hasta las 8.30 y luego marcharon por Callao hasta el cruce con Bartolomé Mitre, frente a dependencias de la Secretaría de Trabajo, en Callao al 100 a la espera de que el organismo intervenga en el conflicto laboral.

En el marco de la movilización se vivieron momentos de tensión por el desmedido operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que buscó dispersar a los trabajadores.

La movilización convocada por Camioneros es para evitar que el achique, con el intento de procedimiento preventivo de crisis mediante, de Coca Cola se traslade a otras firmas de la actividad.

Por ello convocaron a movilizar hoy a Tapiales, en el frente de la planta que Coca Cola tiene allí, para protestar “contra de los despidos masivos que quiere generar la empresa Femsa Coca Cola”.

La idea de los Moyano es ambiciosa. Espera reunir unos 10 camioneros y evitar un posible efecto contagio que se pueda generar en la rama aguas y gaseosas, una de las más populosas en la actividad.

Concretamente el plan de los gremialistas es evitar que la cervecería Quilmes y la planta de aguas de Danone sigan el mismo camino que Coca Cola para reducir “costos laborales”, entre ellos los de los choferes.

En última instancia lo que está en juego es el inicio, o no, de un proceso de reforma laboral de hecho que las empresas quieren implementar, a caballo de la real baja en las ventas.

“Mas de 10 mil trabajadores camioneros dirán basta al ajuste y no cederán los derechos laborales como otros gremios”, dispararon desde Camioneros en un comunicado enviado a la prensa que deja entrever que esta es una batalla que recién comienza.

Una protesta del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA) garantizó la continuidad laboral de los empleados de seguridad del boliche Rincón Paraguayo, ubicado en José C. Paz.

El conflicto se había suscitado semanas atrás por la decisión del propietario del boliche de contratar a la empresa de seguridad M3 – Glignac SRL- conocida en el rubro por su falta de cumplimiento y aplicación del convenio, expresaron desde el sindicato.

En ese marco, SUTCAPRA inició un plan de lucha con paro y movilización al establecimiento, que tuvo masiva repercusión el sábado por la noche, lo que llevó al intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, a intervenir en la problemática.

El jefe comunal se hizo presente frente a Rincón Paraguayo, y tras mantener un diálogo con autoridades nacionales del sindicato, se comprometió a cuidar las fuentes laborales de los empleados del boliche.

Desde el gremio de los Controladores agradecieron el apoyo de Ishii y adelantaron que en el transcurso de la semana asistirán al municipio para dar solución definitiva al conflicto.

Además, anticiparon que buscarán iniciar conversaciones con el municipio con el objetivo de avanzar en una legislación local que regule la actividad de nocturnidad en todo el distrito, en adhesión a la ley de Espectáculos Públicos.

El líder de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, adelantó que el gremio irá a una huelga nacional por el cierre de la planta de Cofco Valentín Alsina y fue contundente con el rol de la CGT: “De la CGT no espero absolutamente nada”.

El dirigente remarcó que la empresa simplemente decidió cerrar porque “A ellos no les interesa producir aceite, no aducen crisis económica” y ratificó: “Enfrentaremos la situación con una huelga”.

En declaraciones al programa Mal Aconsejados de Radio Caput, cuetionó también el rol del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que no veló por los puestos de trabajo: “Es lamentable el papel que está haciendo el ministerio de Trabajo”.

Además, remarcó que lo de Cofco no es aislado, que se trata de una situación generalizada y sentenció: “Cada vez le alcanza menos a los trabajadores con su sueldo”.

Consultado sobre la posibilidad de que la CGT pueda respaldar a la organización en el conflicto, Yofra fue contundente: “De la CGT no espero absolutamente nada”. Y concluyó: ”Pensar que la CGT pueda hacer algo por 200 trabajadores es una utopía”.

La empresa Yazaki Argentina suspendió a todo el personal de su planta por un lapso de siete días repartidos hasta junio. Es por la crisis económica que atraviesa el país.

Varios empleados de la fábrica, le informaron a El Día de Escobar: “Nos dijeron que tenemos sobre-stock por la poca venta de vehículos y que para no despedir gente recurren a las suspensiones”.

La medida empezó a regir ayer y afectará a más de setecientos operarios de línea, casi el 95% del personal total empleado por la firma.

Solo quedará trabajando en la planta el personal administrativo, de maestranza y de seguridad privada, según indicaron fuentes oficiosas.

El mismo portal local indicó que las versiones entre los empleados indican que firma estaría instalando una planta en Paraguay y otra señala que podrían llevar toda la producción a Brasil.

La situación en la empresa de capitales japoneses, dedicada a la producción de mazos de cable y grupos de instrumentos, no escapa a la crisis que atraviesa la industria automotriz, que actualmente se encuentra trabajando al 25% de su capacidad.

La disparada inflacionaria del primer bimestre sepulta el techo paritario del 23% previsto por el Gobierno. Paritarias permanentes, con un piso del 23%, es el plan diseñado por los gremios para no perder.

Los gremios del sector privado que encararán las discusiones salariales en los próximos meses. Sin embargo, ya le hicieron saber a la Casa Rosada que irán a las negociaciones con el reclamo de un piso del 35% para los aumentos y el desafío de incorporar en los convenios una cláusula gatillo que habilite hasta la revisión mensual de los incrementos consensuados.

Ese esquema supone una profundización del proceso de revisión de los convenios que tuvo lugar en la segunda mitad de 2018 y terminaron forzando un complejo escenario de ‘paritarias permanentes’, con renegociación casi mensual de los ajustes, según informó El Cronista Comercial.

En el sector privado, la representación sindical de actividades vinculadas tanto a la industria como a los servicios imaginan un escenario semejante para sus respectivas discusiones partiendo de una base mínima para los aumentos de 35%.

Esa referencia dominó los intercambios entre los principales dirigentes gremiales en los últimos días: si hasta fines de diciembre buena parte de ellos deslizaba una pauta de 30% para las recomposiciones, la inflación oficial de enero sumada a una previsión del 3,8% para febrero (según las estimaciones de sus economistas de consulta habitual) forzó la revisión al alza de la aspiración salarial con la que arrancarán sus negociaciones.

Sobre esa lógica se inscriben los planes tanto del sindicato de Comercio, como de la Asociación Bancaria y de varios gremios del transporte. Tras haber actualizado su acuerdo de 2018 para culminar con una suba anual del 45%. El gremio que comanda Armando Cavalieri apuesta a introducir en el nuevo convenio una cláusula que habilite la revisión en forma automática y sin necesidad de aguardar al segundo semestre del año.

Los bancarios, a su vez, ya fijaron para el primer bimestre del año un incremento de 7% y anticiparon que discutirán desde marzo la nueva paritaria sectorial con el desafío de incluir en el acuerdo una cláusula de actualización automática del aumento según la evolución de los precios.

Las paritarias docentes ya en marcha serán un antecedente relevante. Con definición en apenas cuatro provincias y a solo 10 días del inicio del ciclo lectivo, todas las negociaciones involucran algún mecanismo concreto de actualización salarial por inflación.

El acuerdo sellado días atrás en la provincia de Neuquén marcó un antecedente: se trata de un esquema por el cual mes a mes los sueldos docentes se irán incrementando en la misma proporción en que se eleven los precios en ese período.

Por la recesión y el derrumbe del mercado interno, se incrementaron los procedimientos preventivos de crisis y las quiebras de empresas durante los últimos 3 años.

Es decir, hubo una suba del 19% desde que inició la gestión de Cambiemos hasta el año pasado en esa materia.

En cuanto a los concursos, mientras en 2016 fueron 210, en 2017 llegaron a 227 y en 2018 saltaron a 368, un 75% más en tres años. Es decir que en total hubo 2.982 casos de empresas que acudieron a la justicia o bien para solicitar la quiebra o bien para iniciar una convocatoria de acreedores que permita reestructurar la compañía.

También se observó un avance sostenido de los procedimientos preventivos de crisis que otorga el Ministerio de Trabajo y habilitan, por ejemplo, una reducción en las indemnizaciones o cambios drásticos en las condiciones laborales.

Desde el CEPA advierten que los PPC funcionan como una suerte de flexibilización “de hecho” de las relaciones laborales y de ahí el impulso que tuvieron desde 2016, cuando llegaron a 55, para luego escalar a 83 en 2017 y 108 en 2018, señala Bae Económico.