Resumen Latinoamericano /*Masacre de Curuguaty / E’a agosto 24, 2015 .- El anuncio del presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, Bernardo Villalba, sobre la intención de la empresa Campos Morombí de “donar” las tierras de Marina Cue al Estado no sería más que una estrategia para legitimar una condena contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty.

Ello a raíz de que los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal son discutidos por la defensa partiendo de la base de que las tierras son del Estado y que, por lo tanto, Campos Morombí no tenía el derecho de propiedad que lo avale a solicitar un desalojo, ya que el delito de invasión de inmueble implica que el demandante demuestre con un título de propiedad que existen personas ocupando ilegalmente un inmueble.

Al no existir el delito de invasión, la supuesta asociación criminal conformada para apropiarse de las tierras tampoco se constituiría, pues los campesinos conformaron una comisión vecinal reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) solicitando la adjudicación de las tierras estatales que hasta ahora están usurpadas por la empresa del Grupo Riquelme, fundado por el fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

Asimismo, el desalojo liderado por la fiscala Ninfa Aguilar, quien fuera abogada de los Riquelme y que llevó a cabo el procedimiento con una orden de allanamiento, habría sido totalmente irregular, por lo que las autoridades que ejecutaron la trágica incursión deberían pasar a ser las investigadas por las muertes.

De esta forma, si el Congreso acepta la supuesta donación de Campos Moromí se estaría dando el reconocimiento de que las tierras son de propiedad de la empresa y que en uso de ese derecho lo transfiere de manera gratuita al Estado. Pero la firma no está facultada a donar algo que no es de su propiedad.

Sin embargo, la documentación disponible acredita que las tierras fueron donadas por La Industrial Paraguaya (LIPSA) al Estado paraguayo en 1967 y en 2005 el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, las transfirió al Indert para los fines de la reforma agraria. En cambio, en un juicio de usucapión fraguado, en el que el Estado no tuvo parte, la firma del político colorado obtuvo una sentencia favorable, aunque fue dictada con el número de otra finca.

               Decreto de aceptación de la donación firmado en 1967 por Alfredo Stroessner

Años después, al percatarse del error y ante la imposibilidad de inscribir el inmueble en los Registros Público, el mismo juez que dictó la orden de allanamiento, José Dolores Benítez, “rectificó” su sentencia para cambiar el número de finca, una figura inexistente en el Código paraguayo, pues lo que correspondía en el caso es el inicio de un nuevo juicio.

A fines del mes de junio familiares de las víctimas reingresaron a Marina Cue reafirmando la demanda de tierra, justicia y libertad para los campesinos que enfrentan un proceso repleto de irregularidades, empezando por la parcialidad manifiesta del fiscal Jalil Rachid, quien es allegado político de la familia Riquelme.

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Muere un testigo del desalojo de Curuguaty y ascienden a fiscal que lo ordenó en Paraguay

20 de agosto. La Masacre de Curuguaty es una herida abierta en la sociedad paraguaya que ha concentrado la atención internacional, no sólo porque hizo caer al entonces presidente Fernando Lugo tras un juicio político promovido por la derecha paraguaya, sino porque aún mantiene presos a 12 campesinos.

ELIANA GILET/DESINFORMÉMONOS

Dos situaciones que involucran a personas relacionadas a la masacre de Curuguaty sucedieron los últimos días. Según relata el periódico E´a, la fiscal Ninfa Aguilar, quien ejecutó el procedimiento de desalojo que devino en la masacre – en la que murieron 11 campesinos y 6 policías – fue ascendida a jueza por la Suprema Corte de Paraguay. Mientras que el viernes 14, falleció el piloto del helicóptero que presenció la masacre desde el aire.

La ahora jueza Aguilar, además de liberar la orden del allanamiento, respaldando judicialmente el atropello, realizó imputaciones masivas a los campesinos ocupantes del terreno que intentaba ser desalojado. Según publica E´a, la jueza llegó a declarar en rebeldía a personas que habían sido asesinadas durante el desalojo del 15 de junio de 2012, basándose en una lista que los campesinos habían elaborado para entrar a los programas estatales de adjudicación de tierras. Pasará a desempeñarse como jueza de San Pedro, uno de los departamentos más extensos de Paraguay.

Mientras tanto, también según información publicada por E´a, murió el policía Marcos del Rosario Agüero, piloteando el mismo helicóptero del que estuvo al frente el día de la masacre y que el viernes pasado se estrelló, debido a “presuntas fallas técnicas”. Lo particular del caso es que ese helicóptero cuenta con una cámara de alta potencia que, según diversos testigos, filmó todo lo que sucedió ese día. E´a cita las palabras que el comisario Roque Fleitas, días después de la masacre a radio Ñandutí: “El Robinson (…) tiene una cámara de alta potencia de observación y que siempre nosotros llevamos en los desalojos para que el jefe de operaciones primeramente vuele sobre los manifestantes y localice y observe todo lo que dispone la gente en tierra en contra de los policías”. La filmación nunca apareció. El piloto, que era un testigo presencial, falleció el viernes 14.

El hecho central, al que se pasó a conocer como Masacre de Curuguaty es una herida abierta en la sociedad paraguaya que ha concentrado la atención internacional, no sólo porque hizo caer al entonces presidente Fernando Lugo tras un juicio político promovido por la derecha paraguaya, sino porque aún mantiene presos a 12 campesinos que son los únicos que fueron responsabilizados penalmente por la muerte de 17 personas. El origen de la violencia fue el operativo de desalojo, ordenado por la jueza Aguilar, del que participaron más de 300 agentes policiales. El fallecido conductor del helicóptero fue parte del mismo.

Las investigaciones oficiales de lo sucedido fueron sistemáticamente desmentidas por organismos internacionales y medio de prensa independiente. El fiscal Jalil Rachid que llevó a cabo la investigación oficial y sobre la que se definió culpar solo a los campesinos y a ningún policía, está ligado al fallecido empresario Blas Riquelme, quien reclamaba la posesión de las tierras fiscales a desalojar. El juicio está detenido desde comienzos de este mes, a tres años de lo sucedido.

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Exabogados de campesinos querellarán a ministros de la Corte

El abogado Guillermo Ferreiro afirma que se cometió prevaricato al mantener abierto durante todo el juicio un sumario que se instruyó para juzgar actuaciones en la audiencia preliminar.

E’a agosto 21, 2015

El abogado Guillermo Ferreiro, quien ejercía la defensa de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty junto con Vicente Morales, anunció que presentarán una querella por prevaricato contra los ministros de la Corte Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera, quienes resolvieron mantener abierto un sumario contra los abogados y resolver de acuerdo a cómo termine el juicio.

“Estamos esperando la constancia del tribunal que nos debe desvincular definitivamente del caso, luego presentaremos una querella contra los ministros Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera, yo considero que estos ministros cometieron prevaricato dentro de nuestro sumario” dijo Ferreiro citado por el sitio Judiciales.net.

Sostuvo que el sumario que enfrentó con su colega Morales fue absolutamente arbitrario, ya que solo realizaron actuaciones en defensa de sus representados, a lo que se añade que lo dejaron abierto hasta la conclusión del juicio oral, ejerciendo una abierta amenaza y coacción contra la defensa.

La figura del prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta y contraria a la ley) se aplicaría debido que el sumario fue abierto para examinar actuaciones de la audiencia preliminar y no puede permanecer abierto en una instancia superior para juzgar cosas futuras y que aún no han ocurrido, como es el caso del juicio oral. Además, la intervención que recomendó el sumario adoleció de graves errores como, por ejemplo, sostener que a raíz de los supuestos incidentes dilatorios de la defensa no se pudo concluir la audiencia preliminar ni elevarse el caso a juicio oral, cuando que ambos procesales se cumplieron.

Este sumario que pendía como una espada de Damocles, tal como lo calificó Ferreiro, habría sido una de las razones de mayor peso que motivaron que los campesinos acusados renuncien a sus defensores.