Argentina: Bienvenidos “al club de países xenófobos”

Resumen Latinoamericano/Hugo Mazzesi/Marcha – Mucha polémica se sembró cuando el Gobierno Nacional envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que preveía en su texto original la expulsión de la Argentina de los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito (algo que otorga a las fuerzas de Seguridad un poder aún mayor, al ser éstas las que tomarían intervención en casos de flagrancia). Dicha definición y medida por parte del Ejecutivo, se reforzó además cuando se reforzó el control de ingreso de turistas. Si bien la normativa procesal ha sido suavizada, la disposición migratoria vuelve a poner a las personas migrantes en condición de “sospecha”.

«Give me the power»

Mediante una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, se puso en marcha un «procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada», que contempla que los funcionarios del área exijan a los visitantes, al momento de ingresar al país, documentación adicional para descartar la posibilidad de que se trate de un «falso turista». Se trata de una normativa que viene a implantar en la Argentina el modelo migratorio europeo emanado del llamado “Acuerdo de Schengen”.

La disposición 4362/2014 señala que «es necesario determinar la calidad de turista a partir de elementos objetivos identificables por cualquier observador experimentado, atendiendo a circunstancias externas y fácilmente verificables». Y establece un procedimiento que «deberá ser aplicado por las autoridades que realizan el control migratorio en todos los pasos fronterizos, a los fines de resolver sobre la admisión de un extranjero en caso de que exista sospecha fundada en cuanto a que su intención difiera del propósito de turismo».

Según la normativa, se entiende por «turista» a «aquel extranjero que ingrese al país con propósito de descanso o esparcimiento, con un plazo de permanencia autorizado de hasta tres meses, prorrogable por otro período similar».

En ese sentido, especifica que, «sólo cuando hubiese duda respecto de la real intención del extranjero, en tanto que esta pudiera diferir del propósito de turismo», el inspector migratorio podrá consultar la actividad que desarrolla habitualmente el visitante, el tiempo de permanencia estimado, los puntos turísticos que planea visitar, la forma en la que se va a trasladar a esos lugares y los parientes o personas de su conocimiento que residan en el país y la situación migratoria en la que se encuentren.

Entre la «documentación respaldatoria» adicional que puede solicitar para «acreditar» la información que suministre el turista figuran: tickets aéreos, tarjetas de crédito, pasajes locales o internacionales por cualquier medio de transporte y reservas de hoteles.

Más europeos que nunca

En un contexto sociopolítico donde diferentes actores de gran relevancia vienen agitando la idea de asimilar extranjero (normalmente de países del continente latinoamericano) con delincuente, la consecuencia inmediata es la de implantar el “blindaje de fronteras”. Si el país “está infectado de delincuentes extranjeros”, como recientemente dijo el secretario de Seguridad Sergio Berni, hay que poner el ojo en los extranjeros, aunque esa afirmación no tenga ningún fundamento estadístico ni lógico.

Según la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, que presentó un informe sobre la población extranjera detenida en Argentina y la situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales, que está integrada por los legisladores oficialistas Carlos Kunkel y Gastón Harispe, y preside Adolfo Rodríguez Saá, la conclusión es bien distinta: la población extranjera que comete delitos es insignificante en relación al global, y es más, hay más argentinos presos en cárceles de Bolivia, Paraguay y Uruguay que presos de esos países en nuestro territorio.

La idea de la “porosidad” de las fronteras es un concepto importado de las normativas migratorias europeas, y la reciente disposición de la Dirección Nacional de Migraciones avanza en ese sentido. El llamado Tratado de Shengen de la UE es quizá el ejemplo más claro del espejo en el que se ha reflejado esta disposición, con pasajes que pareciera que fueran un copy paste.

La regulación europea hace un primer filtro en las vías de acceso al territorio de la UE, donde el solicitante podrá ser rechazado si no puede cumplir con alguno de los tres requisitos exigidos: dinero suficiente, reserva de hotel o carta de invitación debidamente registrada en oficinas policiales y pasaje de vuelta al país de origen.

Si las autoridades del país de destino estiman que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos es válido para denegar la entrada al país, la persona podrá ser rechazada y devuelta. Hasta el punto que se establecerá una prohibición de regreso a la UE en un plazo estipulado en la disposición que determine la devolución, cargándose esta información en un sistema único comunitario, que los funcionarios de Migraciones han copiado bajo el nombre de Sistema Integral de Captura Migratoria (SICaM). Obviamente, los que conocemos esta clase de “controles”, sabemos lo mucho que tienen estos de “control por portación de cara”.

La Unión Europea, a diferencia de la Argentina, tiene una larga tradición expulsiva de la inmigración y un aceitado procedimiento normativo que incluso contempla la reclusión temporal en Centros de Internamiento de Extranjeros de aquellos inmigrantes cuya devolución queda demorada por razones administrativas o procesales. La Argentina ha copiado un procedimiento para el cual carece de infraestructura y que tiene un dudoso encaje constitucional, ya que la Constitución Nacional (Art. 20) establece la plena igualdad civil de los extranjeros y los nacionales.

En síntesis, el Gobierno Nacional hizo una adaptación berreta que, parafraseando los dichos de la presidenta Cristina Fernández en 2010, hizo ingresar a nuestro país al “club de países xenófobos”.

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