México: Reforma energética y buitres

Resumen Latinoamericano/Marina Pérez Damil – El lunes 11 de agosto de este año se promulgaron en el Senado las leyes secundarias de la Reforma Energética con el fin de revertir la decadencia de la productividad del sector. A partir de la misma se inicia la aceleración del proceso en que los dueños de fondos y empresas extranjeras se colocan como un eslabón fundamental en la explotación de los recursos del Estado.

A pesar de la iniciativa de organizaciones políticas y sociales por frenar el ejercicio de la Reforma Constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y el descenso de la imagen de un gobierno que ha logrado aumentar la deuda pública un 21% en tan solo 1 año y 7 meses, Peña Nieto consiguió la aprobación de la medida.

El 13 de agosto la Secretaría de Energía (Sener) presentó, en el marco de la “Ronda Cero”, los resultados de las asignaciones e las áreas de exploración y campos de producción que corresponden a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto significó para Pemex la asignación del 83 por ciento de las áreas para explotación de reservas probadas y probables, y sólo 21 por ciento de los recursos prospectivos de hidrocarburos.

El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, anunció que Pemex se asociará con empresas privadas en 10 proyectos que le fueron asignados en ésta ronda. El proceso de licitación se dará a través de la “Ronda Uno” que, según el diario mercantilista Forbes, “despierta el interés de los grandes corporativos internacionales para participar”.

El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, dijo que esperan en los próximos meses lanzar las pre-bases de licitación de los proyectos de la Ronda Uno, y prevén adjudicar el primer contrato para mayo de 2015. Los campos de extracción, comprenden campos terrestres, aguas someras, aceites pesados y aguas profundas.

Una Reforma hecha a medida

Según un informe publicado por el ejecutivo los objetivos de la reforma consisten en “mejorar la economía de las familias, aumentar la inversión y los empleos, reforzar a Pemex y a CFE y la rectoría del Estado como regulador de la industria petrolera”. Sin embargo,  la  “rectoría del Estado” es un concepto que ha sido manipulado para transformar las actividades “con exclusividad del sector público” en actividades “abiertas al sector privado”.

El espíritu de la reforma consiste en colocar al Estado como un garante de la productividad de la industria petrolera, no obstante deja a ésta relegada a un simple rol contratista y de buen “administrador” de las ganancias generadas a partir de la inversión de las empresas privadas. Es decir, en vez de favorecer una economía estatal que invierta en sus propios recursos, se produce una entrega indirecta de los mismos hacia los dueños de empresas asociadas al rubro.

Para lograr los resultados el gobierno argumenta que “Pemex de ser más flexible” ya que la falta de producción hace que se tenga que importar el 49% de la gasolina utilizada. Según el informe del ejecutivo “ello implicará un cambio de paradigma, con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos más bajo que en la actualidad y, segundo, que el remanente de ese pago de derechos se podrá realizar a través de inversiones”.

La flexibilidad en materia económica implica una reducción de los aranceles a pagar por las compañías, que tendrán de esta forma la posibilidad de incrementar sus ganancias a costa de la recaudación del fisco. A diez años los cálculos oficiales estiman que “de una producción de 2.5 millones de barriles diarios actualmente se incrementará a 3.5 millones en 2025”, sin embargo no se calculan las pérdidas que se generarán a causa de la explotación de recursos no renovables como el gas de esquisto o de lutita.

Mientras el gobierno se ampara en la creación de una Agencia Ncional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la población será la protagonista de prácticas–como el denominado “fracking”- que ponen en riesgo el agua, salud y el bienestar de las y los mexicanos. Pero para los artífices de la Reforma como Juan José Guerra Abud- secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación- “no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente”.

La afirmación mencionada en el párrafo anterior, que se hizo pública el 20 de Agosto el periódico La Jornada, explica la omisión que ha tenido el Gobierno en relación a la incalculable cantidad de daños ambientales durante el Gobierno de Peña Nieto que se produjeron como consecuencia de la expulsión de productos tóxicos en ríos, la utilización de plaguicidas y las prácticas mineras, entre otras cosas. En ese sentido, el empleo del Fracking-o fractura de roca de lutita- viene a ser un capítulo más de un modelo que prioriza la productividad antes que el desarrollo de la vida humana y de las especies que habitan en el Medio Ambiente.

Según la Alianza Mexicana contra el Fracking “la extracción de hidrocarburos por el método de fractura hidráulica representa riesgos graves de contaminación y salud”. Por esto mismo, recomienda que “México debe trabajar en el desarrollo de energías renovables con pleno respeto a las comunidades donde se genera y transporta la energía”. Esto último no se refleja en el centro de la Reforma, cuyo pilar fundamental es la explotación de energías no renovables.

“El fracking consiste en la fractura de roca de lutita en la que se encuentran atrapados los hidrocarburos, a profundidades de entre 1 y 5 kilómetros, mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas, muchas de ellas de alta toxicidad.” explican expertos. Esto implica la pérdida irreparable de cantidades descomunales de agua, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hoy en día constituye un bien escaso para los paises en vías de “desarrollo”.

Otro aspecto negativo será el avance sobre las tierras, ya que bajo figuras como “servidumbre voluntaria”, “ocupación superficial”, “ocupación temporal”, y arrendamiento los pobladores se verán obligados a ceder sus suelos toda vez que, tal como queda asentado en la Ley de Hidrocarburos aprobada, “las actividades de exploración y extracción establezcan una preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.

¿Quiénes se benefician?

Con la reforma del artículo 27 que desde 1960 impedía la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo, y la del artículo 28 que restringía la participación de particulares en la cadena de valor después de la extracción, se abren las puertas para que más capital extranjero ingrese al mercado de valores Mexicano.

Comentaristas internacionales, como el periodista Alfredo Jalife-Rahme, afirman que esta decisión implica que se profundice la dependencia financiera ya que “de un momento a otro cualquier movimiento en bolsa provocará la caída de estas acciones en Wall Street, las cuales serán controladas desde ahí”. De esta forma, también afirma que “si no se llevan las políticas que favorezcan a los capitales especulativos estos podrían retirarse del país sin dejar ninguna garantía”.

Pero también existen especuladores locales, como el millonario David Martinez Guzmán, que han encontrado en la forma de ensanchar sus fondos a través de los negocios con Pemex. David Martinez Guzmán o -el “Primer adelantado”-fue uno de los primeros de los “Fondos Buitres” interesados en negociar el cobro de sus bonos de deuda con la Argentina. Además, el Robin Hood de las finanzas, consiguió a través de las empresas Seadrill y SeaMex una contratación directa con Petróleos Mexicanos antes que se iniciaran las “Rondas de adjudicación”, sin licitación pública.

El informe ejecutivo de la Reforma Energética asegura que “se crearán cerca de medio millón de nuevos empleos en 2018 y 2 millones y medio más para 2025”. Pero datos publicados por la CEPAL-Comisión Económica Para América Latina y el Caribe- informaron que “México es el único país en la región donde el salario mínimo está significativamente por debajo de la línea de pobreza”.

Esto último indica que de todos modos, si no se generan mejores condiciones de trabajo, las ganancias producidas por el impulso de la industria petrolera no irán a parar a los bolsillos de los trabajadores, sino a los fondos de los buitres que vigilan desde lo más alto del sistema.