ARGENTINA: Crecen los pronunciamientos contra la ley antipiquetes

Resumen Latinoamericano / Agencia Walsh, 20 de Abril de 2014.-Ante el proyecto de ley presentado por el Frente para la Victoria, diversas organizaciones sociales y políticas expresaron desacuerdo y repudio.

Un grupo de organizaciones entre las que se encuentran: El Frente Popular Darío Santillán, La Comunidad Homosexual Argentina y el Cels, emitieron un comunicado de repudio, otro tanto hizo el Frente de Izquierda, que además planteó repudiar la ley en la movilización del primero de mayo, El Diputado del FIT, Nicolás del Caño opinó del proyecto represivo “Ni Macri lo haría mejor”

“LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS NO SON UN MAL NECESARIO SINO UN COMPONENTE ESENCIAL DE LA DEMOCRACIA Y DE LAS LUCHAS SOCIALES POR LA AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS»

El título es el final del comunicado que lleva la firma de las organizaciones Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Colectivo por la Igualdad en el Partido Social, Comunidad HomosexualArgentina (CHA), Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Legislador Pablo Ferreyra – Izquierda Popular, Madre Tierra – Fotivba, Mesa Nacional por la Igualdad, Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – CLOC Vía Campesina, Movimiento Popular Seamos Libres, Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI).
y que dice también :

«La iniciativa contiene propuestas que afectan el derecho a la protesta»,

«El proyecto expresa un espíritu contrario a los estándares que ha sostenido el Estado nacional frente a la protesta social desde 2003».

«Los principios de legitimación de la protesta social, de mediación política de los conflictos y de regulación de la actuación policial fortalecieron la democracia y limitaron los niveles de violencia en estos contextos, aunque persisten serios problemas de represión en diferentes puntos del país»
«La manifestación realizada en apoyo a la ley de matrimonio igualitario o la producida el día de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual hubieran sido caratuladas como ilegítimas»,

«El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aun no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como los del 19 y 20 de diciembre de 2001, del Parque Indoamericano, de la represión a la comunidad qom en Formosa o de los reclamos por vivienda en la ciudad de Ledesma, en Jujuy»,

«el Congreso Nacional no tiene competencia para la regulación de la protesta social en todo el país, dado que el uso del espacio público no es una facultad del Estado federal»,  y finaliza «La historia muestra que los derechos del presente se conquistaron a partir de la participación popular en las calles. Las manifestaciones y protestas no son un mal necesario sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos».

Por su parte Nicolás del Caño, Diputado del FIT,afirmó «Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario, que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha». En un comunicado, anticipó además que el Frente de Izquierda convocará a «distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote» en el Congreso de la Nación. No se privó el legislador de ironizar : «Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no. Ni el jefe de Gobierno, Mauricio Macri lo haría mejor».

El diputado bonaerense Christian Castillo planteó que «pareciera haber un concurso entre el kirchnerismo y la oposición de derecha de Sergio Massa, que anunció un proyecto similar, para ver quién es más reaccionario», y agregó «El Gobierno necesita cercenar el derecho a la protesta porque, como hemos visto en el paro nacional del 10 de abril, los trabajadores van a resistir el techo salarial y el plan de ajuste que aplica el Gobierno con el apoyo de las grandes patronales»

El primero de mayo el Frente de Izquierda y el Encuentro Sindical Combativo convocan a protestar contra la ley.

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29 DE ABRIL
Movilización contra la criminalización de la protesta

(AW)  El próximo martes 29 de abril a las 13.00, se realizará una movilización al Edificio Anexo del Congreso Nacional. La actividad tiene por objeto acompañar la presentación de la LEY CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL que se realizará ese día en el Congreso de la Nación y además exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas, y la libertad de todos los presos políticos.

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Repudio a la llamada «ley anti piquete»
A la derecha no se la combate
con políticas de derecha

Ante un nuevo intento de legislar sobre la política de calles del movimiento popular. Declaración del MPR Quebracho:
Repudiamos el nuevo intento de legislar sobre la protesta político-social, las manifestaciones, los piquetes o como quiera llamarse, esta vez, por parte de los representantes del gobierno nacional.
Porque es un proyecto de ley noventista, que busca quitarle al pueblo las herramientas que tiene para conquistar y defender derechos sociales y políticos.
De concretarse, significa una clara acción represiva contra el movimiento popular. Pero más allá de que se apruebe o no, es estéril. Porque los militantes genuinos, las organizaciones del pueblo no abandonarán las calles porque exista una legislación que declare legítima o ilegítima una manifestación, una movilización o un piquete. Y porque con una ley, no se resuelve la persistencia de las deudas históricas, la pobreza que viste a muchísimos argentinos, las heridas abiertas, razones que muchas veces dan nacimiento, que explican o llevan a la política de calles.
Pero también, este proyecto de legislación de la política de calles atenta contra la posibilidad de construir una democracia de masas, atenta contra el poder popular, contra un proceso popular constituyente como camino posible para los que creemos que la construcción del Socialismo es la única alternativa al capitalismo.
No se puede combatir a la derecha con políticas de derecha. A los grandes desestabilizadores y enemigos de la patria se los combate con políticas patrióticas y populares.
La conflictividad político-social se resuelve con políticas públicas, de estado, que terminen con la desigualdad estructural, la pobreza, con leyes de salvación económicas, educativas y sanitarias.
Hoy las políticas sociales de estado no son alcanzables mediante un petitorio. Hoy los laburantes echados no son reincorporados mediante el diálogo con el patrón. Ni hoy ni nunca. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la ciudad, ni los gobiernos provinciales, del color político que sean, tienen líneas de trabajo de conjunto con las organizaciones populares, para resolver las distintas problemáticas políticas y sociales.
Lamentamos también que se ponga un equipo de dirigentes políticos a trabajar para una ley antipueblo mientras no se hace lo mismo para presentar una para evitar el juego macabro de especulación, para retrotraer y congelar los precios, y cedan en el intento de avanzar sobre la corporación judicial, que sigue intacta desde la dictadura genocida, ante la presión del bloque dominante.
¿Con esto se busca ser consecuente con planteos que se vienen haciendo desde las clases medias, el bloque dominante y la mentalidad conservadora de clase? ¿Tiene que ver con búsqueda de apoyo electoral de sectores que ganaron como nadie y como nunca, durante la última década, y ahora están descontentos?
Lamentamos que hombres como Carlos Kunkel, que rompieron con Perón en el año 74 por oponerse a una reforma del código que buscaba profundizar la persecución y condenas contra el movimiento obrero y popular, ahora estén al frente de la presentación de un proyecto de ley noventista que busca quitar sus herramientas políticas al movimiento popular.
Muchas veces se ha tratado de hacer algo así. Como antes, creemos que eso irá a ningún lado si es que consideramos que desde 2001 hemos logrado como pueblo escalar varios pisos en nuestra subjetividad política.
Más allá de todo, la persecución y condena contra los militantes populares es un hecho. Basta citar los más de 5000 procesados por luchar que tenemos en el movimiento popular. Basta traer a escena la prisión que enfrentan los dirigentes de nuestra organización, Fernando Esteche y Raúl Lescano, quienes están detenidos desde el pasado 3 de diciembre
Hoy hay una revancha política que asoma. La revancha neoliberal. Comenzó por Esteche y Lescano, condenándolos a casi 4 años de prisión, y con un juicio que se viene, puntualmente contra Fernando Esteche, por manifestarse contra el FMI en 2004, donde buscan profundizar la condena.
Como pueblo, desde el pueblo, contra esta revancha que asoma y que muestra los dientes, las políticas deben ser las opuestas a este intento de legislación de las manifestaciones populares.
La calle sigue siendo escenario principal de acumulación, de lucha y de victorias políticas, donde organizaciones populares, partidos, movimientos, asambleas despliegan política, exponen problemáticas sociales, disputan cuotas de poder, resisten, se hacen escuchar, irrumpen como pueden, con las herramientas que siempre hemos contado como pueblo, o con las herramientas que vamos construyendo. Y lo seguiremos haciendo, a pesar de que alguien pretenda confiscar también esa dimensión de la política popular.

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LEY ANTI-PIQUETES: UN PROYECTO PARA LIMITAR DERECHOS
Comunicado de la ASOCIACION TAXISTAS DE CAPITAL

Un grupo de diputados del FpV presento en el Congreso un proyecto de ley para limitar a los trabajadores y el pueblo a ejercer su derecho constitucional a la protesta y el reclamo.
El criterio represivo y limitativo se trata de educorar presentándolo como una ley de “convivencia en manifestaciones públicas. Es para nosotros, la AsociaciónTaxistas de Capital, un grave retroceso a las políticas que el gobierno puso en práctica desde el 2003 en relación con la protesta social y no es casual que hallan sido los diputados del PRO quienes aplaudieran con tanto entusiasmo cuando la Presidenta planteó esta perspectiva en su discurso al inicio de las sesiones legislativas.
No lo analizamos desde y como nos afecta en particular,  en la calle y en el desarrollo de nuestras labor diaria, sino, desde nuestra condición más general y profunda de trabajadores y de ciudadanos que hemos sufrido en carne propia el accionar represivo, los palos y el secuestro de vehículos en oportunidades que los taxistas reclamamos, manifestandonos en las calles, derechos conculcados o el ninguneo de los gobiernos de turno a nuestras reinvindicaciones.
¿Quién determinará y con que criterio, como diferencia el proyecto de ley, cuales son las manifestaciones “legítimas” y cuales las “ilegítimas”?.
¿Será la arbitrariedad de la Policía, algún funcionario público o un juez que en pocas horas decidirá que es legítimo y que no lo es.?
Otra vez, con antecedentes nefastos, aparece el criterio de obtener el permiso (48 hs. antes) y que no violen normas del Código Penal  (¿?).  ¿Esto correrá para los vecinos que quedan a oscuras, a quienes protestan por alguna muerte por gatillo fácil, a los que se cansan de trajinar la burocracia estatal y salen a la calle a poner a la luz sus reclamos?  y podríamos seguir con los ejemplos.
Todos sabemos que esto se extenderá en detenciones arbitrarias, represión, palos y balas de goma.
¿Se tomará como ejemplo lo acontecido con la Metropolitana en el Borda, con trabajadores procesados y represores a pura bala de goma, palazos y gases sin causa ni cuestionamiento judicial?
Otra vez se ponen falsamente en contradicción derechos, como en la lucha de los docentes de la Pcia. de Bs As., en esa oportunidad entre el derecho de los chicos educarse  y los docentes a tener ingresos justos para seguir educando y a su derecho a la huelga, ahora es entre el derecho a manifestarse y el derecho a transitar.
Toda manifestación o acto publico en las calles traerá problemas y dificultades en el tránsito y cuanto más masivas y más legítimas, los problemas serán mayores. La derecha “resolvió” históricamente este problema limitando o cercenando la actividad política, prohibiendo huelgas y cerrando sindicatos, y cualquier manifestación publica (claro que las de protesta).
Finalmente.  ¿Porque el retorno a la mano dura con las luchas populares y la mano blanda con empresarios que evaden impuestos, fugan divisas, arman mercados negros, remarcan y violan descaradamente acuerdos, sobrefacturan lo que compran en el exterior y subfacturan lo que exportan, los que retienen la producción para impulsar devaluaciones de la moneda y podríamos seguir con la lista de los ilícitos?
El debate sobre cortes de calles o rutas es legítimo, pero es un problema político y cultural que no se resuelve con represión, ni con un proyecto de ley discutido entre cuatro paredes sin, por lo menos, un debate amplio y profundo.

ASOCIACIÓN TAXISTAS DE CAPITAL

Luís C. Fernández               Alberto T. Rodríguez
Presidente                                   Secretario

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