Chile. Mapuche víctimas de montaje policial: Fiscalía cierra Operación Huracán y abre investigación en contra de Carabineros

Resumen Latinoamericano / 25 de enero de 2018 / Sergio Jara, Radio Bío Bío

El Fiscal regional de Temuco, Cristián Paredes, asegura que «hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas (los comuneros mapuche), pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos».

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, abrió una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el marco de los antecedentes que entregó la institución policial al Ministerio Público en septiembre de 2017 en la denominada Operación Huracán.

Dicha operación, que realizó Carabineros bajo la Ley de Inteligencia, recopiló diversos antecedentes de una docena de comuneros mapuches vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y a otras organizaciones de característica similares. Tras meses de seguimientos e intervenciones a los aparatos telefónicos de los comuneros, Carabineros entregó a la fiscalía el oficio 130, el cual contenía supuestas conversaciones vía WhatsApp y Telegram entre comuneros, en las que coordinaban eventuales acciones violentas.

El oficio 130 fue entregado por Carabineros a la fiscalía el 20 de septiembre y en él se advertía, entre otros, que los comuneros preparaban un atentado en contra de la empresa de transportes Riquelme Correa, en las afueras de Temuco. Por ello, el Ministerio Público solicitó tres días después las órdenes de aprehensión en contra de los comuneros, las que fueron ejecutadas ese mismo 23 de septiembre. Tras ello, Carabineros hizo peritajes a los teléfonos celulares que requisó de los comuneros y emitió nuevos preinformes y el oficio 202 a la fiscalía, que avalaban la información de inteligencia que habían entregado inicialmente a través del oficio 130. Fue precisamente en esa parte del proceso cuando los caminos de fiscales y carabineros comenzaron a separarse.

“Hoy la fiscalía ingresó al Tribunal de Garantía de Temuco un escrito comunicando el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento en la causa por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista conocida policialmente como Operación Huracán”, dijo el fiscal Cristián Paredes en exclusiva para Radio Bío Bío. “Esta decisión fue tomada luego de recibir dos informes técnicos emanados de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldeco) de la fiscalía nacional, que confirman la existencia de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos en los preinformes e informes periciales informáticos practicados por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros a los teléfonos incautados a los imputados en esta causa, el día 23 de septiembre”, agregó.

Según Paredes, “hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.

“Estamos frente a un hecho gravísimo. Esta es la primera vez que esta fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia, esto significa que se hizo con diligencias investigativas realizadas autónomamente por Carabineros y sin el control de los fiscales. En cuanto detectamos estas irregularidades, se instruyó la realización de peritajes para despejar estas dudas”, agregó el fiscal Paredes.

El “software chileno” de Carabineros

Si bien Carabineros ha sido hermético frente a los cuestionamientos que ha hecho el Ministerio Público al trabajo relacionado con la Operación Huracán en los últimos días, fuentes ligadas a la institución aseguran que todas las pruebas recolectadas e ingresadas a los respectivos oficios enviados a los fiscales son reales y obtenidas con las autorizaciones de las cortes de apelaciones, tal como exige la Ley de Inteligencia.

La tranquilidad de los equipos investigadores de Carabineros se basaría en el uso de nuevas tecnologías que les han ayudado, indicaron las fuentes policiales, a recolectar información de mensajería sin la necesidad de recurrir a las empresas extranjeras tales como: WhatsApp, Telegram u otras.

El sistema operaría a través de internet, vía con la cual se introducirían en el equipo y podrían tener copia “fiel” de las conversaciones o traspaso de material como audios, videos o fotografías.

Si bien la operatividad del sistema chileno la manejarían pocas personas y bajo reserva, aseguran los que la han visto dentro de Inteligencia de Carabineros que su funcionamiento está probado y por ende mantienen la convicción de que puede usarse como elemento de prueba en un juicio, si así se requiere, pero que por ahora se ha utilizado para obtener mayor información para análisis preventivo de seguridad.

La Unidad de Investigación de Radio Bio Bio trató de comunicarse con el director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, Gonzalo Blu Rodríguez, para conocer la posición oficial de la institución tanto sobre las acusaciones del Ministerio Público como el supuesto software que mantendrían en su poder, sin embargo, no contestó los llamados.

Desde el Congreso, en tanto, confirmaron que el alto oficial participó el miércoles en una reunión de la comisión de Seguridad Pública. Pese a que la reunión fue de carácter secreto, presentes en el encuentro reconocieron que el tema principal abordado fue la crisis de desconfianza que se está generando entre los fiscales y la Dirección de Inteligencia de Carabineros.

El General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, al ser abordado sobre el tema, se excusó de entregar detalles respecto a la investigación y las “diferencias” con la fiscalía. Escuetamente, señaló a Radio Bío Bío que “como institución hemos actuado conforme a la Ley. Hemos puesto a disposición toda la información obtenida y que creemos debe contribuir a esclarecer los hechos que se investigan”.

Operación Huracán: fiscal de Temuco acusa montaje de Inteligencia de Carabineros

El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, presentó una querella contra quienes resulten responsables, pero enfocada específicamente en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), en el marco de la arista filtraciones de la denominada “Operación Huracán”.

Arroyo está siendo investigado por el fiscal de Aysén, Carlos Palma Guerra, junto a su exabogada asistente, Mónica Palma y un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Supuestamente, y de acuerdo a un documento denominado oficio 202 que Carabineros envió al fiscal nacional, Jorge Abott; Palma y el funcionario de la ANI habrían filtrado antecedentes de la investigación a comuneros mapuches que eran objeto de seguimiento policial.

A Arroyo, en tanto, se le indaga por el eventual encubrimiento de Mónica Palma, a quien la Dipolcar describe como su pareja sentimental.

Sin embargo, y de acuerdo a la querella que Arroyo presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco, los antecedentes que Carabineros le entregó a Abott para vincularlo con el ilícito son falsos.

Así, plantea que no tiene una relación sentimental con Palma, que tampoco se ha juntado con ella en las fechas que señala Carabineros en su oficio y que las conversaciones que sostuvo por WhatsApp con ella, son falsas.

“Los autores intelectuales de las falsas y temerarias imputaciones que fueron vertidas en el aludido oficio 202, al parecer persiguen crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual que a la institución a la que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado de las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”, dijo Arroyo, en su querella.

Más adelante, haciendo alusión al fracaso que ha significado hasta ahora la denominada “Operación Huracán”, Arroyo agrega que “en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo; del mismo modo, exijo un apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.