Puerto Rico. “El modelo de privatización ha sido un desastre”

Claridad_Resumen Latinoamericano 1 de octubre 2026.

Con la firma del contrato de LUMA Energy en 2020, y la aprobación en 2021 para que dicha compañía tomara control sobre la red eléctrica de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal, dio paso a la instauración de un alegado nuevo modelo energético que según la narrativa oficial sería más eficiente, actualizado y costo efectivo que la vieja y corrupta estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que unos años antes había caído aplastada por el paso implacable del huracán María y la ruina fiscal a que fue llevada por décadas de mala administración interna y de los gobiernos coloniales del bipartidismo PNP-PPD.

Así, una empresa advenediza, creada solo para Puerto Rico y en total desconocimiento de la complejidad y particularidades de nuestro sistema eléctrico, fue la que inició la privatización energética, que 5 años más tarde se ha convertido en una de las peores pesadillas que ha vivido nuestro pueblo: apagones constantes, tarifas abusivas, servicio desastroso, y una total falta de transparencia, compromiso y estabilidad que ha minado ante el país la credibilidad de los diversos componentes del actual entramado eléctrico.

LUMA Energy muy pronto demostró su falta de preparación, capacidad y expertise para atender las múltiples necesidades del sistema eléctrico y de la población de Puerto Rico. En vez del gobierno cancelarle el contrato en ese momento de transición, se le dio una extensión del mismo en 2022. En 2023 se contrató, para suplementar la operación de generación, a otra empresa igualmente advenediza, Genera PR.

Esta es una subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), empresa de gas metano,  a la cual se le permitió en 2023 construir y operar un terminal de gas en la Bahía de San Juan, a pesar de no haber cumplido con los requisitos regulatorios y de seguridad que exige la Comision Federal de Reglamentación de Energía ( FERC, por sus siglas en inglés). NFE tampoco contaba entonces – ni aún cuenta- con las  certificaciones sobre medidas de mitigación de riesgos. Además, ya se conocía que NFE estaba en serios aprietos financieros. Aun así, a esa empresa insolvente se le extendió en 2025 un contrato por 7 años y $4 mil millones  para el suplido de gas natural para las plantas generatrices de San Juan, las cuales opera su subsidiaria GeneraPR. ¿ Conflicto de interés? Si lo hay, nadie con autoridad lo ha traído a la palestra y mucho menos lo ha atendido.

Estos son solo algunos ejemplos de cuán indefenso está nuestro pueblo ante los mogules que controlan el  sistema energético, y que también parecen controlar al gobierno de Puerto Rico, al Negociado de Energía y hasta la propia Junta de Control Fiscal, todos los cuales lucen apocados, impotentes y hasta rendidos  ante los desmanes de estas compañías.

Se ha llegado al extremo de permitir que NFE opere su terminal como un monopolio con exclusividad para el suplido de gas natural licuado en Puerto Rico. Ahora mismo, por una polémica interna de NFE con los pilotos operadores de los navíos que atracan en la Bahía de San Juan, la empresa ha incumplido con el suplido de gas para las plantas generatrices de San Juan desde mediados de septiembre. Esto, ha obligado al gobierno de Puerto Rico a comprar diesel para operar las plantas- combustible que es 4 veces mas caro que el gas. Además, aparentemente NFE se ha negado a permitir que otras empresas suplan el gas licuado que Puerto Rico necesita.

Mientras tanto, los apagones siguen indetenibles, con LUMA y GeneraPR echándose uno al otro la culpa por la ocurrencia de los mismos. Y como siempre, a la hora de pagar, la carga es del pueblo y, en este caso, de los abonados del sistema eléctrico. Esos son quienes pagan el precio de la incompetencia y avaricia de estas compañías, y del desinterés y vagancia de las autoridades del gobierno de Puerto Rico, el Negociado de Energía y la Junta de Control Fiscal por enfrentar a estas empresas y obligarlas a cumplir con lo acordado en sus contratos.

Desde el inicio oficial de operaciones de LUMA Energy hace 5 años, el Negociado de Energía ha autorizado 15 aumentos en la tarifa eléctrica que pagan los abonados residenciales y comerciales. El peor de todos, el más dañino, es el ocurrido esta semana, el 30 de septiembre. El Negociado de Energía le ha propinado el más duro golpe al bolsillo de los abonados del sistema eléctrico, con su decisión de aumentar la tarifa eléctrica a cerca de 35 centavos el kilovatio/ hora para los meses de octubre a diciembre de 2026. Este será el aumento de tarifa más grande efectuado por el sistema eléctrico de Puerto Rico. El efecto práctico de esta decisión es que, por los próximos tres meses, un abonado residencial promedio de LUMA Energy, tendrá que pagar alrededor de $42 mensuales más por la luz de su casa. Esto no significará mejoría en el servicio eléctrico ni le garantizará que no sufrirá apagones frecuentes o que sus enseres no sufrirán daño irreparable por las fluctuaciones de voltaje. Solo significará que una tajada mayor de su presupuesto mensual se destinará a un caso perdido como LUMA Energy. Esto, en un país donde el salario mínimo es de $10.50 la hora, y el empleo a tiempo parcial y el sub empleo son la orden del día.

Por eso, es necesario preguntarnos: ¿ Quién le responde a nuestra gente por este nuevo atropello? ¿ Quién le va a pedir cuentas a GeneraPR por sus continuos errores y por los generadores temporeros que se compraron con dinero público y que hoy están inservibles porque la empresa no les dio mantenimiento? ¿ Quién le va a exigir a LUMA eficiencia, competencia y respuesta rápida a los reclamos de sus abonados? ¿ Quién va a enfrentar el chantaje y la arrogancia de New Fortress?

El experimento de la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico fracasó. Fracasaron también el experimento colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, y la retahíla de gobiernos coloniales irresponsables y corruptos que han abusado y vivido del pueblo durante muchas décadas amargas, fracaso que le tocará a nuestro pueblo revertir cuando la marea histórica cambie nuestro rumbo y lo dirija hacia la libertad, el trabajo creador, la justicia y la verdadera democracia.

A juicio del representante licenciado Dennis Márquez Lebrón, si algo quedó demostrado con las vistas públicas sobre el proceso de selección, adjudicación y firma del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Power Espectation (PE), “es que ello es una manifestación más del fracaso de la privatización”.

Las vistas públicas efectuadas por la Comisión de Gobierno, que preside el legislador Víctor Parés, surgieron a raíz de la revelación por varios medios de Prensa de que Power Espectation utilizó sin autorización a la empresa Enchanted Rock LLL para la firma del contrato con la AEE. El contrato para generación de electricidad temporera, por la suma de $5,887 millones, fue firmado el 10 de agosto y el 14 de agosto fue revocado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Por el momento, las vistas parecen estar en pausa luego de la comparecencia del llamado Zar de Energía, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3), Josúe Colón; del licenciado Osvaldo Carlo Ortiz, de la agencia privada Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO); el licenciado Juan González Galarza, vinculado al proceso, y la hoy exdirectora de la AEE, ingeniera Mary Carmen Zapata.

En entrevista con CLARIDAD sobre su impresión de las vistas públicas, el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara señaló que todo el proceso ha estado enmarcado en la privatización de todo lo que tiene que ver con la energía.

“Este proceso emana de los asuntos que tienen que ver con LUMA y Genera y luego a cargo de una entidad privada, que es el 3PPO, y con unos contratos que demuestra un complejo de múltiples irregularidades que van desde los asuntos de las contradicciones del mal llamado Zar de la Energía, que van pasando por los asuntos de negaciones de fraude, de las falta de comunicación, pero sobre todo, de la relación pública entre las agencias de gobierno”.

Observó, además, que el asunto tiene violaciones éticas de parte de abogados envueltos en el proceso y que “al final del camino se trata de todo un proceso en donde el gobierno, no importaba qué, quería contratar a Power Espectations”, denunció.

Coincidió con la apreciación de que la intención de fraude tuvo un procedimiento similar al fraude de las vacunas del Covid, de ser hechos paralelos. Indicó que, desde un principio, en la propuesta de negocio (el RFP) había todo un camino para beneficiar a Power Espectation, cosa que no solo lo demostraron las vistas públicas, sino el conjunto de documentos que ha estado evaluando e investigando. “Además, la falta de rigurosidad de las agencias de gobierno, la negligencia crasa de las agencias de gobierno, llevan a uno a la conclusión de que aquí querían a Power Espectation sí o sí”.

A la pregunta de si cree que con las vistas se pueda llegar a atribuir responsabilidades, respondió: “Yo siempre he dicho que en la Cámara hay que estar pendientes a no cómo se dan las cosas, sino cómo terminan”.

Comentó que ha visto muchas investigaciones que se quedan truncas, pero aseguró que desde su oficina, independiente de lo que está haciendo la comisión, al igual que la compañera representante Adriana Gutiérrez, seguirán trabajando el asunto y, en su momento, independiente o no de lo que haga la comisión, también harán sus planteamientos. De parte del PIP reveló que continuara investigando y compareciendo a las vistas públicas junto a Gutiérrez y revisando desde sus oficinas el inmenso conjunto de documentos. Indicó que las vistas aun no han terminado, que por lo menos falta un testigo por comparecer y hay la insistencia de parte del PIP de traer más testigos: “Veremos a ver qué decide la Comisión”.

Márquez Lebrón expuso, a preguntas de CLARIDAD, que de los testigos que han pasado por las vistas públicas de acuerdo con los documentos, cuando se mira la ponencia de la ahora exdirectora ejecutiva de la AEE y la lectura sus declaraciones, estas fueron cónsonas con la documentación.

“Ella reconoce que tiene una responsabilidad: pero es cónsono también que ahí la tenían como especie de un sello de goma, como un peón del control férreo que tenía la APP; que se quiso distanciar su director, Josúe Colón, de todo, pero su testimonio y los documentos demuestran que son parte integral de todo este proceso de contratación”.

El representante aseguró que las vistas públicas han demostrado en términos reales el fracaso de la privatización del sistema eléctrico. “LUMA es un desastre, han aumentado la cantidad de apagones y la frecuencia; Genera es una manifestación de New Fortress, que está en quiebra y que los acreedores tienen un control, y esa es la empresa que garantiza el contrato de Genera. Ya Genera está planteando a la Legislatura los mismos temas que LUMA: que no tienen dinero, que no pueden hacer las cosas. Por lo tanto, ambas son un desastre para el país. El modelo de privatización ha sido un desastre y todo este esquema lo completa este proceso de la energía temporera”.

You must be logged in to post a comment Login