Argentina. Pueblos Originarios. Las voces de la tierra en contra del despojo
Por Gioia Claro / Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2026
Foto: Rodrigo Ruiz
Desde la Puna jujeña hasta la Patagonia austral, los pueblos originarios sufren el avance del extractivismo acelerado por las políticas de Milei. Una conferencia de prensa internacional expuso el riesgo que corren los territorios de unas 1.300 comunidades.
Noelia Wenumil, mujer mapuche, vive con miedo dentro de su propia ruka (casa). No es una figura retórica: lo dice ella misma, con la voz quebrada, en medio de una conferencia de prensa internacional donde referentes de pueblos originarios de distintas partes el país denunciaron una “crisis humanitaria”. “Tener que vivir en tu propia ruka pensando que puede venir una orden de desalojo es difícil”, expresa la referenta de la Lof Melo, ubicada en la zona cordillerana sobre un brazo del lago Nahuel Huapi, en Neuquén. Sobre su comunidad pesa una orden de desalojo requerida por un privado de origen belga.
A dos mil kilómetros de distancia, Florencia Solís, integrante de la Comunidad Puya Puya, de Rodeo, en plena Puna jujeña, describe la misma maquinaria con otras palabras: “Aparte de saquear nuestros recursos naturales, es una perversidad lo que está haciendo el Gobierno, sacando a nuestros hermanos, despojando, desalojando de sus territorios, mandando Policía, Gendarmería y máquinas para destrozar los hogares donde viven desde los tiempos de sus abuelas y abuelos y sin respetar a los niños, ancianos ni personas jóvenes”.
A pesar de la distancia geográfica entre las comunidades del norte y el sur, existen intereses privados y estatales comunes detrás de cada intento de desalojo. En la Patagonia, el arribo de empresas tecnológicas busca emplazar gigantescos centros de datos (data centers) que requieren vastas extensiones y climas fríos para refrigerar sus servidores. En el Noroeste, se firman acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para proveer los minerales “críticos” y “raros” que reposan en los territorios. A esto se suma la expansión constante de la frontera agrícola para el monocultivo de soja y los emprendimientos inmobiliarios que avanzan sobre los ecosistemas que son el sustento y la cultura de los pueblos.
Esta embestida se despliega sobre la negación sistemática del Estado hacia el reconocimiento pleno de los derechos indígenas, especialmente el derecho a disponer de los territorios que habitan, al no contar con la titularidad de sus tierras. Al incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de los derechos consagrados en la Constitución Nacional –que exigen regularizar el dominio territorial de las más de 1.600 comunidades y aplicar la Consulta Previa, Libre e Informada– se suma el avance del Gobierno de Javier Milei con marcos legales extractivistas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado tras la caída de la Ley de emergencia territorial (26.160), que servía de paraguas legal para las comunidades.
Un encuentro virtual internacional, organizado por el movimiento Pluridiversidad Indígena Puelmapu, reunió a autoridades de las etnias kolla, wichi, guaraní, mapuche y mapuche-tehuelche, quienes alertaron que este nuevo escenario pretende expulsar a unas 1.300 comunidades en la Argentina, criminalizando a sus autoridades ancestrales. Como sentenciaron en su documento convocante: “La argentinidad desconoce estos hechos porque los grandes medios de comunicación responden a los intereses de los usurpadores y también porque hay una complicidad social cimentada desde el racismo y la indolencia”.
FUENTE: Cítrica

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