Guatemala. ¿Qué dice la acusación a Nicolás Maduro sobre el pais?

Por Héctor Silva Ávalos. Resumen Latinoamericano, 8 de Enero de 2026.

Estados Unidos acusa al depuesto presidente venezolano de mover droga hacia Estados Unidos por el puente centroamericano cuando los narcos locales de Guatemala operaban durante las presidencias de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

La fiscalía estadounidense en el distrito sur de Nueva York dice, en su acusación por narcotráfico al depuesto presidente de Venezuela, que la empresa criminal de la que él fue parte incluyó el tráfico de cocaína por el corredor centroamericano, en específico por Guatemala y Honduras. Y dice también que eso ocurrió al menos desde 2003.

La tesis de los fiscales es que la red regional de narcotráfico en la que ubican a Maduro funcionó, en buena medida, gracias a la protección que funcionarios públicos como él dieron a los traficantes a cambio de dinero y poder, y que esas transacciones ocurrieron en todos los países mencionados.

Lo dicen así: “Los puntos de transbordo (de la droga) en Honduras, Guatemala y México dependían de una cultura de corrupción en la cual los narcotraficantes que operaban en esos países pagaban una porción de sus ganancias a políticos que los protegían y los ayudaban. A cambio, esos políticos utilizaban ese dinero procedente de la cocaína para mantener y aumentar su poder. Así, también los políticos en esta ‘ruta del Caribe’ eran corrompidos por traficantes de cocaína que les pagaban para que los protegieran de ser arrestados, lo que permitía a los traficantes operar con impunidad.”

El documento judicial en el caso contra Maduro también establece que el principal grupo criminal a cargo del tráfico en Centroamérica ha sido el Cartel de Sinaloa.

Cuando describe las acciones de tráfico que atribuye a Maduro y algunos de sus funcionarios, la acusación estadounidense las ubica en una franja de tiempo más específica, entre 2013, cuando fue elegido presidente de Venezuela por primera vez, y 2022. Es el mismo periodo en que, tras luchas violentas entre Sinaloa y Los Zetas por el control de plazas en Guatemala, bandas locales como Los Mendoza o Los Huista afianzaron su control sobre trechos clave en las rutas de la cocaína, tanto en las zonas fronterizas con Honduras como en el límite con México.

Es decir, cuando según los fiscales estadounidenses Nicolás Maduro era parte de una red regional de traficantes y políticos corruptos que movían cocaína por los corredores que unen Venezuela y Colombia con el norte de América, en Honduras gobernaba Juan Orlando Hernández y por la presidencia de Guatemala pasaron tres hombres: Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Esa es la narración judicial de la fiscalía estadounidense sobre el mapa del narcotráfico en Mesoamérica, que es en realidad un capítulo diferente de la misma historia de corrupción política y violencia que ya establecieron los fiscales durante el juicio a Hernández y que puede resumirse así: los grandes grupos de narcotráfico en Colombia, Venezuela y México subcontrataron a bandas locales que pudieron mover toneladas de cocaína por Honduras y Guatemala gracias a la protección política de presidentes y otros funcionarios en esos países centroamericanos.

La ruta Honduras-Guatemala y los operadores locales

Las investigaciones estadounidenses a estas organizaciones cobraron relevancia en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, porque brindaron a los investigadores y fiscales locales la posibilidad de romper, de alguna manera, el cerco de impunidad y protección del que hablan las acusaciones a Maduro y a Juan Orlando Hernández.

En Guatemala, además, la cobertura política internacional que ofreció a las autoridades locales la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) permitió al Ministerio Público (MP) investigar a fondo a estructuras de narcotráfico, como los remanentes de Los Mendoza en Zacapa y Petén o Los Huista en Huehuetenango, y a los tribunales conocer casos abiertos contra esas bandas.

Más allá de las acusaciones individuales o de las peticiones de extradición de narcos guatemaltecos, esas investigaciones empezaron a revelar algunas de las conexiones entre los traficantes y los políticos, tanto en Guatemala como en Honduras. 

Lo de Hernández quedó escrito en la condena que una corte federal le impuso en Nueva York en marzo de 2024: mientras fue presidente de Honduras, incluso antes, creó un narcoestado en el que el tráfico de cocaína floreció como nunca en su país. Lo de Guatemala está escrito en diversos procesos judiciales abiertos a narcos en varias cortes de Estados Unidos y en los expedientes de los fiscales guatemaltecos que los investigaron y los jueces que los juzgaron.

Erika Aifán, la exjueza del Juzgado de Alto Riesgo D de Guatemala que se vio forzada a exiliarse en a principios de la década por, entre otras cosas, juzgar a narcos, fue una de las primeras operadoras de justicia guatemaltecas que utilizó el concepto de estructura macro criminal para definir a las complejas redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero y a afianzar impunidad a través de conexiones políticas.

Uno de los primeros casos que destapó conexiones políticas con narcotráfico e implicaciones regionales fue el de los asesinatos en 2007 de cuatro diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en ciudad de Guatemala, como venganza por un tumbe (robo) de drogas. Policías guatemaltecos detenidos como autores materiales fueron luego asesinados en la cárcel por sicarios a quienes se relacionó con funcionarios de la época, entre ellos Alejandro Giammattei, entonces jefe de presiones y luego presidente del país.

A partir de ahí, la CICIG y el MP abrieron varias investigaciones a los principales operadores locales de los carteles internacionales. Al clan de los Mendoza, por ejemplo, uno de los más poderosos del país con operaciones en el oriente guatemalteco, en la frontera con Honduras. En el juicio a Juan Orlando Hernández a inicios de 2024 quedó constancia de que clanes hondureños como el de Los Valle o el de Alexander Ardón entregaban droga de Sinaloa a “enviados del Chapo” Guzmán en la frontera con Guatemala. Esos enviados eran miembros del clan de Los Mendoza.

Leily Santizo, una abogada que trabajó y litigó para la CICIG y hoy también está exiliada, fue una de las que investigó a Los Mendoza. En 2018, uno de los abogados del clan intentó matarla estrellando su vehículo contra el carro en el que ella viajaba. Desde entonces, Santizo tiene una incrustación de titanio en el cuello. 

Luego, en 2022, el Ministerio Público, ya entonces dirigido por la fiscal Consuelo Porras, metió presa a Santizo por petición de operadores políticos ligados a la derecha política guatemalteca, entre ello Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo. La enviaron a Mariscal Zavala, la cárcel de máxima seguridad; ahí, un enviado de Los Mendoza la amenazó, le dijo que la iba a cortar “en pedacitos”.

Otro de los grandes clanes guatemaltecos que ascendió durante los años en que según los fiscales estadounidenses el venezolano Nicolás Maduro llevaba adelante su operación de narcotráfico fue el conocido como Los Huista, liderado por Aler Baldomero Samayoa y Eugenio Darío Molina López. En marzo de 2022, el Departamento del Tesoro en Washington sancionó a Los Huista y los vinculó con carteles mexicanos. Samayoa fue extraditado a Estados Unidos en 2025.

El MP guatemalteco tenía abiertas varias líneas de investigación en torno a Los Huista, pero las más importantes se estancaron después de que Porras llegó como fiscal general. Una de las hipótesis, según aseguraron dos exfiscales guatemaltecos que hablaron con Prensa Comunitaria desde el anonimato por seguridad, era que la banda, originaria de Huehuetenango, tenía una relación importante con el mexicano Ramón Antonio Yánez Ochoa, alias Rayo y uno de los operadores del Cartel de Sinaloa. El nombre de Yánez también aparece en una investigación abierta por la CICIG a Méndez Ruiz por su posible participación en una red centroamericana de tráfico de metanfetaminas.

Hay otro caso que habla con más claridad de los vínculos entre políticos y narcos en Guatemala durante los años en que operó la red regional de la que Maduro fue parte según la acusación estadounidense. Es el del excandidato presidencial guatemalteco Mario Estrada, quien fue detenido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tras una operación encubierta en el que el político pidió dinero a agentes que se hicieron pasar como narcotraficantes a cambio de protegerlos en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2019. Estrada también pidió ayuda para asesinar a Thelma Aldana, exfiscal general y también candidata presidencial, y a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

En abril de 2019 se hizo público que Estrada se había reunido con Jimmy Morales, entonces presidente, quien no negó el encuentro pero dijo que se trataba de algo “normal”. El MP de Porras abrió una investigación al respecto que engavetó al poco tiempo.

Desde que Nicolás Maduro fue extraído de Caracas por la fuerza y llevado a una corte estadounidense, varios operadores políticos guatemaltecos vinculados al MP de Porras han querido vincular las acusaciones al venezolano con el gobierno actual de Bernardo Arévalo. Sin embargo, de lo que hablan los folios judiciales en Estados Unidos es de redes narcopolíticas que existían antes de Arévalo a las que Porras y sus fiscales nunca han investigado.

La acusación hecha por los fiscales estadounidenses a Maduro y otros define así a estas redes de protección política a narcotraficantes, a las que en el caso venezolano llama “Cartel de los Soles”: “formada por altos oficiales que… corrompieron instituciones legítimas, como partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y al judicial para facilitar el tráfico de cocaína”. Algo similar a lo que una jueza guatemalteca llamó red macrocriminal y a lo que en Guatemala se conoce popularmente como pacto de corruptos.

Fuente: Prensa Comunitaria