Haití. Debido a la presión de Estados Unidos, el gobierno interino haitiano se apresura a celebrar elecciones; la sociedad civil afirma que el país aún no está preparado

Té Dafol /Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2025.

En primera fila, Frinel Joseph, miembro del CPT, Laurent Saint Cyr, presidente del CPT, y Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro, durante su visita al Consejo Electoral Provisional en agosto de este año. Foto: Presidencia de Haití.

Celebrar elecciones en un contexto de múltiples crisis solo legitimaría un gobierno títere al servicio de intereses extranjeros.

Tras la presión de Estados Unidos, el Consejo Presidencial de Transición de Haití anunció que celebrará elecciones en los próximos meses. Estos planes a corto plazo han generado asombro y críticas por parte de movimientos y organizaciones que argumentan que el país no está en condiciones de celebrar elecciones democráticas debido a la grave crisis que azota a Haití, y que las elecciones solo legitimarían a un gobierno comprometido con la defensa de intereses extranjeros.

Cientos de bandas criminales operan impunemente en todo el país, restringiendo la circulación en amplias zonas, incluida la capital, Puerto Príncipe. Además, la falta de suministro eléctrico en casi todo el territorio dificulta la preparación de los centros de votación y el registro de votantes, en un contexto donde hay 1,5 millones de personas desplazadas internamente.

Estos son algunos de los argumentos esgrimidos por los movimientos haitianos , que afirman que aún no hay tiempo suficiente para llevar a cabo adecuadamente todas las etapas de un proceso electoral, especialmente para una población que lleva casi 10 años sin poder ejercer su derecho al voto. Ni siquiera para circular libremente por el país.

Las bandas controlan las carreteras principales y siembran el terror en las regiones más pobladas. Elysée Luckner Vil, miembro de la coordinación del Movimiento Democrático Popular (Modep), comparte la preocupación de muchos haitianos: “Los dos estados con mayor número de votantes del país, el Oeste y Artibonite, son los que sufren la mayor presión de las bandas. El Oeste es el centro político, donde se encuentra la capital. ¡Imagínense qué clase de elecciones se pueden organizar con los bandidos al mando!”.

A día de hoy, el trayecto terrestre entre las dos ciudades más grandes del país, Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, depende de sobornos a hombres armados, cuando no es simplemente imposible. En estas condiciones, resulta difícil concebir una campaña política creíble. Del mismo modo, es difícil creer que los habitantes de barrios dominados por bandas armadas puedan gozar de seguridad y libertad al ir a votar.

“Como organización popular, no estamos en contra de las elecciones”, explica Vil. “Son un logro democrático. El problema radica en el momento y la forma en que se llevan a cabo, cuando no se respetan una serie de principios y normas que impiden a la población votar con tranquilidad y elegir al candidato que desea”.

¿Estados Unidos títere?

Filtraciones de la prensa haitiana afirman que el calendario electoral comienza en dos semanas. Desde que asumió la presidencia del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en agosto de este año, Laurent Saint-Cyr ha hablado con frecuencia sobre los preparativos en curso para las elecciones generales del país. Según él, ya se han desembolsado 65 millones de dólares (347 millones de reales), el 85% de los centros de votación y 6,2 millones de votantes ya han sido identificados por el Consejo Electoral Provisional, que cuenta con un nuevo presidente.

Detrás de las cifras y medidas que pregona el gobierno subyace la necesidad de tranquilizar a sus acreedores internacionales, especialmente a Estados Unidos, que en abril de 2024 puso al CPT en el poder con una doble misión: combatir la inseguridad y restaurar la democracia en el país en un plazo de 22 meses. El problema es que, 18 meses después, prácticamente no se ha hecho nada, ni por una cosa ni por la otra. Con cien días restantes en su mandato, el CPT tiene prisa por mostrar resultados a sus donantes.

En un discurso pronunciado la semana pasada ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) no ocultó su escepticismo. «El tiempo se agota. Me preocupa la falta de una hoja de ruta clara hacia el restablecimiento de la gobernanza democrática».

La Comunidad del Caribe (CARICOM), principal organismo coordinador de las organizaciones haitianas que actualmente integran o apoyan al CPT, admitió estar «en contacto con los líderes de los grupos y sectores representados» con el fin de «plantear propuestas para el fin del mandato», dejando abierta la posibilidad de una prórroga o renovación de un poder transitorio no electo.

Estados Unidos, por su parte, no renuncia a la consulta popular hasta febrero. Quienes abogaron por la creación de una nueva Fuerza Antigangas ante la ONU, ahora siguen de cerca el avance de la agenda electoral, lo que implica que la financiación de esos contingentes no se otorga sin contraprestación.

“Ha llegado el momento de que el CPT y los demás miembros del gobierno haitiano cumplan con su función de presentar un plan preciso, acompañado de un calendario electoral para la transición política”, declaró el embajador de Estados Unidos en Puerto Príncipe, Henry T. Wooster, a principios de octubre y en vísperas del viaje de Laurent Saint-Cyr a Washington.

Tres días después, el Consejo de Ministros de Haití anunció una medida drástica: el abandono de un proyecto de nueva constitución que el gobierno aún pretendía aprobar mediante referéndum antes incluso de considerar la organización de elecciones. El texto, considerado por el sector progresista como un retroceso respecto a la Constitución vigente, fue rechazado con la justificación de acelerar el proceso. Los 5 millones de dólares estadounidenses (26 millones de reales) invertidos en su redacción no serán devueltos al pueblo haitiano, y ahora la atención se centra en la supuesta renovación democrática del poder ejecutivo.

¿Quién se beneficia de las elecciones antidemocráticas?

Haití arrastra un historial de denuncias de irregularidades electorales desde principios de la década de 1990, las cuales han conducido no solo a la progresiva destrucción del Estado, sino también al descrédito del proceso democrático ante la ciudadanía. En las últimas elecciones presidenciales celebradas en el país, en noviembre de 2016, la participación electoral no superó el 21% del electorado.

Queda por ver, entonces, hasta qué punto vale la pena forzar un proceso electoral obsoleto para mantener la apariencia de normalidad. En este sentido, la insistencia de Estados Unidos y de las Naciones Unidas en cumplir con el plazo, aun conociendo la situación del país y la falta de garantías democráticas, plantea una serie de interrogantes. La interpretación de la mayoría de las organizaciones populares que se oponen a esta imposición de una agenda es que las elecciones solo servirían para dar una apariencia de legitimidad a un gobierno cómplice de intereses extranjeros.

“Desde el golpe de Estado contra Aristide [el presidente derrocado en 1991], en Haití solo hemos tenido elecciones fraudulentas, donde países como Estados Unidos o Francia manipulan el proceso para colocar gobiernos sumisos en el poder. Hoy sucede lo mismo: están obligando al CPT a organizar elecciones para continuar con este mismo proyecto”, lamenta Elysée Luckner. Desafortunadamente, independientemente de si se desconfía o no de las buenas intenciones del gobierno de Donald Trump, el actual contexto de alta tensión en el Caribe, así como la posición central de Haití en este escenario, ofrece razones objetivas para temer otra ofensiva imperialista en la isla.Editado por: Rodrigo Durão Coelho

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