Pensamiento Crítico. La enorme brecha entre los jóvenes y las instituciones en Marruecos

Por Ihssane El Omri. Resumen Medio Oriente, 06 de octubre de 2025.

La relación entre la juventud marroquí y el Estado dice mucho sobre la brecha que se está ampliando hoy. Es todo el edificio institucional el que se tambalea a los ojos de una generación que ya no se reconoce en las estructuras existentes, percibidas como cerradas e indiferentes a sus preocupaciones.

La juventud marroquí está hoy en el centro de una paradoja histórica y demográfica que compromete el futuro del país. Representa aproximadamente un tercio de la población, es decir, casi 12 millones de personas de entre 15 y 34 años. En un Marruecos de 38 millones de habitantes, cuya edad media es de 30 años, esta categoría encarna tanto una oportunidad de desarrollo como una vulnerabilidad política.

Marruecos está viviendo una fase avanzada de su transición demográfica, el crecimiento del número de jóvenes se ralentiza, la fecundidad se sitúa en 2,3 hijos por mujer y la proporción de personas mayores aumenta gradualmente. Esta configuración corresponde a lo que los demógrafos llaman una “ventana de oportunidad demográfica”, un período durante el cual el aumento de la población en edad de trabajar podría convertirse en una palanca de crecimiento económico.

Sin embargo, lejos de transformar este potencial en dividendo, Marruecos deja a su juventud prisionera de un mercado laboral saturado y de instituciones fallidas.

El desempleo masivo y estructural atrapa a los jóvenes en la exclusión. Según las cifras del Alto Comisionado del Plan, el 33,4% de los jóvenes de 15 a 29 años están desempleados, con una tasa más alta en las zonas urbanas y entre los graduados de educación superior. Los graduados y las mujeres son los que más sufren esta exclusión.

Este desempleo estructural ilustra la quiebra de un modelo económico poco diversificado, donde los sectores con empleo estable no logran emerger frente al predominio de sectores volátiles y poco intensivos en mano de obra cualificada. Además, más de 4,5 millones de jóvenes de 15 a 24 años no tienen empleo, estudios ni formación (NEET), es decir, el 25% de los jóvenes. Esta exclusión masiva se traduce no solo en una ineficacia de las políticas de formación e inserción, sino también en una pérdida económica neta y un desperdicio de capital humano.

La relación entre la juventud marroquí y el Estado dice mucho sobre la brecha que se está ampliando hoy. Las cifras hablan por sí solas, según los resultados de la séptima ola del World Values Survey, el 42% de los jóvenes de 16 a 29 años dicen no confiar en las fuerzas armadas, el 51% en la policía, el 64% en el sistema judicial. La desconfianza hacia los políticos es aún más marcada: el 81% no confía en el gobierno, el 82% en los partidos políticos y el 74% no cree en las elecciones. Incluso la universidad, el 58% de los jóvenes no la ven como una institución creíble, el 56% de ellos son jóvenes de entre 16 y 24 años.

Es todo el edificio institucional el que se tambalea a los ojos de una generación que ya no se reconoce en las estructuras existentes, percibidas como bloqueadas e indiferentes a sus preocupaciones. Estas cifras, lejos de ser una simple observación estadística, revelan una ruptura de confianza que debilita el contrato social y alimenta a una juventud en busca de nuevos puntos de referencia. Marruecos vive así una situación de “crisis de representación”, los jóvenes, masivamente conectados y expuestos a una multitud de información cuya fiabilidad no siempre se verifica, no tienen un canal institucional para traducir sus peticiones en reformas concretas. Lo digital se convierte entonces en un ágora paralela, un espacio donde se desarrolla un contradiscurso político, fuera del ámbito oficial.

La historia reciente recuerda los peligros de la exclusión de los jóvenes. El papel de la juventud en los acontecimientos de 2011 en todo el mundo árabe es un brutal recordatorio de lo que representa una generación cuando se le priva de futuro. En Túnez, El Cairo, Sanaa o Rabat, fueron los jóvenes los primeros que salieron a la calle para exigir dignidad, justicia y libertad.

Marruecos, aunque relativamente a salvo de la radicalidad de los trastornos que han sacudido a sus vecinos, no ha escapado a esta dinámica. El movimiento del 20 de febrero, impulsado en gran medida por una juventud urbana y conectada, expresó reivindicaciones muy similares: fin de la corrupción, más justicia social, reformas democráticas y reconocimiento de los derechos fundamentales.

Si bien las reformas institucionales de 2011, en particular la nueva Constitución, permitieron contener la protesta, no respondieron a las expectativas subyacentes. La juventud que ocupó los lugares públicos y animó los debates en línea no solo buscaba un cambio de texto, sino una transformación real del sistema económico y político, una apertura que les permitiera proyectarse en su propio país.

Catorce años después, las reivindicaciones siguen siendo las mismas, pero más sociales que ideológicas. Desempleo masivo, desigualdades, calidad degradada de la educación y la salud, falta de movilidad social y desconfianza en las instituciones. La juventud marroquí de hoy exige reivindicaciones, en primer lugar, sociales y elementales. Un hospital digno de ese nombre, una universidad que forma y abre perspectivas reales, una administración más transparente y justa.

La juventud no espera grandes revoluciones ideológicas, simplemente pide que el Estado cumpla su misión fundamental, la de garantizar servicios públicos de calidad y oportunidades de inserción. La juventud solo reclama lo que le corresponde por derecho, y es precisamente esta legitimidad la que hace aún más escandalosa la represión a la que está sometida.

El Hirak del Rif en 2016 cristalizo esta contradicción. Miles de jóvenes han salido a la calle no para reclamar la caída del régimen, sino para denunciar el abandono de una región, la ausencia de hospital, la injusticia social, el desempleo endémico. Sin embargo, su protesta terminó en fuertes condenas, hasta veinte años de prisión. Incluso cuando las reivindicaciones de los jóvenes se inscriben en el campo social y evitan el terreno político frontal, se enfrentan a un aparato de seguridad que las lee como una amenaza existencial.

La brecha entre las aspiraciones legítimas y la represión revela una juventud debilitada por su falta de enlaces institucionales y supervisión. Expresa demandas justas, pero a menudo sin organización ni estrategia política estructurada. El déficit de experiencia y la incapacidad de transformar la ira en un proyecto concreto debilitan el alcance de las movilizaciones. Las reivindicaciones aparecen entonces difusas, a veces vagas y desconectadas de un plan de acción coherente.

En este vacío, la violencia se convierte en un lenguaje de sustitución, ya sea en la reacción desproporcionada de las fuerzas del orden o en los desbordamientos de algunos manifestantes. Esta espiral debilita el sentido mismo de las movilizaciones y permite al poder criminalizar la protesta, presentando a la juventud como incontrolable, ilegítima, incluso peligrosa.

El resultado es un doble fracaso. Un fracaso del Estado que se niega a escuchar demandas mínimas y las convierte en problemas de seguridad, y un fracaso de la juventud que, a falta de marcos y visión estratégica, ve sus demandas sofocadas y sus portavoces rotos por la represión. Sin embargo, este círculo vicioso es el producto de una relación bloqueada entre una generación ávida de dignidad social y un sistema institucional incapaz de reconocerla de otra manera que como una amenaza.

Fuente: Heize Gorriak

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