Kenia. La Fundación Gates retira el acuerdo de país anfitrión con Kenia tras un desafío legal y la presión pública

por Nicolás Mwangi, Peoples Dispacht / África en Resumen, 17 de abril de 2025.

foto: Bill Gates. Foto: Wiki Commons

Ante la suspensión judicial de sus privilegios de estilo diplomático y la creciente reacción nacional, la Fundación Gates ha optado por abandonar su estatus legal especial en Kenia.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha retirado oficialmente su Acuerdo de País Anfitrión con el Gobierno de Kenia, citando batallas legales y el creciente escrutinio público en el país como impedimentos a su misión filantrópica.

El Tribunal Superior suspende privilegios en medio de una petición legal

Esta medida se produce tras una orden de conservación emitida por el Tribunal Superior de Kenia el 25 de noviembre de 2024, que suspendió temporalmente los privilegios e inmunidades otorgados a la Fundación Gates en virtud de la Ley de Privilegios e Inmunidades. Esta orden se produjo después de que el Colegio de Abogados de Kenia (LSK) presentara una petición impugnando la legalidad y las implicaciones del acuerdo.

En su fallo, el juez del Tribunal Superior prohibió a la Fundación y a su personal disfrutar de privilegios o inmunidades en virtud de la Ley o de cualquier acuerdo de cooperación con el gobierno keniano, hasta que el caso se haya visto y resuelto por completo. El tribunal enfatizó la necesidad de considerar las cuestiones constitucionales planteadas por la LSK, en particular las relativas a la transparencia y el debido proceso legal.

Un acuerdo polémico

El acuerdo en cuestión se firmó el 4 de octubre de 2024, cuando el gobierno keniano, en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Privilegios e Inmunidades, otorgó a la Fundación Gates un estatus especial. La decisión fue aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros. En virtud de este acuerdo, la Fundación habría adquirido la personalidad jurídica de una persona jurídica en Kenia, con capacidad para celebrar contratos, interponer y defender procedimientos legales, y adquirir o enajenar propiedades. Además, la Fundación y su personal quedarían exentos de impuestos directos sobre salarios y otras prestaciones, lo que les otorgaría inmunidad diplomática.

Reacción pública y preguntas sobre los criterios utilizados

La extensión de tales privilegios a una organización filantrópica privada generó un amplio debate público. Los kenianos cuestionaron la lógica y los criterios utilizados para otorgar inmunidad a la Fundación Gates, señalando que tales disposiciones se reservan tradicionalmente para embajadas extranjeras, organizaciones internacionales y agencias de la ONU. También se expresó preocupación por la rendición de cuentas y el posible abuso de poder por parte de un actor no estatal extranjero que opera con escasa supervisión.

Los partidarios del acuerdo argumentaron que la reputación mundial de la Fundación y sus inversiones en salud, agricultura y educación en Kenia justificaban el acuerdo legal, que según ellos mejoraría las asociaciones para el desarrollo.

Sin embargo, grupos de la sociedad civil, expertos legales y sectores de la ciudadanía consideraron el acuerdo un precedente peligroso, que podría socavar el orden constitucional y la rendición de cuentas democrática de Kenia. Enfatizan que ninguna entidad privada, por muy bienintencionada que sea, debe quedar al margen de las leyes nacionales.

En una breve declaración difundida por diversos medios de comunicación, el director de la fundación en África, el Dr. Paulin Basinga, reconoció su decisión de retirarse del acuerdo, afirmando:

El proceso legal en torno al Acuerdo con el País Anfitrión ha desviado la atención de nuestra misión principal. Para mantener el enfoque en nuestro trabajo y nuestras alianzas en Kenia, continuaremos con las operaciones de nuestra sucursal en el país, pero nos distanciaremos del Acuerdo con el País Anfitrión. Durante el proceso judicial de esta mañana, se informó al tribunal que la Fundación Gates y el Ministerio de Asuntos Exteriores se han retirado mutuamente del Acuerdo con el País Anfitrión.

Sin embargo, el Tribunal Superior ha dado al gobierno un plazo de 21 días para demostrar que ha revocado oficialmente los privilegios diplomáticos concedidos a la Fundación Gates en virtud del disputado Acuerdo con el País Anfitrión.

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