Brasil. Paes quiere aprender del modelo de seguridad de El Salvador, que ha acumulado violaciones a los derechos humanos
Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.
Centro de Internamiento Terrorista (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 4 de abril de 2025 – Marvin RECINOS / AFP
La enorme prisión de El Salvador se ha utilizado para deportar a inmigrantes estadounidenses
Con la intención de postularse a la gobernación de Río de Janeiro, el alcalde de la capital, Eduardo Paes, anunció que pretende visitar El Salvador, para conocer el modelo de seguridad implementado por el gobierno ultraderechista de Nabil Bukele , que ha acumulado denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El Centro de Internamiento del Terrorismo (Cecot), un gigantesco centro penitenciario en El Salvador conocido por sus duras condiciones de detención, ha comenzado a ser utilizado para la deportación de inmigrantes, tras un acuerdo alcanzado entre Bukele y el presidente estadounidense, Donald Trump. Tanto Bukele como Trump compartieron imágenes de presos encadenados, con la cabeza rapada y amarrada, y rechazaron las protestas de jueces y opositores ante las violaciones de derechos humanos cometidas en esa prisión.
Aceptar a los deportados de Trump en la megacárcel Cecot acercó a Bukele a la Casa Blanca, y sirvió de propaganda para el centro penitenciario con capacidad para 40.000 personas, que ha atraído el interés de otros gobiernos de ultraderecha, como el de Argentina .
Desde que llegó al poder en 2019, el gobierno de Bukele ha arrestado a casi el 2% de la población del país, unos seis millones de personas, mediante órdenes judiciales y demandas. Más de 75.000 personas han sido arrestadas en la política denominada “guerra contra las pandillas”.
La semana pasada, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a Estados Unidos y El Salvador de la “desaparición forzada y detención arbitraria” de más de 200 venezolanos. “Las desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, en un comunicado.
caso emblemático
A principios de abril, la Casa Blanca se vio obligada a admitir que, debido a un “error administrativo”, un salvadoreño residente en Estados Unidos bajo protección legal fue involucrado en un proceso de deportación y enviado a la prisión de Bukele. El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, casado con una ciudadana estadounidense y padre de un niño pequeño, se ha vuelto simbólico. Fue una de las más de 250 personas expulsadas a El Salvador el 15 de marzo por la administración Trump, la mayoría de ellas acusadas de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que Washington ha declarado una organización “terrorista”.
Aun reconociendo que en 2019 un tribunal revocó permanentemente la posibilidad de expulsión de García a El Salvador, la Casa Blanca argumenta que, debido a que está detenido en una prisión salvadoreña, no le corresponde a Estados Unidos traerlo de regreso. A su vez, Bukele afirmó, durante una reunión con Trump el lunes (14), que no tiene la “facultad” de enviarlo de regreso a Estados Unidos.
Sin mencionar su nombre, Trump volvió a afirmar el lunes por la noche que Ábrego García es un “miembro de la pandilla MS-13” y un “terrorista extranjero”.
En una audiencia el martes (15) en Greenbelt, cerca de Washington, un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el Poder Ejecutivo está dispuesto a dejarlo ingresar al país “si se presenta en persona en la frontera”.
Antes de la audiencia, su esposa pidió a Donald Trump y Bukele que dejen de “jugar políticamente con la vida de Kilmar”. “Hoy se cumplen 34 días de su desaparición”, insistió Jennifer Vásquez Sura a la prensa. “No dejaré de luchar hasta verlo con vida”, añadió, junto a decenas de manifestantes que acudieron en su apoyo.
La semana pasada, la Corte Suprema confirmó el fallo de un juez de un tribunal inferior que ordenó a la administración Trump “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García a Estados Unidos.
Esta jueza, Paula Xinis, solicitó un informe diario sobre el paradero y la situación del salvadoreño, y sobre las acciones realizadas o previstas para “facilitar su regreso”.
«Pero recibí muy poca información interesante», se quejó Xinis al Ejecutivo. “Hay una enorme brecha entre lo que usted dice y el estado actual del asunto”, añadió.
La administración Trump publicó el sábado una declaración escrita de un funcionario del Departamento de Estado confirmando por primera vez que está “vivo y a salvo” en prisión en El Salvador. Agregó que “se encuentra detenido allí de acuerdo con la soberanía” de ese país, pero no proporcionó información sobre las medidas adoptadas o previstas para su regreso.
Gobierno marcado por el autoritarismo
Elegido en 2019 con la promesa de mano dura para gobernar, Bukele autorizó a las Fuerzas Armadas a invadir el Congreso al año siguiente. En 2021, aprobó leyes que permiten al Ejecutivo intervenir en la Corte Suprema del país, alterando el equilibrio entre poderes.
En 2022, Bukele declaró un estado de excepción que suspendió las garantías constitucionales y generó numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, sin orden judicial, y muertes bajo custodia estatal. Buekele fue reelegido en 2024 en una campaña marcada por el miedo, el terror y una gran abstención .
Editado por: Leandro Melito

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