Chile. El gobierno ultraderechista de Milei quiere extraditar al ex Comandante Salvador, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

América Rebelde / Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2024.

Como ya lo está experimentando la clase trabajadora argentina, Milei nuevamente se pone al margen del derecho, y de toda norma jurídica, y esta vez del derecho internacional humanitario.

Si hace algunas semanas Milei atentó contra el asilo político de la Familia Villalba (Cármen es prisionera política paraguaya desde hace años) deteniendo a parte de la misma para luego quedar varias integrantes de la familia en libertad. Sin embargo siguieron las tratativas para despojarlas de la condición de refugiadas políticos, ahora es el turno del chileno Sergio Galvarino Apablaza ex comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR.

Patricia Bulrich, ministra del Seguridad de Milei ya ha señalado que el gobierno trabajará intensamente para lograr la extradición del Comandante Salvador a Chile para ser juzgado en el ajusticiamiento del senador fascista Jaime Guzmán ocurrido el 1º de abril de 1991, operación realizada por un comando del FPMR. 

Cabe señalar que el abogado de la familia Guzmán y del partido fascista UDi en este caso es el abogado Luis Hermosilla que en la actualidad está siendo investigado y llevado a tribunales por casos de corrupción y «ganar» muchos de sus casos con prácticas al margen del derecho. Este elemento es fundamental por que uno de los argumentos del ex comandante Salvador sea precisamente que las condiciones político-jurídicas no estaban dadas en Chile existiendo una condena contra su persona previa a cualquier juicio.

Esta no es la primera oportunidad en que los gobiernos de Milei y de Boric han cooperado en la persecución de luchadores sociales, de revolucionarios. Ya se dió la extradución desde Argentina del dirigente mapuche Facundo Jones Huala y ahora intentarán que sea el turno del comandante Salvador. 

La falta de condiciones políticas y de imparcialidad de los tribunales para juzgar a revolucionarios en Chile lo da la misma historia y realidad chilena. Fue precisamente el poder político, la Concertación como coalición “progresista”, la que pactó durante la transición a la democracia la impunidad para el generalato y para la Junta Militar en los casos de crímenes contra la humanidad. Todos los integrantes de la Junta Militar y del empresariado (Los Generales Civiles del Golpe de Estado y de la Dictadura) quedaron en la más plena impunidad, y los funcionarios políticos y sus partidos pasaron a integrar el parlamento bajo el rótulo de “partidos democráticos”. Entre esos criminales se encontraba el ex senador Jaime Guzmán. 

Pero quizás el hecho que más demuestra la complicidad del progresismo en la impunidad de los asesinos fue el rescate que hiciera la Concertación, bajo el gobierno de Eduardo Frei, de Pinochet desde Inglaterra que iba ser juzgado por la justicia internacional. Lo que la Concertación no dice es que Pinochet se encontraba en «comisión de servicio» a pedido del gobierno de Chile para negociar compra y venta de armas a nombre del propio gobierno. 

Pero si buscamos en hechos recientes para fundamentar la acusación de no contar con las condiciones políticas de un juicio imparcial están todos los juicios a los revolucionarios mapuches que están plagados de montajes, pruebas falsas y de testigos sin rostros violando todas las normas nacionales e internacionales del debido proceso. 

A través de esta página, América Rebelde llama a la solidaridad activa por la vida y libertad de la Familia Villalba y de Sergio Galvarino Apablaza ambos refugiados políticos. El derecho internacional humanitario se debe respetar y no puede haber gobierno fascista alguno que lo irrespeto aun en complicidad de los progresistas que han asumido el rol de custodios del capital.