Argentina. Día de la Memoria: una misma plaza, dos documentos y una multitud que durante horas desfiló recordando a los 30 mil y maldiciendo al gobierno del ajuste y el hambre

Resumen Latinoamericano, 24 de marzo de 2024.

DOCUMENTO DEL ESPACIO QUE CONTIENE A ORGANISMOS DE DD.HH, ORGANIZACIONES SOCIALES LIGADAS A LA UTEP Y ORGANIZACIONES SINDICALES

A 48 años del golpe genocida volvemos a reunirnos en la Plaza de Mayo y todas las plazas del país. Llegamos hasta acá, como siempre, para gritar bien fuerte: ¡SON 30.000! ¡ESTÁN PRESENTES! ¡FUE GENOCIDIO! ¡Y ESTE PUEBLO YA DIJO NUNCA MÁS!

Hoy es una jornada histórica, con movilizaciones masivas, y es una demostración de que el Pueblo está de pie frente a este gobierno neofascista. Necesitamos fortalecer la unidad y la organización para defender la democracia.

Nuestros familiares, compañeros y compañeras luchaban por una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y soberana. Por eso se los llevaron. Las mismas banderas tomamos los organismos de derechos humanos en pleno genocidio, cuando salimos a enfrentar a la dictadura más sangrienta. Y así lo hacemos hoy, porque el gobierno de Milei viene por todo: por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad.

Hace 48 años, los genocidas, militares y civiles tomaron el poder en la Argentina para imponer, con el terrorismo de Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la profundización de la desigualdad social y con ella la miseria planificada, como denunció Rodolfo Walsh. Las mismas corporaciones que se beneficiaron entonces, son las que vuelven a hacerlo hoy, con la misma receta neoliberal y la misma crueldad y desprecio por el pueblo argentino.

El 24 de marzo de 1976 se instaló el terror en nuestra Patria, en el marco del Plan Cóndor, la estrategia de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos. Antes, la organización terrorista parapolicial conocida como la Triple A ya había desatado una cacería de militantes, y por sus crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo. Esta represión incluyó a hombres y mujeres de diferentes credos que no disociaron su fe del compromiso con el pueblo. Uno de ellos fue el Padre Carlos Mugica, a quien recordamos a 50 años de su martirio. Su causa perdura en estos tiempos de injusticia social.

Aquí, en nuestro suelo, la dictadura cívico-militar sistematizó la persecución política, las torturas, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los centros clandestinos de detención y exterminio.

La construcción del enemigo interno fue el paso previo a la masacre. El sector financiero y agroexportador, junto con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el respaldo de la Iglesia, la corporación judicial y el aparato mediático, fueron sus responsables, no sólo de ejecutar el plan represivo, sino también de la destrucción de la industria, del Estado de bienestar y la entrega de soberanía. El neoliberalismo salvaje que impulsaban sólo podía imponerse quebrando la enorme organización social alcanzada, por eso desplegaron una feroz represión contra trabajadores, estudiantes, militantes y campesinos, generando terror en toda la sociedad, para despojar de derechos, disciplinar y empobrecer a las mayorías populares.

Tras la recuperación de la democracia, y con los hitos claves del gobierno de Alfonsín, como el Informe Nunca Más de la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares, vivimos en un permanente enfrentamiento entre dos modelos de país. El neoliberal, encarnado por Menem y De La Rúa en los años 90, que profundizó la política económica de la dictadura y que terminó en la rebelión y la represión del 2001, cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles a defender su dignidad. Y fue nuestro pueblo, también, el que sufrió los 39 asesinados por las Fuerzas de Seguridad, mientras los artífices del desastre continuaron impunes.

Los proyectos transformadores que surgieron del 2001 tuvieron que ver con la organización popular, la movilización y las asambleas, las fábricas recuperadas, el movimiento de desocupados, y un modelo nacional y popular con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de ampliación de derechos que, sin embargo, no pudo consolidarse de manera sostenida.

Después, con Macri volvieron el neoliberalismo, el endeudamiento y el FMI. Sus responsables aún siguen impunes y muchos integran el actual gobierno o son sus socios. El mismo plan económico es el que hoy ejecuta el gobierno de Milei y Villarruel, que empuja a la pobreza y al sufrimiento a la mayoría del pueblo. Argentina no es su Patria. Para ellos, la única Patria que existe es la patria financiera.

Un día como hoy, hace 20 años, Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar y luego, en la ESMA, dijo una frase que quedó grabada en el corazón del pueblo argentino: “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”.

Con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se reiniciaron los juicios a los genocidas en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, algo que es visto como ejemplo en el mundo. Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura: se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen siendo juzgados sus responsables militares y civiles.

Desde entonces, han pasado 18 años: más de 1.100 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad en más de 300 sentencias. Pero, lamentablemente, sólo una de cada tres está firme por las dilaciones del Poder Judicial, que también existen en el desarrollo de los juicios.

Quienes sostuvieron este proceso, con su esfuerzo han sido los sobrevivientes, ex presos y presas políticas, familiares, organismos de derechos humanos y la sociedad comprometida con la verdad y la justicia. Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencia, incluso en las propias Fuerzas Armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene mezclar a los militares en cuestiones internas. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos.

Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos JUICIO Y CASTIGO YA.

Y seguimos reclamando y preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DE NUESTROS DESAPARECIDOS? ¿DÓNDE ESTÁ JULIO LÓPEZ?

Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad. Los detenidos son menos de 700 y más del 75 por ciento están en arresto domiciliario.

Luego de 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad seguimos exigiendo JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES; CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA. Se trata de crímenes atroces: desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés, vuelos de la muerte. Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional.

La democracia argentina tiene una enorme deuda: restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de entre 41 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas de Plaza de Mayo y a sus familias legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a ellas y puedan transitar el camino de la verdad.

Hagámoslo también por sus hijos e hijas, los bisnietos de las Abuelas, que hasta tanto sus padres y madres no conozcan su historia, ellos tampoco. Cortemos de una vez esa genealogía falsa que les impuso el terrorismo de Estado, arrebatándolos de sus madres, apropiándolos como si fueran un botín de guerra, sumiendo a sus familias en la más completa incertidumbre y condenándolas a una búsqueda eterna.

¿DÓNDE ESTÁN LOS NIETOS Y NIETAS QUE BUSCAN LAS ABUELAS, QUE BUSCAN SUS HERMANOS Y HERMANOS, SUS FAMILIAS?

Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas.

Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras. Repudiamos los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y exigimos su inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público.

Asimismo, exigimos la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos y la preservación de los Sitios y Espacios de Memoria, lugares fundamentales para la educación, archivo, protección patrimonial y promoción de derechos en todo el país.

Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado.
¡SON 30.000! Son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha.
Y casi medio siglo después, seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN?
¡ROMPAN LOS PACTOS DE SILENCIO!

Desde la instalación de la Libertad Avanza como una fuerza con representación política e institucional se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia.

El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando, de manera brutal y acelerada, el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada de Martínez de Hoz.

A días de asumir, instrumentaron una devaluación que significó una pérdida enorme para los salarios y jubilaciones. Pretenden desmantelar el sistema laboral, previsional y de la seguridad social con las peores recetas del neoliberalismo. Han arrancado partes enteras del Estado destinadas a la ayuda social. Han interrumpido el envío de alimentos a los comedores populares. Es necesario que se restablezcan de inmediato. Está claro: lo único que genera este plan son ganancias extraordinarias para unos pocos y hambre para la mayoría. En los barrios populares se vive una emergencia humanitaria sin antecedentes en nuestra patria.

Le recordamos a este gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna. A los representantes del pueblo, diputados, diputadas, senadores y senadoras, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad absoluta.

Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política y a posiciones de gestión. Especialmente grave es que la conducción política de las Fuerzas Armadas la ejercen hoy, en puestos claves, militares retirados, y que la conducción de la AFI también está en cabeza de militares. Este avance castrense merece mayor conocimiento y atención pública.

Defendemos los derechos humanos, la construcción democrática y la Constitución Nacional. Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo. Es una extorsión y una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado.

Defendemos la educación y la salud pública y denunciamos su vaciamiento, como también de todos los organismos de la ciencia y la cultura. Recortan políticas para la igualdad de género e intentan prohibir el lenguaje inclusivo, ignorando la potencialidad del movimiento de mujeres y del colectivo de la diversidad sexual.

Pretenden privatizar las empresas del Estado. La Patria no se vende: se defiende. Las empresas del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas para transformar al país en una colonia, muchas empresas y entidades públicas, como el Banco Nación, no sólo son estratégicas para el desarrollo nacional, además son rentables.

El gran desafío de nuestro pueblo y el reclamo al gobierno nacional y a las provincias es la lucha contra el hambre. No es posible que en nuestro país, que es productor de alimentos, haya niños y niñas pasando hambre, o jubilados que dependen de su familia para alimentarse o comprar medicamentos.

La deuda externa es impagable e inmoral. Es mentira que no hay plata. Se deben investigar los préstamos del FMI que contrajo Mauricio Macri para facilitar y acelerar la bicicleta financiera. Ese dinero nunca llegó al pueblo. Volvemos a denunciar la fuga de capitales del país. La deuda es con el pueblo y no con el FMI. Patria sí, colonia no.

El desprecio de este gobierno sobre la soberanía es sistemático. ¡Las Malvinas son argentinas! Continuaremos reclamando el derecho del pueblo a su integración nacional, defendiendo nuestra soberanía frente a la ocupación británica y la base militar de la OTAN.

¡Tenemos 30.000 razones para defender la Patria!

¡Nunca Más miseria planificada!

La Unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidades debe ser mandato urgente para organizar la resistencia y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento.

Pedimos a los gobernadores que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el territorio nacional y los recursos naturales, que revean los contratos de las empresas mineras, el extractivismo y saqueo de recursos naturales. Se llevan todo y dejan contaminación, pobreza y hambre. Que respeten a los pueblos originarios, sus culturas y sus tierras comunitarias. El Gobierno de Milei intenta derogar la ley de tierras que puso un freno a los capitales extranjeros para la adquisición de territorios, muchos de los cuales pertenecen a las comunidades de pueblos originarios, que viven permanentes situaciones de desalojos y persecución.

Vemos en el gobierno de Milei actitudes de extrema crueldad y violencia hacia quienes piensan distinto. Niega los aportes que los movimientos populares, de las mujeres y los organismos de derechos humanos hemos realizado a lo largo de estos 40 años de democracia.

¡Un gobierno que no está al servicio del pueblo, está en contra del pueblo!

La erradicación de la violencia institucional sigue siendo una deuda. La impunidad de los crímenes de la dictadura, permitida durante años, tuvo sus consecuencias en la democracia.

Este gobierno ha puesto en marcha un protocolo represivo destinado a impedir el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social. Así como hicieron en el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana. Las decenas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado. Repudiamos la persecución en Jujuy a la población que lucha por sus derechos y en particular la desatada contra Roque Villegas, Lucía González y Nahuel Morandini y reclamamos su inmediato desprocesamiento.

Seguimos reclamando justicia por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel y de todas las víctimas de la violencia institucional y represión ilegal. Rechazamos enérgicamente la doctrina Chocobar que pretenden volver a imponer con más ferocidad. Reclamamos el compromiso con una seguridad democrática.

¡Libertad ya para Milagro Sala, presa política!

Repudiamos la brutal agresión sufrida por una integrante de la Agrupación H.I.J.O.S., nos solidarizamos con ella y exigimos a las autoridades competentes investigación y castigo a los responsables. Este atentado vuelve a poner en riesgo los avances consagrados en materia de derechos humanos a lo largo de cuarenta años de democracia. Los más elementales de ellos: la vida, la integridad, la libre expresión se encuentran amenazados y violentados.

¡Nunca Más el odio, Nunca Más la violencia política!

Reafirmamos el compromiso con los derechos humanos que nos atraviesan cotidianamente: la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la cultura y el trabajo. Y también con las infancias y la juventud. Con la sociedad, el Estado y el medioambiente que les dejamos. Debemos fortalecer los valores fundamentales de los derechos humanos, de la solidaridad y la protección colectiva.

Ante el fuerte deterioro de las condiciones de vida en nuestro país, gran parte de la población apoyó una propuesta negacionista, autoritaria y que, finalmente, gobierna en contra de los intereses del pueblo. No nos resulta indiferente y nos interpela. Será preciso ampliar y reformular el movimiento político y social, y la construcción colectiva que permita trazar nuevos horizontes.

Vamos a seguir cuidando la democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos homenajeando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad.

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DOCUMENTO DEL ESPACIO DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA Y ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y SINDICALES DE LA IZQUIERDA

A 48 años del golpe de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio unitario e independiente de todo gobierno y del Estado, decimos: son 30.000; fue y es genocidio. Y como Milei, Villarruel y La Libertad Avanza niegan esos crímenes y reivindican a la dictadura, repetimos: son 30.000; fue y es genocidio.

El terror del Estado empezó antes del golpe, bajo el gobierno del PJ, con la Triple A, la CNU y otras bandas fascistas, y el Operativo Independencia. Luego la dictadura desapareció y asesinó a miles de militantes. Robó cientos de bebés. Montó grupos de tareas, vuelos de la muerte, fosas comunes y centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Cerró el Congreso, suspendió y prohibió a los partidos. Intervino los sindicatos. Disolvió los centros de estudiantes y otras organizaciones sociales. Censuró a la prensa, la ciencia y el arte. Por eso volvemos a repudiar sus crímenes y a reivindicar a las y los compañeros detenidos-desaparecidos y sus luchas.

La dictadura y los sucesivos gobiernos buscaron sostener la impunidad. Pero con las Madres de Plaza de Mayo al frente y la lucha popular, enfrentamos cada intento. La autoamnistía militar. El punto final y la obediencia debida de la UCR. Los indultos. Y la derogación trucha de las leyes de impunidad. Pero con años de lucha y la rebelión de diciembre de 2001, en 2003 logramos anular ambas leyes y reabrir los juicios. Y en 2017 derrotamos el 2×1 de la Corte para beneficiar a los genocidas. A septiembre pasado, último dato oficial, hay 1.159 represores condenados y 419 bajo proceso. Es una gran victoria. Y aunque Alberto propuso “dar vuelta la página”, seguimos luchando por juicio y castigo a todos los genocidas y contra la impunidad.

* Como el Estado sigue sin abrir todos los archivos de la represión, igual que la Iglesia Católica, exigimos su apertura completa de 1974 a 1983.

* Como las Abuelas y la lucha popular recuperaron a 133 nietes pero son más de 400, exigimos restituir su identidad a tode joven apropiade.

* Como 1.143 de los enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biológica, exigimos acelerar y unificar las causas de lesa humanidad.

* Como el 77% de los condenados está en su casa, goza de salidas ilegales y fiestas de cumpleaños, exigimos cárcel común, perpetua y efectiva. No a las domiciliarias.
* Como las ex presas y presos políticos o exiliados, sobrevivientes, hijas e hijos reciben pensiones mínimas, exigimos al Estado cumplir las leyes reparatorias.

* Como se entregan predios públicos de la ESMA a instituciones privadas, exigimos declararlos sitios de memoria.

* Como siguen las razzias y detenciones arbitrarias, femicidios de uniforme, redes de trata, desapariciones en democracia, torturas y muertes en sitios de detención, exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo.

* Como los gobiernos nacional y provinciales criminalizan aún más la protesta social, como lo vimos ayer con la represión de Morales en Jujuy, u hoy con la persecución a dirigentes piqueteros en Mendoza, decimos: Basta de represión. Abajo el protocolo de Bullrich. Cierre de todas las causas por luchar. Anulación de las condenas a César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero. Libertad a David Guillén, Alberto Nallar, Matías Santana, Milagro Sala y demás presas y presos políticos.

* Y como Bullrich y el gobernador Pullaro aprovechan el flagelo narco para actuar como Bukele, aplicar las llamadas “leyes antiterroristas”, reformar la Ley de Seguridad Interior, meter tropas yanquis en el Paraná y militarizar Rosario con apoyo de los demás gobernadores, junto a la docencia rosarina decimos: “La violencia narco se combate cortando sus vínculos con sectores del poder político, policial y económico, y con respuestas de fondo a los graves problemas de pobreza y desigualdad”. No a la militarización.

Ajuste y represión siempre van juntos. A la dictadura la bancaron el imperialismo, el FMI y las corporaciones, la burguesía local y la cúpula de la Iglesia. Derrotaron el ascenso de luchas obreras y populares para instaurar un modelo de mayor explotación y dependencia. Multiplicaron por siete la deuda externa. Y estatizaron la deuda privada de los mismos pulpos a quienes se sigue favoreciendo, como Techint, Ledesma, Molinos, Mercedes Benz y otros. Como decía Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Todos los gobiernos posteriores pagaron esa deuda ilegal con privatizaciones, ajuste y entrega. En 2018, Macri pactó un préstamo de 57 mil millones de dólares, el más alto en la historia del FMI, que se fugaron vía los bancos. El Frente de Todos se decía distinto, pero ratificó esa estafa en el Congreso, la siguió pagando y aceptó el monitoreo del FMI. Y lo mismo Milei, servil al Fondo si los hay. Pagamos y pagamos, pero hoy la deuda supera los 500 mil millones de dólares: 10 veces la cifra de 1983. Por eso decimos: No pago. Plata para las necesidades sociales. Fuera el FMI, los fondos buitre y demás usureros internacionales.

Milei y su gobierno son ultraderechistas y negacionistas, y lo son en todo sentido:

* Milei y Villarruel niegan los 30.000 y el genocidio, cuando los propios informes militares, luego desclasificados, reconocían 22.000 muertos en 1978, cinco años antes del fin de la dictadura. La reivindican, desmantelan los sitios de memoria y las áreas de derechos humanos, cierran el programa de TV de las Madres y promueven desfiles militares para reconciliarlos con el pueblo.

* Milei niega los derechos sociales. Con Pettovello dejan sin comida a los comedores comunitarios y atacan a les trabajadores con Potenciar Trabajo y otros planes sociales para debilitar a los movimientos populares.
* Milei niega los derechos sindicales. Busca socavar a los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados, alentando su desafuero; ataca el derecho de huelga y hasta militariza empresas y asambleas.

* Milei niega los derechos previsionales. Quiere sacar del sistema a cuatro millones de jubilados con moratorias y, con otros bloques, niega la fórmula de actualización.

* Milei niega el derecho a la salud y hasta la epidemia de dengue. Ataca la salud pública y alienta el negocio privado de las prepagas, cadenas de farmacias y grandes laboratorios.

* Milei niega el derecho a la educación, la cultura y la investigación científica. Ataca la escuela y la universidad públicas, el INCAA, el CONICET y otros entes estatales.

* Milei niega los derechos de la niñez, juventud y personas con discapacidad. Quiere bajar la edad de imputabilidad y cerrar la Agencia de Discapacidad, desarticula los programas sectoriales y hasta se burla del síndrome de Down. No al capacitismo.

* Milei niega los derechos de las mujeres, lesbianas, bisexuales, gays, travestis-trans y no binaries. Desconoce el femicidio, ataca el derecho al aborto, la ESI, cierra el INADI, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y prohíbe el lenguaje inclusivo y el femenino. Aparición con vida de Tehuel.

* Milei niega los derechos políticos. Se dice anti-casta, pero es parte, gobierna y pacta con ella y quiere una reforma política totalitaria que legaliza el financiamiento empresarial, anula la representación proporcional y proscribe a las minorías.

* Milei niega los derechos laborales. Con Caputo y los gobernadores echan a miles de estatales y permiten los despidos en el sector privado, hunden los sueldos, reducen el salario familiar y quieren una reforma laboral con más precarización y convenios por empresa, a gusto de las patronales.

* Milei niega la crisis climática y los derechos ambientales. Junto a los gobernadores, profundiza el extractivismo: o sea agronegocio, megamineria, fracking, extracción de litio y áreas costa afuera, que nos saquean, contaminan y empobrecen. Y en varias provincias entregan el manejo del agua a la empresa sionista Mekorot.

* Milei niega los derechos de los pueblos originarios. Profundiza el racismo y la xenofobia del Estado, incumple la Ley 26.160 y los tratados internacionales, cierra el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y, con los gobernadores, criminaliza y desaloja comunidades de sus territorios ancestrales. Pero las 58 naciones indígenas preexistentes existen y resisten.

* Milei niega los derechos soberanos. Su Pacto de Mayo es más sumisión y miseria planificada. Es servil a Estados Unidos, Israel y las corporaciones; busca extranjerizar las tierras, alienta retiros y despidos en Aerolíneas y GPS, comparte ejercicios militares con el imperialismo yanqui y reniega de nuestra soberanía en Malvinas y “de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré”.

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* Milei niega los derechos democráticos. Con Bullrich dictan protocolos represivos y de doctrina Chocobar, quieren endurecer el Código Penal y reprimen con gases nocivos y disparos a los ojos. Además gobiernan a decretazos, avasallan al Congreso y las provincias, cierran Télam e intentan cambiar esta ya limitada democracia capitalista por un régimen político mucho más autoritario, un estado de excepción de hecho, para imponer más ajuste y entrega.

Pero ni Milei ni su plan cayeron del cielo. Las políticas antipopulares y antinacionales vienen de gobiernos anteriores, ahora agravadas. Y hay responsabilidad política de los gobiernos del PJ. Hablaban de derechos humanos, pero los banalizaron, ajustaron, reprimieron y nos trajeron el Proyecto X, al genocida Milani y las leyes “antiterroristas” que Bullrich aplica hoy en Rosario. Y tras el desastre de Mauricio Macri prometían “volver mejores”, pero nos trajeron a Berni -el represor de Guernica y otras luchas-, arrugaron con Vicentín y adoptaron la agenda de la derecha. Por ejemplo, dejaron a miles de estatales con contratos basura, facilitando los despidos de hoy. Así frustraron las expectativas populares y le terminaron abriendo la puerta a Milei.

Y Milei tiene complicidades. Discursos y tironeos aparte, todos los gobernadores aplican medidas similares y le aseguran gobernabilidad, junto al Poder Judicial y los partidos patronales. La inflación no para y el salario y la jubilación mínimos están bajo la línea de indigencia. Por eso decimos: ¡Abajo el plan de ajuste, entrega y represión de Milei y los gobernadores! Y a la dirigencia de la CGT y las CTA, que ante la bronca social llamaron al paro el 24 de enero y ahora dicen “preparar” otro, les decimos: ¡Basta de dar vueltas! Pónganle fecha ya a un paro general activo y un plan de lucha hasta derrotar el DNU y todo el plan de Milei, que ya no va más.