México. Juez absuelve a 2 involucrados del caso Ayotzinapa
Resumen Latinoamericano, 19 de mayo de 2023.
Un juez absolvió del delito de delincuencia organizada a dos involucrados en el caso Ayotzinapa, al considerar que no se demostró que pertenecieran al grupo Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014. No obstante, los dos seguirán en prisión por otras acusaciones.
Así lo indicó el miércoles una autoridad del poder judicial que pidió el anonimato por no contar con autorización para hacer declaraciones. Dijo que la absolución también se debe a que se excluyeron pruebas “obtenidas con violación de derechos fundamentales”.
La fiscalía federal no respondió de momento a una solicitud de comentarios, pero podría apelar la decisión.
Uno de los absueltos del cargo de crimen organizado es José Luis Abarca, que en septiembre de 2014 era el alcalde de Iguala, la ciudad del estado de Guerrero donde tuvo lugar el ataque. Sin embargo, en el mismo fallo el exfuncionario fue condenado a 92 años de prisión por dos secuestros agravados ocurridos el año previo a la desaparición de los estudiantes.
El segundo absuelto es Sidronio Casarrubias, a quien las autoridades siempre han considerado uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Los estudiantes fueron capturados en Iguala por policías de esa localidad con el apoyo de otras corporaciones de seguridad locales, estatales y federales, así como de miembros del cártel local.
El móvil sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que está vinculado con el tráfico de heroína que realizaba el grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
Ocho años después de los hechos, sigue sin estar claro qué les pasó a los jóvenes tras el ataque, aunque la actual fiscalía asegura que miembros de las fuerzas armadas también participaron en los hechos y que funcionarios de todos los niveles ayudaron a ocultar información y obstruir la justicia.
Las irregularidades y la obtención de testimonios bajo tortura como parte de ese intento de ocultar la realidad han derivado en que decenas de personas hayan ido a parar a la cárcel, entre ellas el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, pero también han provocado que otros involucrados salgan libres por no respetarse el debido proceso.
En ese contexto los Padres y Madres de Ayotzinapa continúan su lucha por aparicion con vida de sus hijxs.
A más de ocho años de distancia del caso Ayotzinapa aún hay dudas, coraje, impotencia y la exigencia de respuestas sobre el paradero de nuestros estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa , Guerrero.

La desaparicion forzada de nuestros hijos ha sido uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México.
Y por ello, este 26 de mayo nuevamente, convocamos a que nos acompañen a la ciento cuatro acción global por Ayotzinapa y México.
¡ Porque vivos se los llevaron,vivos los queremos!
Los expedientes
Los documentos que los militares les niegan, según el GIEI, son expedientes generados por el Comando Regional de Fusión de Inteligencia-Iguala (CRFI), que los expertos solicitaron en 2020. De esta información, la Sedena ha entregado algunos folios incompletos
y fragmentados
, según han descrito.
El GIEI insistió desde su tercer informe, en febrero de 2022, que estos documentos, que el Ejército nunca compartió ni con ellos ni con la fiscalía especial, contienen las transcripciones completas de llamadas telefónicas interceptadas a miembros del crimen organizado, policías y militares involucrados.
A pesar de la importancia de estos datos, el Ejército nunca compartió esa información con los investigadores que habían llevado el caso, ni siquiera con la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.
Los documentos evidencian que el día de los hechos, por medio del centro regional, los militares conocieron en tiempo real que los estudiantes y actores estaban en determinadas ubicaciones y fueron trasladados en números pequeños a diversos lugares, y de la misma manera los posibles autores de los hechos
. También se apunta la posibilidad de que algunos de ellos pudieron haber estado vivos hacia el 4 de octubre.
Hasta ahora, la Sedena sostiene que los expedientes que solicita el GIEI no existen
y que el CRFI no funcionaba cuando se produjeron los hechos de Iguala, sino que fue creado apenas en 2015. En efecto, hay un boletín de la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado que da cuenta de la inauguración de un comando de fusión de inteligencia en Iguala en diciembre.
Las evidencias
Sin embargo, desde septiembre del año pasado, el GIEI tiene evidencias de que un comando con estas funciones de inteligencia operaba desde el interior del 27 batallón del Ejército en Iguala y realizaba intercepciones telefónicas desde antes del 26 de septiembre de 2014. También hay indicios de que estas conversaciones están transcritas y archivadas en folios seriados.
Para demostrarlo, en su conferencia de prensa del pasado 31 de marzo, mostraron en pantalla el cabezal de uno de estos documentos del CRFI Iguala, fechado el 15 de octubre de 2014. En el quinto informe que presentaron ese día hay otro documento parecido, con fecha del 27 de septiembre 2014.
El GIEI, que inicialmente contaba con cinco integrantes, trabajó en la investigación como órgano coadyuvante de las familias de las víctimas (43 desaparecidos y tres asesinados) desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los expertos, las familias de las víctimas y sus defensores no tuvieron acceso a documentos del Ejército. Tras una fuerte campaña mediática y la presión directa de autoridades, debieron salir del país.
Recién llegado a la Presidencia, López Obrador solicitó la reactivación del mandato del GIEI. Entre enero y marzo de 2020, el general Sandoval hizo entrega de alguna información
de los archivos de la 35 zona militar y los batallones 27 y 41 de Iguala. Eso permitió al grupo determinar la existencia de documentación clave en el CRFI y en unidades llamadas Formato Cifrado Arcano, del Grupo de Análisis de Orden Interno.
Fuente: La Jornada / Padres y Madres de Ayotzinapa / La Voz




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