Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2021.

foto: Horacio Rodríguez Larreta.

También fueron denunciadas la titular del PRO, Patricia Bullrich, y la asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley. Advierten que incurrieron en esos delitos al realizar presentaciones judiciales contra lo que dispuso el Presidente.

El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la Ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública.

El motivo de la presentación contra los tres dirigentes de Juntos por el Cambio se basa en las medidas judiciales que cada uno de ellos planteó en diferentes instancias para desobedecer el DNU 241/2021, con el cual el presidente Alberto Fernández aplicó diversas restricciones para bajar la circulación social en el contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus.

El planteo, que será sorteado por la Cámara Federal y recaerá en un juzgado de ese mismo fuero, fue presentado por la abogada Valeria Carreras y sostiene que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.

Los tres habrían violado esos artículos «al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción», dice la denuncia.

El artículo 205 del Código Penal refiere al delito de atentado a la salud pública y prevé penas de 6 meses a 2 años, mientras que el 230 inciso 2 tiene que ver con la sedición, que le corresponde una pena de 1 año a 4 años.

El motivo por el cual Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta fue denunciado es por su presentación ante la Corte Suprema y la Justicia porteña para retomar las clases presenciales durante los próximos 15 días en la ciudad, a contramano de lo que dispuso el decreto impulsado por el presidente Alberto Fernández.

A Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior y actual funcionaria de la administración porteña, se la denunció por haber impulsado una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido por haber expresado su voluntad de presentar un recurso de amparo contra el DNU 241 para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad en todo el AMBA, sino también «las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos».

La denunciante sostiene que la emisión del DNU 241/2021 se dictó en una “situación extraordinaria” por la pandemia, cuya segunda ola “amerita medidas urgentes” porque el aumento de casos “está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas».

Destacó, además, que las medidas dispuestas en ese decreto son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.

La autora de la denuncia, además, representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.

Clases presenciales: el Frente de Todos pide el juicio político a los camaristas que desconocieron el DNU federal

Por Werner Pertot

Los legisladores porteños del FdT destacaron que la medida dictada por Marcelo Lopez Alfonsin, María de las Nieves Macchiavelli y Laura Perugini para habilitar las clases presenciales en CABA no pasa «un test de constitucionalidad».

El bloque de Legisladores del Frente de Todos anunció que pedirá el juicio político a los tres camaristas que firmaron un fallo que le permitió a Horacio Rodríguez Larreta desafiar el DNU de Alberto Fernández que ordenaba dar clases en modalidad virtual por dos semanas. Los legisladores advirtieron que el fallo que ordenó que haya clases presenciales no pasa un «test de constitucionalidad», a lo que se suma la controversia sobre la jurisdicción –es un fallo del concencioso porteño que trata algo que corresponde al concencioso federal–,  y reclamaron a los jueces que se «hagan responsables» por las consencuencias que puede tener su decisión en términos sanitarios. 

Después de haber logrado mantener abiertas las escuelas con un fallo porteño, en la sede del gobierno porteño las expectativas estaban puestas en la Corte. Un alto funcionario de la Ciudad dijo a este diario que sería bueno que los jueces de la Corte fallen en días y no en meses. «Ya solo el traslado a las partes, son cinco días», se quejaba. De todas formas, por ahora el statu quo funciona a favor del gobierno porteño.

Mientras el gobierno nacional despliega su estrategia judicial, los legisladores del Frente de Todos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura porteño por mal desempeño  a las juezas María de las Nieves Macchiavelli –hermana del secretario de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli–, y Laura Perugini y al juez Marcelo Lopez Alfonsin. En el comunicado calificaron el fallo de «arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad». «Los miembros del tribunal deberán hacerse responsables ante los habitantes de la ciudad y del país en su conjunto por el grave riesgo en que nos han colocado a todos y todas. El fallo de los jueces denunciados avasalla competencias constitucionales, demostrando un alevoso mal desempeño y un desconocimiento inexcusable del derecho», indicaron. 

No fueron los únicos que los denunciaron: también se presentó la ONG Nace un Derecho, quien destacó que los jueces firmaron el fallo de forma digital mientras mandan a los docentes y a los alumnos a trabajar y aprender de manera presencial. 

La legisladora Claudia Neira advirtió que el fallo «es un escándalo jurídico que pone en riesgo la salud de porteños y porteñas».

Su compañera de bloque Laura Velasco indicó que en la sentencia «priorizaron la estrategia electoral de Larreta en un momento de grave crisis sanitaria y con argumentos carentes de sentido en una situación institucional grave».

Por su parte, la legisladora María Bielli remarcó que el fallo «muestra que la Justicia prioriza, frente a la grave crisis sanitaria, la especulación política de Rodríguez Larreta».

En tanto, el diputado Matias Barroetaveña indicó que «la decisión del Ejecutivo de dar curso al fallo de la Justicia de la Ciudad es una aberración y demuestra el poco respeto por las instituciones y por la República que tanto pregona en los medios de comunicación». Según pudo saber este diario, en el gabinete de Larreta nunca dudaron sobre si aplicar o no el fallo, pese a la controversia sobre si podía dictar una cautelar sobre una medida nacional. «Larreta juega la personal poniendo en riesgo la posibilidad de atención de todas y todos, y será responsable de las consecuencias de esa estrategia», remarcó Barroetaveña.

En tanto, el senador Mariano Recalde recordó que la misma sala «que falló en forma exprés a favor de la Ciudad es la que en el último año no respondió 43 amparos de familias que reclaman una vacante en la escuela pública. Rápidos con Larreta, lentos con la gente».

El dirigente del PTS Patricio Del Corro también recordó que esa sala es «la misma que autorizó tarifazos del subte aunque demostramos que pasaban como gastos cenas de lujo de los gerentes». Y la legisladora Alejandrina Barry rememoró que «el juez López Alfonsín, en 2020 cuando era juez de primera instancia, rechazó una cautelar que presentamos para evitar que se instalen 80 mil parquímetros. Como premio, lo ascendieron a juez de Cámara». Desde la izquierda cuestionaron a las otras fuerzas opositoras que votaron los pliegos de esos jueces en agosto del año pasado. La diputada Myriam Bregman advirtió que «si la jueza Macchiavelli es parcial para definir asuntos de la Ciudad, ¿para qué la votaron todos hace siete meses? No hay que votarle las leyes a Larreta… Sus jueces no nacen de un repollo».