Euskal Herria. Recordando el Día de la presa y el preso politico

Por Iñaki Egaña, Resumen Latinoamericano, 17 de abril de 2021.

Aunque la losa de prisión fue gigantesca, no fueron los únicos. La prisión no lo es exclusivamente para los internos en los centros penitenciarios

No hay una definición estándar internacional de la naturaleza del preso político, pero en nuestro fuero interno cada uno de nosotros tenemos la certeza de quiénes son los encarcelados por razones políticas. El día internacional del preso político tampoco va a despachar estos dilemas, más aún cuando diversas organizaciones no gubernamentales acuñaron ya hace tiempo el concepto de preso de conciencia, para diferenciarlo del político, habitualmente asociado a militantes socialistas, comunistas, anarquistas o a guerrilleros de organizaciones armadas.

Cuando hablamos de presos políticos nos vienen las imágenes de Nelson Mandela, presidente en Sudáfrica, encarcelado durante veintisiete años, cifra superada por varias decenas de presos vascos. Hoy siguen en prisión por razones políticas otros internos como Abimael Guzmán en Perú, con 86 años, detenido en 1992, Georges Ibrahim Abdullah, de 69 años, preso en Lannemezan, desde 1984, Abdullah Ocalan en Turquía desde 1999, Mumia Abu-Jamal, de 66 años, encarcelado desde 1982, en Pensilvania, Zeynab Jalilian, la primera mujer presa política en Irán…

En nuestro escenario, los presos políticos vascos nunca han sido reconocidos oficialmente como tales, ni siquiera en la época de la ocupación nazi o el régimen franquista, aunque oficiosa y efectivamente, los gobiernos de París y Madrid crearon una legislación especial para los «inexistentes» presos políticos, una política penitenciaria ad hoc y unas cárceles de máxima seguridad. El alejamiento de los presos y el seguimiento particularizado en ficheros exclusivos completan este puzle que evidencia la existencia de una comunidad de presos encarcelados por motivación política.

Además, y aprovechando esa separación entre los presos de «conciencia» y los «políticos», Madrid creo una arquitectura judicial para criminalizar a todos aquellos que, aún sin ser considerados militantes de organizaciones armadas, compartían sus objetivos estratégicos. De esa manera, y como durante la dictadura, activistas civiles, juveniles, solidarios, periodistas, abogados y militantes de partidos políticos previamente legalizados fueron encarcelados. También objetores de conciencia y antimilitaristas.

El reciente trabajo de la Fundación Euskal Memoria ha revelado que más de 9.000 hombres y mujeres de origen vasco o solidario con su causa han pasado por prisión. Algunos unos meses, otros más de treinta años. Una cadena perpetua maquillada con una legislación que estira de por vida la prisión, como venganza a la disidencia de un proceso que comenzó en 1939 y tuvo su prolongación en 1978, con una Constitución, por cierto, que no alcanzó en el sur de Euskal Herria el apoyo de su electorado.

Con varios grupos que históricamente han trabajado en la solidaridad con los encarcelados, con la criminalización de los mismos, el concepto de preso político ha tenido y tiene un largo recorrido entre nosotros. El preso político ha estado interiorizado en el inconsciente colectivo vasco, con multitud de particularidades. Hasta el punto de conformarse la solidaridad con los presos, como el movimiento social que más movilizaciones y más personas ha congregado en su organización en la historia reciente de Euskal Herria.

El día internacional del preso político, fue, además, una iniciativa surgida en 2005 en Donostia por organizaciones antes o más tarde criminalizadas, acuñado con otros títulos en otras partes del planeta. Por ello, no aparece en los santorales universales que gestionan los grupos estatales. Fue considerada una jornada de lucha y concienciación social. Son decenas de miles los encarcelados en el planeta por combatir contra la tiranía, insistir por la libertad o incluso por bregar por la aplicación de los derechos humanos.

Este año nos llega este día internacional, como en los cercanos anteriores, con una transición que no acaba de fructificar. A pesar de la distensión y la desaparición de ETA, uno de los actores del conflicto, los militantes que participaron en su estrategia siguen siendo víctimas de una política penitenciaria de guerra. La justicia transicional por la que abogaban los fiadores internacionales de un proceso que se intuyó fuera de paz ha desaparecido de las agendas, y aún colean, a ambos lados de la muga, sectores empecinados en enconar el conflicto para continuar en su zona bélica de confort, tanto por razones económicas, como raciales o vengativas.

Hemos cruzado el año de la pandemia con dos muertos en prisión desde el día de los presos políticos de 2020, Igor González Sola y Asier Aginako, este último con el añadido de que su pareja Aitziber Coello, asimismo encarcelada, tuvo que cumplir hasta el último segundo entre rejas. También con esos presos que han recuperado la libertad después de pasar en prisión más de la mitad de sus vidas y que vieron aumentadas sus penas, como contrapartida a la derogación de la llamada Doctrina Parot: Josu Arkautz, Kepa Legina, Paco Mujika Garmendia, Iñaki Bilbao… Con Antxon Troitiño, a quien buscaron recodos vengativos para doblarle la prisión, en libertad por una enfermedad en fase terminal. Con Iñaki Arakama que saldrá en los próximos días de la cárcel cumplida una condena, después de haber estado en el limbo de la deportación, un campo de concentración al aire libre, sin contabilizar.

Aunque la losa de prisión fue gigantesca, no fueron los únicos. La prisión no lo es exclusivamente para los internos en los centros penitenciarios. Esa creencia no hace justicia con la realidad, marcada con una incidencia que afectó y afecta a un entorno familiar y solidario. A la criminalización de las organizaciones que trabajaron en favor de los derechos de los presos hay que añadir una ristra de afectados, la mayoría de las veces invisibles. Los muertos en las carreteras, por el alejamiento y la dispersión, los niños separados de sus padres, no solo en los últimos años, contabilizados por la campaña de «motxiladun umeak», los cientos de familias rotas, la doble victimización…

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