Brasil. La justicia determina la suspensión del uso de pesticidas al reconocer la demanda de un asentamiento en Porto Alegre

Por Maiara Rauber e Emiliano Maldonado. Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2021.

El asentamiento Santa Rita de Cássia II, ubicado en Nova Santa Rita, en la región metropolitana de Porto Alegre, sufrió numerosas pérdidas en su producción agroecológica debido a la deriva aérea de aspersión de plaguicidas utilizados en cultivos vecinos.

Un grupo de organizaciones y entidades populares interpuso una medida cautelar para suspender el uso indiscriminado de plaguicidas por parte de los agricultores aledaños al asentamiento. La decisión preliminar reconoce el derecho de los campesinos sin tierra a producir alimentos agroecológicos y determina que los organismos responsables velen y limiten este tipo de fumigación de herbicidas.

En los últimos meses, varias familias asentadas que tienen producción orgánica certificada, han perdido su producción de alimentos agroecológicos, ya que fueron víctimas de fumigaciones aéreas de plaguicidas que impactaron en sus hogares, jardines, acuíferos, pastos, huertas de árboles frutales y vegetación nativa. Además, los propios campesinos empezaron a sentirse mal como consecuencia de esta fumigación.

La Asociación Gaucha de Protección Ambiental (AGAPAN), el Instituto Preservar, la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA), el Instituto Gaúcho de Estudios Ambientales (INGÁ), Núcleo Amigos da Terra (BRASI), Associação Comunitária 29 de Outubro, contribuyeron a los procedimientos, junto a la Associação Amigos do Meio Ambiente (AMA) y la Cooperativa Central de Asentamientos de Rio Grande do Sul LTDA (COCEARGS).

Marina Dermmam, abogada de COCEARGS, explica que se trata de una decisión importante, ya que las familias afectadas por los plaguicidas tuvieron pérdidas irreparables y los organismos encargados de fiscalización no estaban tomando las medidas necesarias para garantizar su derecho a la producción ecológica.

Según Emiliano Maldonado, de la Red Nacional de Abogados y Abogados Populares (RENAP), que actúa en defensa de las familias y entidades, la decisión también prevé la aplicación de una multa de R $ 100.000 en caso de incumplimiento de la ley. La medida determina que la Unión y el Estado de Rio Grande do Sul entregan en 30 días los informes concluyentes de las muestras recogidas.

La decisión refuerza la importancia de organizar y apoyar a las familias asentadas en defensa de una alimentación sana y agroecológica para el campo y la ciudad.

Fuente: MST

Traducción: Resumen Latinoamericano

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