Perú. Ataques contra defensores ambientales, dirigentes sindicales, periodistas y activistas quedan impunes

Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021

En julio de 2020, cuando el país se encontraba en medio de una cuarentena por la crisis sanitaria del COVID – 19, fue asesinado Henry Noé Suárez, secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la provincia de Sullana (Piura), pese a que meses antes el dirigente sindical denunció que un grupo de sicarios habían disparado contra sus trabajadores en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, a unos metros del local de la Primera Brigada de Caballería del Ejército del Perú, en el sector Loma de Teodomira.

Como el dirigente sindical Henry Noé, otras personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos también han sido víctimas de ataques de diferentes tipos. Defensores ambientales de comunidades indígenas y campesinas, periodistas y activistas en defensa de los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ siguen en peligro, de acuerdo al último informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

En los últimos cuatro años, se registraron por lo menos 120 ataques contra defensores y más de 800 fueron criminalizados o perseguidos judicialmente por intentar proteger el medio ambiente, la libertad de prensa, los derechos sindicales, de las mujeres y de la población LGBTIQ. La represión policial y militar, y el marco legal que aguarda a las fuerzas del orden en la impunidad, agravan la situación.

País peligroso

El último reporte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos pone en autos el alto riesgo que se corre en el país. Del 2011 al 2019, por lo menos 19 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) fueron asesinados luego de haber denunciado extorsión de empresarios o trabajadores vinculados a organizaciones criminales infiltradas en los sindicatos.

Algunos de ellos son Armando Viera, Guillermo Yacila, Rubén Soberón y Favio Carbonero, todos dirigentes sindicales asesinados en 2012.

Los defensores ambientales también han sufrido el desamparo del Estado. Solo entre enero a octubre del 2020, cuatro dirigentes indígenas que defendían sus bosques de diferentes mafias organizadas fueron asesinados: Arbildo Meléndez Grandez, Santiago Vega Chota, Gonzalo Pío Flores y Roberto Carlos Villanueva Pacheco. En este contexto, la Global Witness califica al Perú como “uno de los países más peligrosos de América Latina para emprender una defensa del medio ambiente”.

En los últimos cinco años, 15 defensores ambientales murieron en un contexto en el que se mantenía un conflicto social por proyectos mineros o petroleros. Y en los últimos veinte años, más de 960 defensores fueron objeto de algún tipo de criminalización. Es decir, fueron procesados judicialmente por ejercer su labor de defensa.   

Al respecto, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández García, advierte sobre esta situación. “Nos preocupa las acciones que se emprenden hacia la judicialización, que no se convierten en sentencias firmes, pero el mero hecho de empezar un proceso judicial por el labor de la defensa de los derechos humanos es una forma de presión para que los defensores no sigan ejerciendo su labor”, cuestiona Hernández.

Represión de la protesta

En el marco de la defensa del medio ambiente y el agotamiento de las vías de diálogo, también se desatan una serie de conflictos sociales que terminan con la intervención y represión policial y militar contra la sociedad civil. Las secuelas fueron las siguientes: 299 ciudadanos fallecidos en medio de un conflicto social, de acuerdo al registro de los últimos 15 años de la Defensoría del Pueblo. En la mayoría de los procesos sobre estas muertes no se han identificado a los responsables y han sido archivadas.

En este contexto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos alerta que por lo menos 29 convenios entre empresas extractivas y la PNP siguen vigentes hasta hoy, lo que además generaría el uso arbitrario de la fuerza en contra de las poblaciones que protesten por causas ambientales o económicas.

Asimismo, la represión de las fuerzas del orden contra las manifestaciones se encuentra protegida por un marco legal. En los últimos años, se han cambiado una serie de normas, como la modificación del plazo de detención que actualmente permite arrestar a una persona por hasta 48 horas. A esto se suma la modificación del artículo 20 del Código Penal que permite que la PNP y las FF.AA usen las armas sin responsabilidades penales.

Este marco legal se sufrió hace apenas tres meses, cuando se desataron protestas a nivel nacional contra el gobierno de facto del congresista Manuel Merino de Lama (AP), del 9 al 15 de noviembre del año pasado. Como consecuencia, dos jóvenes murieron en medio de la represión policial, más de 200 civiles resultaron heridos por gases lacrimógenos y perdigones de la PNP y se reportaron decenas de detenciones arbitrarias y desapariciones por hasta cuatro días.

Al respecto, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, señala que las agresiones contra defensores ambientales y ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta se mantienen impunes. “No conocemos en el país una sola sentencia condenatoria por ataques a personas en protestas. Esperamos que pueda fortalecerse, también estableciendo mecanismos adecuados para la investigación adecuada sobre los ataques contra los defensores ambientales”, dice Mar Pérez.

Periodistas y activistas también

El periodismo y los defensores de la libertad de expresión también se han visto amenazados y atacados. Hace apenas cuatro meses, tres medios de comunicación de Ica que cuestionaban al gobierno regional fueron allanados por funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional a raíz de una investigación generada por la denuncia presentada por la familia de las autoridades regionales.

Solo entre 2017 y 2018, la Asociación Nacional de Periodistas registró cerca de 106 ataques a periodistas a nivel nacional.

Asimismo, las personas activistas que defienden los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ  también han sido afectadas por el incremento de discursos misóginos, sexistas y homofóbico provenientes de voceros y seguidores del colectivo Con mis hijos no te metas, una red de organizaciones religiosas que se opone a las políticas públicas que buscan garantizar el enfoque de género y erradicar la discriminación.

FUENTE: Wayka.pe