Colombia. Alertan por desplazamiento forzoso en Ituango

Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2021.

Las organizaciones sociales y campesinas del norte y bajo Cauca antioqueño, advierten sobre la agudización y gravedad de la situación de vulneración permanente de los derechos humanos en la región del municipio de Ituango en el norte del departamento de Antioquia. Unas 120 familias han sido desplazadas por la violencia entre grupos paramilitares, agudizada tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces FARC-EP.

Se trata de unas 120 familias en las veredas El Quindio, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón en el municipio, las cuales se encuentran en riesgo de desplazamiento o quedar en medio de combates entre grupos armados.

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC) alertó que durante los últimos 10 días, tanto el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y otros grupos armados irregulares, comenzaron a asentarse en cercanías de la región.

El asesinato de dos campesinos el 4 de febrero, las acciones armadas de combates en la región, y la amenaza permanente de la instalación de minas por grupos armados en las veredas de la región, se constituyen en hechos graves que atentan contra la dignidad y derechos de las comunidades que habitan las seis veredas de la zona de Ituango.

Las organizaciones sociales llaman la atención frente al hecho de la permanente y elevada militarización de la zona, pero que a pesar de ello es evidente la desprotección de la población, que está a merced de la agresión de los grupos armados que operan en el norte Antioquia.

Más de 1200 campesinos y 20 veredas se encuentran bajo vulnerabilidad en el marco de la confrontación por el control del municipio de Ituango y la zona rural.

Los hechos violentos, según denuncia la Red de organizaciones sociales y campesinas, desbordan las acciones militares presentadas en los años más difíciles de la guerra.

Los combates entre el ejército y los grupos armados ponen en riesgo la integridad de los habitantes de la región y entre tanto sigue el incumplimiento a los aspectos definidos en el acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, situación que revela la responsabilidad de la Casa de Nariño en garantizar los derechos de las comunidades y la concreción de la paz en el territorio.

La REDOSC expresó su preocupación y denunció la actitud pusilánime del estado al negar el derecho a la paz de los hombres y mujeres que padecen los rigores de un conflicto que parece no tener fin en esta golpeada región.

Fuente: TeleSUR

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