Brasil. A dos años del crimen de Brumadinho, la minera Vale se niega a pagar la cantidad definida por el Estado

Por Daniel Giovanaz. Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021.

La ruptura de la represa Córrego do Feijão, en Brumadinho (Minas Gerais), que mató a 272 personas, cumple dos años este lunes 25 sin que la minera Vale acepte pagar la indemnización estipulada por el Estado. Las audiencias para negociar el principal acuerdo de reparación terminaron sin consenso el pasado jueves 21.

El Ministerio Público de Minas Gerais solicitó inicialmente una indemnización de R $ 54 mil millones. De este monto, R $ 28 mil millones se destinarían a cubrir daños morales sociales y colectivos. Los restantes R $ 26 mil millones se refieren a las pérdidas económicas del estado, según un estudio de la Fundación João Pinheiro, institución de investigación y docencia vinculada al estado de Minas Gerais.

El gobierno estatal fijó el 29 de enero como fecha límite para presentar una última contraoferta de Vale.

Además de representantes de la empresa y del gobierno de Minas Gerais, las negociaciones involucraron al Ministerio Público de Minas Gerais, el Ministerio Público Federal (MPF), la Defensoría Pública (DPU) y la Defensoría Pública estatal.

“El impacto de la muerte de 272 personas y todo el revuelo que generó requiere un castigo ejemplar para la empresa para evitar que esto vuelva a suceder”, dice José Geraldo Martins, miembro de la coordinación estatal del Movimiento de Afectados por Represas ( MAB).

La organización critica el traslado de casos de la 1ª instancia, en el 2º Juzgado de Hacienda y Municipios del Distrito de Belo Horizonte, a la 2ª instancia, en el Centro Judicial de Resolución de Conflictos y Ciudadanía del Tribunal de Justicia de Minas Gerais ( CEJUSC-TJMG).

Para Martins, el cambio eliminó a los afectados y a los consultores técnicos del proceso de evaluación de daños y se llevó a cabo a favor de Vale.

“La reparación integral no puede basarse en estudios pagados, promovidos o realizados por las empresas socias de Vale, como está sucediendo hoy”, advierte el activista del MAB. “Es una situación surrealista: la criminal va a definir cuál fue el daño y lo que está dispuesta a pagar para corregirlo. La empresa criminal es tratada como un socio. Esto es inaceptable.»

Las rondas de negociación se llevan a cabo desde octubre de 2020. No se reveló el valor de la última contrapropuesta de Vale, rechazada por el gobierno estatal el día 21.

El teléfono de contacto que distribuyen a los afectados, para consultas y quejas, es el 0800 de Vale. Es una situación surrealista: la misma empresa criminal definirá cuál fue el daño y lo que está dispuesta a pagar para corregirlo.

“Vale reconoce, desde el día del incumplimiento, su responsabilidad por la reparación integral de los daños ocasionados”, dice la empresa en una nota. “Hasta el momento, se han pagado alrededor de 8.700 indemnizaciones individuales. (…) Vale seguirá cumpliendo íntegramente con su obligación de reparar e indemnizar a las personas, así como de promover la reparación del medio ambiente, independientemente de que exista condena o acuerdo. Hasta la fecha, la empresa ha destinado cerca de R $ 10 mil millones para estos fines ”.

En entrevista con Brasil de Fato, José Geraldo Martins hizo balance de las negociaciones y expuso las expectativas del MAB sobre la continuidad del proceso. Mira los mejores momentos:

Brasil de Fato: Vale ya dejó en claro que no pretende pagar el monto de R $ 54 mil millones como compensación por la rotura de la represa Córrego do Feijão en Brumadinho. ¿Cuál fue la contrapropuesta presentada por ellos el jueves (21) y qué otra información considera relevante sobre esta audiencia final?

-José Geraldo Martins: No lo sabemos. Desafortunadamente, cuando esta información sale, la obtenemos de los medios. Y también lo vemos con cierta reserva, porque nunca sabemos si lo que sale en los medios es un movimiento de presión, en el ámbito de la negociación, o corresponde a la realidad.

El proceso se desarrolla a puerta cerrada, sin la participación de los afectados ni asistencia técnica. Casi no tenemos información interna. Solo supimos que hubo un impasse en las negociaciones, por los valores, aunque todo lo que aparecía en los medios hasta ese momento dejaba entrever que el gobierno estaba dispuesto a aceptar una contrapropuesta de Vale. Pero no tenemos acceso a cuáles eran esos valores.

Este impasse nos da un mayor impulso para intentar garantizar la participación de los afectados en este proceso.

-El gobierno de Minas Gerais incluso amenazó con devolver el caso al tribunal inferior nuevamente. ¿Cómo ve esta posibilidad?

-La posibilidad de devolver el caso a primera instancia, si por un lado puede representar un retraso en la resolución de los problemas debido a los diversos recursos que permite la Justicia, por otro lado, garantizaría que los afectados acudirían a las audiencias en de una manera más democrática.

Tanto es así que hubo varios avances en ese juzgado, como las ayudas de emergencia para buena parte de la población, el registro de los afectados a realizar de forma colectiva por las comisiones afectadas, y la entrada en el ámbito de los asesores técnicos. Todo esto se logró en 1ª instancia.

En 2ª instancia, se negó la participación de los afectados, incluso como oyentes. Entonces, en este punto, nuestra expectativa es que se revise el convenio desde el punto de vista de que el pago de R $ 28 millones, reclamado en la acción civil pública referente a daño moral colectivo, se decidirá con la participación de los vecinos. de la cuenca del río Paraopeba, quienes fueron los más afectados.

-El juez Elton Pupo Nogueira fue el responsable de la primera condena de Vale en el caso Brumadinho, en 2019. ¿Cómo evalúa el desempeño de este juez? Además de restringir la participación de los afectados, ¿se puede decir que uno de los objetivos de este traspaso de instancias era quitarle el proceso de las manos?

-Cuando el caso estuvo a cargo del juez Elton, logramos un progreso significativo. Además de los que mencioné, también se reconoció la autoorganización de los afectados, como colectivos, en sus comisiones.

El Dr. Elton no solo aprobó el inicio del trabajo de los asesores técnicos, sino que nombró a la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) como experta, para contrarrestar los estudios que viene realizando Vale. Cuando se empezó a discutir el acuerdo en el Tribunal de Justicia, todo se vino abajo.

El alcance del trabajo de los asesores técnicos se ha reducido y ahora quieren extinguir la pericia del juez. Esto se transmitió en reuniones, de algunas de las cuales teníamos información, y estamos muy preocupados. Porque la reparación integral no puede basarse en estudios pagados, promovidos o realizados por las empresas colaboradoras de Vale, como ocurre hoy.

El Grupo EPA [Ingeniería de Protección Ambiental Ltda.], Socio de Vale, está realizando los estudios de evaluación de riesgos para la salud humana en la cuenca de Paraopeba. Incluso el teléfono de contacto que distribuyen a los afectados, para consultas y quejas, es el número 0800 de Vale. Es una situación surrealista: la criminal definirá cuál fue el daño y lo que está dispuesta a pagar para corregirlo.

-Inicialmente, el gobierno estipuló el monto de R $ 54 mil millones. Sin embargo, es muy probable que exista un margen de negociación. ¿Cuál sería un margen aceptable para MAB? ¿Definió, internamente, cuál sería el valor mínimo de una reparación justa?

-Este monto de R $ 54 mil millones es resultado de una investigación detallada de la Fundación João Pinheiro, que estimó las pérdidas financieras del estado de Minas Gerais, desde la pérdida del valor de la imagen del estado hasta la pérdida en la recaudación de impuestos, debido a la incumplimiento. Es decir, es el conjunto de daños socioeconómicos.

Dentro de este monto, los R $ 28 mil millones, que corresponden al dolor y sufrimiento colectivo, se estimaron con base en la utilidad neta de la empresa en el trimestre anterior al estudio. Si este estudio se hiciera hoy, el valor sería aún mayor.

Bombero llora durante los rescates en Córrego do Feijão, en enero de 2019 (Foto: Reproducción)

El MAB entiende que el daño moral colectivo tiene un doble propósito. El primero es compensar la parte ofendida de sus pérdidas, y el segundo es el carácter educativo, por lo que Vale se desanima de permitir que sucedan otros delitos como este.

No podemos olvidar que el crimen en Brumadinho ocurre tres años después de la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana (MG), que mató a 750 km del río Doce. Entonces, entonces, la misma compañía permite que suceda otra tragedia similar, y tenemos mucha evidencia para afirmar eso.

Si la tragedia de Brumadinho fue menos geográfica, el impacto de la muerte de 272 personas y todo el revuelo que generó exige un castigo ejemplar para la empresa para no permitir que esto vuelva a suceder.

Por tanto, el MAB no establece cuál sería un valor aceptable. Nos basamos en los cálculos de la Fundación João Pinheiro. Si hay margen para la negociación, no depende de nosotros. Lo que queremos es que los afectados sean el centro del proceso de reparación, y que el río vuelva a las condiciones mínimas, en comparación con lo que era antes de la ruptura.

Los afectados deben ser los protagonistas de este proceso. Hoy, lo que pasa es que Vale domina los territorios, utilizando el reparto de agua, el pago de ayudas de emergencia y la actuación de sus subcontratistas para provocar divisiones, para poner a prueba. Todo esto apunta a debilitar las luchas de los afectados, mientras la empresa criminal es tratada como un socio. Esto es inaceptable.

-El MAB viene denunciando que el gobierno de Romeu Zema (NOVO), de Minas Gerais, es cómplice de las maniobras de Vale para evitar pagar una compensación justa. Sin embargo, poco después de la última audiencia, el secretario general de la administración estatal Mateus Simões hizo duras declaraciones, calificando a Vale de criminal y diciendo que el estado no aceptará migajas. ¿Qué significa este cambio de tono?

-Creemos que es demasiado pronto para interpretar esto como una señal de un cambio en la postura del estado. Hasta el momento, el estado ha estado conspirando, subordinado a las acciones que ha tomado Vale, con una dificultad extrema para imponer algún tipo de castigo.

La definición misma de los R $ 54 mil millones se produjo luego de un intento fallido de acuerdo. Entonces, realmente esperamos que haya un cambio en la postura del Estado, para que sea más asertivo en la defensa de la población y el erario público.

No es un recurso que le pertenezca al gobernador ni al gobierno. Es una pérdida que se impuso a la población minera y los afectados en la cuenca del río Paraopeba. Estos son los destinatarios legítimos de ese recurso. Por lo tanto, no depende del gobernador elegir qué funciona con este recurso.

Dentro de los territorios, lo que vemos es lo contrario de esta última declaración del secretario. Vemos a las agencias estatales jugando un papel en la defensa de la empresa, diciendo que no hay contaminación, incluso sin mostrar documentos.

Esperamos sinceramente que el Estado asuma, de una vez por todas, su responsabilidad de cuidar y defender a los ciudadanos. Vemos esta señalización con buenos ojos, con la esperanza de que no sea una medida más de los medios o una presión de negociación.

Fuente: Brasil de Fato

Traducción: Resumen Latinoamericano

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