Argentina. Valoración y desafíos para el movimiento obrero

Resumen Latinoamericano / 29 de enero de 2018 / Corriente Política de Izquierda

Declaración política ante la coyuntura del comienzo del 2018

La clase obrera en la Argentina se enfrenta hoy a una política del gobierno Macri que, en amplio acuerdo con los grandes empresarios busca recomponer y ampliar las oportunidades de negocios y la rentabilidad del gran capital.

Un requisito central para lograrlo es conseguir mayores niveles de explotación de los trabajadores, por lo que se necesita disciplinar el conflicto social, territorial y sindical que permita eliminar o restringir un conjunto de derechos y conquistas logrados con la lucha. Muchos de esos logros están vigentes desde hace décadas y pese a recurrentes ataques desde el poder político y económico, la lucha impidió cualquier restricción o eliminación.

Esa búsqueda por disciplinar al movimiento obrero y popular choca contra las “anomalías” de la sociedad argentina en relación con la organización y capacidad de lucha de la clase obrera argentina. Nuestro país cuenta con un nivel de afiliación a los sindicatos inusitado para la mayoría de los países de nuestro continente, una estructura de organización en los lugares de trabajo con un entramado de cuerpos de delegados y comisiones internas que suele poner en tela de juicio el poder de imposición de las patronales en fábricas, oficinas y empresas de servicios.

El gobierno y sus aliados quieren terminar con esos rasgos de nuestro movimiento obrero. Lo encubre en una idea general de reimplantación del “orden” y las jerarquías, en la supuesta lucha contra las mafias sindicales (combate que abarca sobre todo a sindicatos que no se ponen a su servicio) y en la necesidad de incrementar productividad y competitividad en un mundo donde menudean feroces “reformas laborales”, con el ejemplo cercano de Brasil. El objetivo real se inscribe en la lógica de “quebrarle el espinazo a los sindicatos”, parafraseando a Margaret Thatcher, como medio para lograr abaratar despidos, precarizar aún más las relaciones de trabajo, negociar salarios a la baja, avasallar derechos que dificultan imponer una mayor explotación, disminuir la cobertura frente a riesgos del trabajo, acotar las posibilidades de defensa judicial de los asalariados. En suma, una reducción drástica de lo que llaman “costos laborales”.

Quienes ejercen hoy el poder saben que no se trata sólo de un tema económico y de modificación directa de las condiciones de producción. Por eso pregonan un “cambio cultural”, que implica erradicar o al menos debilitar prácticas solidarias, concepciones igualitarias, memoria viva de luchas y derechos ejercidos colectivamente.

Si desde el poder político, económico, cultural y comunicacional se pensó en algún momento que podían imponer sus reformas regresivas en un tránsito más o menos pacífico, la profusión y magnitud de las luchas del movimiento obrero y otros sectores populares a lo largo de 2017, le han mostrado ya los límites, sino la directa imposibilidad de ese objetivo. Además de todas las luchas locales, por sindicatos o por fábricas, grandes movilizaciones como las que se produjeron a partir del mes de marzo y culminaron en las memorables jornadas del mes de diciembre contra la reforma previsional han sido las de mayor masividad y poder expresivo de los últimos años. En ellas las organizaciones sindicales tuvieron un protagonismo central, basado tanto en el número como en la diversidad sectorial y geográfica de esa presencia.

La totalidad de las conducciones clasistas, en todos los niveles organizativos, tuvieron una presencia decisiva, que se vio cimentada por agrupaciones de base e incluso por trabajadoras y trabajadores sueltos que por millares tomaron la decisión de integrar las múltiples manifestaciones. Una parte de las conducciones más burocratizadas no tuvieron otra posibilidad que sumarse a parte o a todas ellas, en algunos casos con alto nivel de concurrencia.

Como pocas veces el cuadro de situación de la organización de los trabajadores se visibilizó en las grandes ciudades y en otras zonas del país incluyendo, por omisión, la vergonzosa abstención de la dirigencia de algunos de los sindicatos más numerosos del país. Pero esas ausencias no impidieron en absoluto el carácter imponente de la movilización, por lo que sostenemos desde la CPI la necesidad de fortalecer la militancia en las luchas del movimiento obrero, que demostró una vez más en diciembre pasado su protagonismo a la hora de pensar la construcción de una alternativa política liberadora. Por lo tanto la unidad de los trabajadores refiere a una tarea central para la conformación de poder popular.

El gobierno y el establishment acusaron recibo del carácter y la magnitud de la “amenaza” y desplegaron a la totalidad de las fuerzas “de seguridad” con miles de efectivos, que utilizaron con alevosía su arsenal de gases, balas de goma, carros hidrantes y bastones. Nada bastó para impedir que el Congreso Nacional fuera rodeado, el 14 y de nuevo el 18 de diciembre, por multitudes deseosas de impedir el despojo a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. La ley fue aprobada, pero el costo en popularidad e “imagen” para el gobierno, incluso en el plano internacional, fue muy amplio. La reforma laboral, una pieza central del “reformismo permanente” anunciado por el presidente después del triunfo electoral de octubre pasado, fue postergada primero para las extraordinarias del mes de febrero y ahora se anuncia su “desguace” en varias leyes, buscando evitar nuevos cuestionamientos masivos y choques callejeros. El nivel de decisión y audacia que el Poder mostraba hasta mediados de diciembre, ha sufrido un desgaste considerable. Pero, sobre todo, las clases explotadas han  experimentado de modo directo, su capacidad de movilización y lucha, incluido el enfrentamiento callejero con las fuerzas represivas.

Esa constatación no debe llevar a que se minusvaloren los efectos negativos y debilitantes de la fragmentación popular existente, del conjunto de las clases populares y de las organizaciones que buscan representar sus intereses y su grado de conciencia. Tampoco debería subestimarse el poder que conservan los sectores más conciliadores y pro-patronales albergados en la CGT, siempre dispuestos a negociar derechos y reivindicaciones de los trabajadores, en aras de beneficios y privilegios para sus organizaciones, y sobre todo para los escandalosos patrimonios de buena parte de sus dirigentes. Encarar la superación de esas limitaciones y obstáculos es un imperativo para esta etapa, que alcanza un buen basamento en la proporción de combatividad demostrada, como decíamos, a lo largo del último año y en particular del mes pasado.

La ofensiva se sostiene con los despidos en el verano, en el INTI, en Río Turbio, en el Posadas, lo que da continuidad a la política de impunidad empresarial, sustentado desde un Estado que acrecienta la represión, evidenciado con claridad en la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Es parte de la avanzada del capital y la política del imperialismo.

Las dos CTA, la Corriente Federal, sindicatos no alineados con el triunvirato de la CGT y organizaciones sociales varias han cumplido el rol más combativo en esas recientes jornadas. Destacamos entre ellas, la CTA Autónoma, como expresión a nuestro juicio de claridad de orientación en la necesidad de un rumbo clasista, anticapitalista, de cuestionamiento frontal al propósito de avasallamiento y disciplinamiento que el gobierno y el gran capital quieren instrumentar. Ese posicionamiento ideológico se proyecta en voluntad de lucha y en objetivos de fortalecimiento y ampliación de la central, que desde allí enarbola la decisión de promover la unidad de acción con todos los sectores dispuestos a enfrentar la ofensiva anti-obrera que se halla en pleno curso, más allá del inocultable desgaste que ha sufrido. Esa UNIDAD de ACCIÓN se proyecta en una convocatoria a la reorganización en profundidad del conjunto del movimiento obrero en disposición de confrontar la ofensiva capitalista.

Nuestra Corriente Política de Izquierda, CPI, considera que es imprescindible impulsar y afianzar ese camino. El inminente Congreso de la CTA Autónoma será una instancia gravitante, que puede y  debe convertirse en un hito del fortalecimiento de la central, y con ella de la aptitud de lucha y capacidad organizativa del conjunto de la clase en una perspectiva de fortalecimiento de la Unidad contra el poder. Una parte importante de esa proyección lo dará el avance que el Congreso puede producir en orden a incrementar aún más el nivel de democracia en el seno de la central, expresado en el afianzamiento de la representación de las minorías, el carácter federal de la toma de decisiones, la horizontalidad y el componente asambleario de las instancias de dirección, las medidas hacia la asunción cotidiana de la defensa de los bienes comunes y el medio ambiente y la lucha anti-patriarcal, los mecanismos que convoquen  y estimulen la integración a la central de organizaciones y agrupamientos de las clases populares diversos respecto de la matriz sindical.

Por todo lo anterior, nuestra Corriente refuerza la decisión de formar parte activa y protagónica del próximo Congreso, hace suya la convocatoria a colectivos e individuos hasta ahora no integrados a la CTA Autónoma para que se incorporen a la misma y apuesta con toda su fuerza al objetivo de conseguir nuevos niveles de unidad del movimiento obrero, que en sus manifestaciones más avanzadas apunten a la conquista de una sociedad sin explotadores ni explotados, en las que todas las formas de opresión sean erradicadas.

¡¡¡Por la unidad del movimiento obrero y todos los sectores populares!!!

¡¡¡Por la derrota de las políticas anti-obreras y antipopulares!!!

República Argentina, enero de 2018