Argentina: Informe sindical

“La planta de Cresta Roja en Ezeiza dejó de funcionar y ya no va a abrir sus puertas”, precisó Adolfo Etchehun del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y anunció para el lunes pasado una movilización para reclamar por los 5.000 trabajadores que se verán afectados teniendo en cuenta el ciclo productivo.

La segunda mayor empresa avícola del país ya se había presentado el año pasado a concurso y según Etchehun, este año ya habían despedido a 680 empleados de los 2.900 trabajadores directos.

Los últimos 400 despidos generaron un conflicto sindical al que la empresa, que pertenece al grupo Rasic Hnos., culpó por sus crisis. “Luego de haber discutido durante seis meses distintas alternativas para achicar los costos insostenibles, en la actualidad sólo es factible producir esa reducción con el despido masivo de un 30% de la dotación actual”, señaló la compañía en una carta emitida el 18 de julio y en la que había amenazado con cerrar sus puertas.

La maniobra fue interpretada como un elemento de presión tanto para el sindicato como para el Gobierno, al que reclaman mayores subsidios.

Por su parte, Etchehun emitió un comunicado donde denuncia el cierre de 136 frigoríficos, el despido de 21.000 trabajadores y la pérdida del stock ganadero en 10 millones de cabezas, como consecuencia de la política gubernamental en la industria frigorífica bovina.

Asimismo, advirtió que al cierre de Cresta Roja “hay que sumarle los problemas económicos de Fepasa (Avícola de Concepción de Uruguay) y el cierre de la Planta Avícola Pividori (Avellaneda – Santa Fe)”.

Comisiones internas, sindicatos de base, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos rodearon de solidaridad a los trabajadores de la Línea 60 que llevan adelante un conflicto por la reincorporación de 53 choferes.

Aportes económicos para el fondo de lucha, comida, impresión de volantes, manos para difundir el conflicto y ayudar en logística para las futuras medidas de lucha, fueron algunas de las ideas que surgieron en la asamblea abierta realizada el pasado miércoles 15 en Constitución, en la que además se decidió una gran marcha que se llevó adelante el jueves 16 desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo.

Finalizada la asamblea se marchó hasta la cabecera Constitución de la empresa para apoyar a los choferes encerrados dentro de la valla dispuesta por la Policía Federal por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que impide la circulación de colectivos, en un fallo que avala a los empresarios. Este hecho motivó que el martes los choferes de la 60 bloquearan la subida de la Avenida Mitre del Puente Pueyrredón, en Avellaneda.

Por su parte, la compañera del delegado Héctor Cáceres, uno de los choferes encerrados en la cabecera, indicó: “estamos viviendo una situación de angustia con mis hijos, pero vamos a seguir con la lucha, resistiendo. Hoy quise pasarle cigarrillos, porque aparentemente sería algo así como un terrorista, y no me dejaron. Le pedí a quien no me dejó pasar que se identifique, y era el subcomisario Villarreal de la comisaría 26. Me dijo que estaba cumpliendo órdenes, alegó obediencia debida. Me dijo que si quería una copia de la orden judicial vaya a la comisaría. Fui a la comisaría, me atiende el oficial González (número 3308), y me dijo que no me podía dar una copia de la orden por orden de la jueza. Que si queríamos vayamos a ver el sumario en los Tribunales de Comodoro Py. Acá hay muchas irregularidades, esto es la violencia institucionalizada por parte de la patronal, de la justicia clasista, de la burocracia de la UTA, del Ministerio de Trabajo, del de Transporte, de la CNRT. Esta es la complicidad de todo el aparato del Estado, que la única respuesta que nos da es mandarnos 200 efectivos de infantería para que los compañeros estén ahí sufriendo el encierro”.

Paralelamente al lock out patronal que cumplió 25 días, el periodista de La Nación, Diego Cabot, describió lo que calificó como el mejor negocio de la Argentina: “No hay que disponer ni de un peso: el capital, de aproximadamente 650.000 pesos, el valor de un colectivo nuevo, lo aporta el Banco Nación mediante un crédito a 60 meses a una tasa negativa de 7% anual. Luego, el Estado aportará alrededor de $ 60.000 por mes para pagar sueldos, cargas sociales y gastos del personal. Además, habrá un vale de alrededor de $ 15.000 para comprar el principal insumo (gasoil) a casi un tercio de su valor. Pero a no deprimirse si los beneficios no alcanzan. Hay más: todo lo recaudado será para el empresario. Eso sí, sólo hace falta un par de requisitos para tener la llave de los millones: ser obediente, pagar todo lo que hay que pagar y ser amigo del poder”.

Y entre otros, dio precisamente el ejemplo de la Línea 60: “cada uno de los 342 colectivos que declara la línea 60 recibió en mayo, último mes con la liquidación completa, 57.491 pesos, lo que hizo un total de 19,6 millones de pesos que el Estado aportó a la empresa que corre de Constitución a Tigre. Según la declaración jurada que presentó la empresa, la firma declara transportar 37.213.245 por año, lo que da un promedio de 108.810 pasajeros por colectivo. Si se tomara como promedio que cada pasajero paga 1,60 pesos por boleto (seguramente es más porque ese precio es sólo si se paga con SUBE y el trayecto debe estar entre 6 y 12 kilómetros), pues esa empresa habrá tenido una recaudación de 174.097 pesos. Si a esto se le suman los 12 pagos de subsidios mensuales, pues cada unidad se hizo de 827.000 pesos por año”.

Esta política contrasta con la situación que enfrentan las 450 familias obreras organizadas en la cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrones), ex Zanón.

La fábrica recuperada por sus trabajadores está amenazada porque la maquinaria se volvió obsoleta, lo cual hace muy difícil la producción y eleva a cifras millonarias el consumo de gas y energía eléctrica. Todas las industrias cerámicas renovaron tecnología en estos años con financiamiento de los estados nacionales y provinciales. Desde la vecina Cerámica Neuquén hasta la Cerámica Alberdi de Salta, cuya construcción fue totalmente financiada por el Estado nacional.

Los trabajadores presentaron su proyecto de renovación tecnológica en el 2013 y los ingresaron en el programa de créditos del Bicentenario. Antes de dar por finalizado este programa se habían entregado más de $ 11.000 millones a 500 empresarios, muchos de ellos representantes de monopolios extranjeros como Toyota, Carraro o Metalpar.

En enero de este año, en el marco del programa Fondear (continuador del Bicentenario), y luego de años, los funcionarios nacionales les dijeron que no otorgarían el crédito que necesitaban. Insistieron y el 25 de febrero fueron convocados a Casa Rosada por el entonces Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, junto a funcionarios del Ministerio de Economía que hicieron público el anuncio que les otorgarían un crédito para renovación tecnológica de $ 32 millones en dos desembolsos a fines de marzo y principios de abril. El plazo ya pasó y el crédito no llegó, a pesar que el 31 de marzo, en Neuquén, el Ministro de Economía, Axel Kicillof se comprometió a dar cumplimiento al compromiso asumido por el gobierno nacional. El 8 de abril los convocaron al Ministerio de Economía y les dijeron que no les otorgarían el crédito del Fondear.

Los obreros y obreras de Zanón no piden subsidios como cobran los empresarios del transporte, solo reclaman al Estado nacional lo que entienden que es justo para poder seguir adelante con la producción y los puestos de trabajo: un crédito para la compra de maquinaria y la renovación tecnológica parcial de la fábrica.

En Villa Constitución, a 55 kilómetros de Rosario, una huelga por tiempo indeterminado puso en alerta a una ciudad que gira en torno a Acindar, la siderúrgica que es líder en la producción de acero y hoy está en manos de capitales indios.

Después de los primeros despidos, los operarios comenzaron con asambleas en la fábrica y Acindar decidió redoblar la apuesta: le prohibió el ingreso a otros 6 trabajadores efectivos que tenían más de 10 años de antigüedad. Después de 7 días de paro, la semana pasada, el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, pero la solución sigue lejos.

“La empresa hace dos años que viene planteando que tiene que achicar costos y aumentar productividad por la competencia con el acero chino. El problema es que buscan ser competitivos a costilla nuestra y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores”, declaró Silvio Acosta, miembro de la comisión interna y secretario general de la CTA autónoma en Villa Constitución. Cuenta que los despedidos pertenecen al sector de colada continua, uno de los que implica más riesgo de accidentes y alta peligrosidad, donde se trabaja con acero líquido. Y afirma que ya existen antecedentes que refuerzan la posición del sindicato. “Es un sector que no se puede achicar porque tiene que ver con la seguridad. Nosotros manipulamos hierro y acero líquido. Hace dos meses, explotó la planta de reducción directa -la que saca los gases a los minerales para que entren en la producción de la acería- y hace un mes se pinchó una colada, una especie de cuchara gigante, y derramó todo el acero. No hubo muertos de milagro”.

En la planta de Villa Constitución, hay 2400 obreros: 1200 son empleados por Acindar y otros 1200 son tercerizados que realizan tareas de limpieza y reparaciones. Los despidos que comenzaron el 1º de julio no fueron justificados. Para la CTA, se trata de persecución gremial aunque también existe un trasfondo económico. La empresa afirma que al parate que genera la crisis energética se le sumó en el último tiempo una baja de producción a causa del ingreso de 50.000 toneladas de acero chino para la construcción de dos obras fundamentales a las que abastecía: la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner, en Santa Cruz, y Atucha III, en la provincia de Buenos Aires.

“Este año fue difícil. Antes de este paro que duró 7 días, ya habíamos tenido otros 7 paros por diversas situaciones y cambios de política de la empresa. Hay ajustes que se están sufriendo y como trabajadores tenemos que rechazarlos. Hay un enfriamiento de la economía y lo vemos nosotros también pero la gerencia de Recursos Humanos cambió su política y ahora viene con la mano dura”. El que habla es Pablo González, de 35 años, miembro de la comisión directiva de la UOM de Villa Constitución, alineada a nivel nacional con el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló. González sostiene que se trata de un conflicto sin precedentes en muchísimo tiempo y afecta a toda la ciudad, que vive de la metalurgia. “Cuando vino la segunda tanda de despidos, en medio de las asambleas, la gente estalló en cólera y nos dijo que no iban a levantar el paro hasta que no ingresen los compañeros efectivos”.

El sindicalista de la UOM dice que es sabido que en el invierno, cuando hay restricciones de gas, a la empresa le sobran días de producción y le conviene parar. Pero este año, a diferencia de lo que sucedió en 2014 -cuando se acordaron suspensiones de 7 días-, Acindar busca tener “las suspensiones gratis”. “La empresa esparce el miedo. Quieren instalar el fantasma de Paraná Metal”, agrega Pablo González. Se refiere a la autopartista que pertenece al empresario kirchnerista de Cristóbal López, una compañía que además de cargar con una historia negra de despidos y suspensiones, sigue con conflictos y amenaza incluso con cerrar sus puertas.

La conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo vence el 28 de julio. Tanto Acosta como González coinciden en que durante ese lapso, no habrá nuevas medidas de fuerza en la fábrica. Pero anticipan que si no hay acuerdo, lo que viene serán más días de paro. “Está claro que nosotros queremos todos los muchachos adentro”. Hasta ahora, la postura de Acindar parece intransigente. El gerente de Recursos Humanos, Gerardo Cricco, y el gerente de Relaciones Gremiales, Gabriel Di Paolo, expresaron la postura de la empresa: no dar marcha atrás con los despidos.

La Comisión Gremial Interna de Télam denunció la política del Directorio de la empresa destinada a cercenar toda huella de vida sindical dentro de la agencia de noticias pública. En una nueva avanzada contra sus trabajadoras y trabajadores, la empresa imputó a todo el cuerpo de delegados elegido por el voto por constituir una asociación ilícita y -en forma personal-, a uno de sus delegados, Mariano Suárez, sobre quien se pidió que se le prohíba el ejercicio de su profesión de abogado por el delito de “aconsejar” a trabajadores de la agencia.

A raíz de esta denuncia, los delegados imputados y decenas de trabajadoras y trabajadores de Télam serán interrogados como parte de la “investigación” que cabe interpretar como un violento acto de hostigamiento a la vida sindical dentro de la agencia.

Siguiendo con los medios públicos, la mayoría de los trabajadores de las distintas emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo de todo el país llevó adelante un paro, primero de 24 horas, el 2 de julio, y luego de 48 horas, el 6 y 7, en reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales, ya que muchos empleados están contratados y su situación es precarizada.

La medida fue llamada por todos los sindicatos, lo cual es algo que en Radio Nacional no pasa comúnmente, ya que es la primera vez en diez años que los trabajadores de todos los sindicatos paran, y en la mayoría de las emisoras del país, exceptuando a algunos conductores -Roberto Caballero, Hernán Brienza, Cynthia García y Ari Lijalad-, quienes junto a las autoridades, decidieron armar un programa especial para pasar el lunes a la mañana.

La empresa ofreció la pauta salarial anunciada para el sector público, del 27,4% desdoblada en dos partes: 17,4% a partir de mayo y el 10%, no acumulativo, a partir de julio y solo para el personal efectivo o contratado por tiempo indeterminado.

Los gremios solicitaron que todo lo que se negocie en la paritaria también contemple a los trabajadores contratados bajo la figura de eventuales. También se reclamó la regularización de los trabajadores precarizados que se desempeñan en las distintas áreas.

Sin perjuicio de aceptar o rechazar la oferta patronal, los gremios expresaron que la propuesta era insuficiente por lo que contrapropusieron, tal y como sucedió en otras paritarias, discutir ítems convencionales: sumar el 1% al adicional por antigüedad (fijado en el 2%) de tal modo que -así como pagan el 3% en las emisoras comerciales que dependen de RTA- los trabajadores de las LRA perciban el mismo porcentaje, fijar el ítem refrigerio en la suma de $3.000 y unificar los montos percibidos por el ítem vestimenta, como ocurrió en la paritaria anterior.

En audiencia posterior a la realización de los paros, y ante la falta de respuesta o de propuesta alternativa, todas las entidades gremiales lanzaron un paro por tiempo indeterminado, frente a lo cual el Ministerio de Trabajo dictó de inmediato la Conciliación Obligatoria por el término de 15 días hábiles, que vencen el 30 de julio.

Más de 6.000 maestros manifestaron frente al Jardín de Infantes Nº 2 de Flores en apoyo a la directora y la maestra separadas de sus cargos por el asesinato a golpes de un niño por su padrastro, en el marco de un contundente y masivo paro en la Ciudad de Buenos Aires el miércoles pasado.

El hecho ocurrió en junio y transcurrido un tiempo el Ministerio de Educación de la Ciudad decidió sumariar a Elsa y Alejandra. Inmediatamente las familias, los alumnos y los docentes de la escuela organizaron abrazos y manifestaciones en apoyo de las maestras, rechazando que el gobierno las use de chivo expiatorio y quitarse el peso de tener que desarrollar políticas públicas reales para resguardar los derechos de la niñez.

Cabe señalar que ninguna de las dos ha sido ni siquiera investigada por el hecho, mientras el Jefe de Gobierno y precandidato presidencial, Mauricio Macri, enfrenta un proceso por escuchas telefónicas ilegales y permanece en su cargo.

La convocatoria fue precedida por las elecciones del principal gremio docente de la Ciudad, UTE-CTERA. La conducción la retuvo la directiva kirchnerista de la Lista Celeste, mientras la izquierda de la Lista Multicolor, pasó del 8% hace dos años a casi el 25% en ciertos distritos, logrando congresales, hecho que no ocurría desde hace más de 25 años.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina informó que se alcanzó el acuerdo entre las partes en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón.

Las partes acordaron un aumento sobre los salarios básicos vigentes de un 25 % retroactivo al mes de abril de 2015; que se incrementa a 27,8 % a partir del mes de julio de 2015 y llegará a 30 % a partir del mes de enero de 2016.

Con el aumento alcanzado, el básico convencional para el peón, sin contar la antigüedad, incluyendo los adicionales, alcanza la suma de $ 11.472,58 en julio del corriente año.

Asimismo, se pagará a todos los trabajadores una gratificación por única vez, cuyo valor será igual a de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) que se abonará en tres cuotas consecutivas.

Por otra parte, luego de años de luchas y reclamos, se logró consagrar en el convenio que para las tareas eventuales, transitorias o de temporada, las empresas deberán garantizar la presencia de por lo menos un delegado de personal con mandato vigente y por turno desde el inicio y hasta la finalización de las mismas. Se trata de una herramienta para prevenir prácticas desleales de discriminación gremial.

Trabajadores del SENASA nucleados en ATE decidieron un paro de 12 días que comenzará el 20 de julio y una movilización por la autopista Ricchieri con cortes y acampes en los peajes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, porque las autoridades de Economía no autorizan la partida presupuestaria necesaria para afrontar el aumento salarial y para que no quede paralizada su operatividad en todo el país.

Tampoco hubo avances con ferroviarios y el gremio de sanidad a pesar de un nuevo incremento en las prepagas a partir de agosto. Fue del 7% con un acumulado anual del 28,6%. El sindicato solicitó una actualización del 33% en dos tramos: 18% a partir de julio y 15% en octubre. Hasta el momento, solo firmó acuerdos salariales con el sector de droguerías y laboratorios por el 32% en 3 cuotas. La primera del 18%.