Megaminería en Argentina: Crónica de un saqueo

Resumen Latinoamericano/Sebastián Saade/Marcha – El año 2014 será recordado por el acelerado avance de las corporaciones transnacionales sobre la cordillera argentina para la explotación de la megaminería, con la connivencia de los estados provinciales y nacional. Los pueblos afectados resistieron para defender las tierras, el derecho a la vida y su ecosistema. La necesidad de nacionalizar las luchas contra el extractivismo se va incrementando pero todavía queda mucho que hacer.

En esta primera parte -que abarca el primer semestre del año- visualizamos una historia de entrega de los gobiernos de turno al capitalismo trasnacional y el rechazo producto de la conciencia de los pueblos.

El año abría con la noticia de que la UTE (Unión Temporal de Empresas) creada por las empresas Glencore -Xstrata Internacional, Yamana Gold y Goldcorp- expandió su explotación en La Alumbrera con el anuncio de la explotación y exploración del reservorio Bajo el Durazno en la provincia de Catamarca.

Desde el matutino La Gaceta anunciaron que durante el 2014 la UTE realizaría una inversión de 500 millones de dólares. En el marco de este anuncio, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, acompañado por Ángel Mercado en representación del Gobierno de la provincia de Catamarca, realizaron una visita al terreno de Bajo el Durazno.

El poder transnacional

Al finalizar el mes de enero la devaluación impulsada por el gobierno fue festejada por el sector vinculado a la explotación minera. Así lo hizo saber el Director Ejecutivo de la empresa canadiense Goldcorp, Chuck Jeannes, que calificó como muy positiva la medida. Jeannes afirmó durante el XVII Anual Whistler Institucional Investor Conference de CIBC que la devaluación del peso “ha sido algo que hemos estado buscando”.

Acosado por los flacos números provinciales, el año pasado el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, impulsó un aumento considerable sobre los impuestos que pagan las mineras, en base a sus reservas bajo tierra. Durante el año 2014, al contrario de pagar los impuestos definidos por el gobierno, las mineras le ofrecieron al gobernador Peralta armar un esquema de aportes voluntarios, siempre y cuando se derogue el impuesto.

El lobby empresarial sigue marcando la agenda y las políticas de las provincias mineras.

Andalgalá resiste

El procurador fiscal subrogante ante la corte suprema, Marcelo Sachetta dictaminó la suspensión de la Alumbrera y Bajo el Durazno. El recurso presentado por el fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez definió que así sea “hasta que se acredite la contratación del seguro ambiental obligatorio y la constitución de las garantías suficientes para asegurar el cumplimiento de las eventuales obligaciones indemnizatorias”.

Por su parte, la población de Andalgalá marchó por las calles de  la ciudad recordando el aniversario de la represión y contra la megaminería. Desde la Agencia de Noticias del Nevado confirmaron que se marchó nuevamente contra las mineras, como desde hace cuatro años, contra Bajo La Alumbrera y diciéndole “no” a los proyectos Agua Rica, Filo Colorado, Bajo el Durazno y Pilciao.

Otro caso paradigmático sucedió en la provincia de San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, cuando el gobernador José Luis Gioja mandó a reprimir a activistas que protestaron contra la megaminería en la provincia. Matias Sotomayor es indicado como el agresor de los tres manifestantes lesionados. En el portal No a la Mina relatan que Sotomayor fue nombrado “corresponsal” de la Unesco con la misión de formar un consejo de paz. En el 2012 fue Secretario General de la Juventud Peronista Federal y es asesor de la Unidad Gobernación.

Los socios internos

En el mes de marzo, desde la agencia OPI de Santa Cruz afirmaron que un ex trabajador de una empresa subcontratista TGM Logística Tejada, que trabaja para la Minera Santa Cruz, inició una denuncia donde declara que se entierran residuos peligrosos en la costa del río Fénix, que vuelca su aguas al río Deseado, en proximidad del Perito Moreno. El informe técnico establece que las orillas del río Fénix se encuentra contaminado con copeles y crisoles triturados, con una altísima tasa de plomo.

Otro caso relevante es el desmonte de bosques nativos en la provincia del Chaco para las explotaciones mineras. En una reunión realizada entre el gobernador Carlos Bacileff Ivanov y el Gerente de la empresa New Phoenix firmaron un acta acuerdo en el mes de mayo con la intención de avanzar en una segunda etapa de exploración minera en el impenetrable chaqueño. Desde Greenpeace argentina emitieron una carta al gobernador donde advierten sobre la prohibición de los desmontes de los bosques nativos para avanzar en este tipo de exploraciones.

Desde la organización mencionada advierten que la Ley Nacional de Bosques prohíbe la autorización de desmontes de bosques nativos: “La minería realizada en zonas boscosas tiene un impacto significativo e implica la transformación (desmonte) de las mismas, además de otros impactos ambientales. Conforme a lo establecido por la Ley de Bosques la futura autorización de este tipo de actividades en bosques nativos debe restringirse únicamente a los clasificados en la Categoría III (verde), previa Evaluación de Impacto Ambiental y audiencia pública. Solicitamos nuevamente, que se cumpla prioritariamente con lo que manda dicha Ley, en beneficio del bien común”, afirmó Noemí Cruz de Greenpeace Argentina.

Megaminería: delito de Lesa Humanidad

En el décimo encuentro de la Unión de Asamblea Patagónicas (UAP) realizado del 10 al 22 de junio en la ciudad de Trelew definieron declarar la megaminería como delito de lesa humanidad. El comunicado publicado en No a la Mina establece que la declaración está fundamentada “por constituir un ecocidio que atenta contra el derecho a la vida. Este delito es imprescriptible, por lo tanto, realizaremos las denuncias correspondientes penales y civiles provinciales, nacionales e internacionales”. A su vez desde la UAP exigen que los funcionarios provinciales y nacionales se abstengan de aprobar leyes de megaminería, indicando que si lo hicieran serán responsables de atentar contra el derecho a la vida de los pueblos y los futuros habitantes de estas tierras.

Al gran capital no le alcanza

En el mes de Junio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró una planta de procesamiento de soja en la localidad santafesina de Timbúes. En el mismo acto participó el gobernador provincial, Antonio Bonfatti. «Estamos muy contentos con esta inversión que se realiza en la provincia de Santa Fe, por parte de empresarios santafesinos, de una firma Suiza», afirmó Bonfatti.

Junto al gobernador se encontraba Sergio Nardelli, director de Renova y de Vicentín, una de las firmas accionistas de Renova. Gran parte de la inversión fue realizada por la empresa extractivista Xstrata.

La planta de soja inaugurada pertenece efectivamente al grupo Xstrata, que explota la megaminería en el país en el yacimiento de cobre, oro y molibdeno Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Además, controla un puerto privado cercano a Rosario.  Según perfil.com, Xstrata se asoció en mayo de 2013 por 41.000 millones de dólares con la empresa de comercio de materias primas Glencore. En conjunto, «Glencore Xstrata plc», son titulares del 33% de Renova, según indica documentación de la empresa destinada a accionistas.

El fraude volvió a la política

El martes 25 de octubre la legislatura de la provincia de Chubut en una maniobra fraudulenta entre gallos y medianoche modificó el proyecto de ley presentado por iniciativa popular, que planteaba la prohibición total de la megaminería nuclear y metalífera. El proyecto inicial presentado por Ias asambleas ciudadanas fue modificado íntegramente estableciendo suspender la actividad minera por 120 días y habilitar al ejecutivo provincial a garantizar el debate sobre la minería y llamar a “consultas populares vinculantes” en las regiones o localidades afectadas por el proyecto de explotación.

Mientras tanto en la calle eran reprimidos manifestantes de las asambleas ciudadanas y el recinto era desalojado dejando únicamente a facciones de la UOCRA que se encargaron de vitorear a los diputados que votaron afirmativamente.

La escandalosa sesión explotó en los medios nacionales cuando empezó a circular por internet una foto en la que el diputado peronista Gustavo Muñiz intercambiaba mensajes de texto con Gastón Berardi, gerente de Minas Argentinas S.A., subsidiaria de la empresa minera Yamana Gold. El empresario impartía instrucciones de las modificaciones que debían realizar al proyecto de ley. Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina radicaron una denuncia contra el diputado Muñiz  por presunto cohecho y tráfico de influencias. También solicitaron la investigación de los demás diputados que votaron afirmativamente respecto a posibles vinculaciones con la empresa.

Un paso más en la lucha de Andalgalá

En los primeros días de diciembre la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que debe admitirse el recurso de amparo presentado por las y los vecinos de Andalgalá en la causa por la explotación de la mina Agua Rica. El recurso que planteaba la suspensión de la explotación minera en la región había sido rechazado con anterioridad por la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca.

Según consta en el dictamen de Gils Carbó, «el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras», según el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ahora la causa por el recurso de amparo presentado por los vecinos deberá volver a la Corte Suprema de Justicia provincial para que se dicte una nueva sentencia.

El dictamen de la Procuradora General se produjo luego de que la Asamblea El Algarrobo de la ciudad de Andalgalá decidió visibilizar su reclamo instalando un acampe frente a los Tribunales federales, en la plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires. El comunicado de prensa emitido por la Asamblea El Algarrobo planteaba que “los vecinos de Andalgalá tomamos la decisión de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la protección de nuestros derechos, a raíz de la denegación arbitraria de justicia que hemos sufrido en todas las instancias judiciales de la provincia de Catamarca”.

Mendoza resiste

La lucha y concientización del pueblo mendocino han logrado que dos emprendimientos mineros hayan sido frenados en la Legislatura provincial. Se trata de los proyectos de Hierro Indio y Cerro Amarillo. El caso de Cerro Amarillo cobra una relevancia especial porque desde el Frente para la Victoria decidieron posponer un referéndum para el 2016, pasada las elecciones provinciales y nacionales.

A finales del mes de noviembre, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza votó en contra de la reactivación del proyecto minero Hierro Indio. La votación ya tenía media sanción en la cámara de senadores, pero con este resultado se dio por archivado el proyecto minero con un amplio apoyo de la ciudadanía y una masiva participación en distintas movilizaciones en el sur de la provincia y en la ciudad de Mendoza.

El proyecto de Cerro Amarillo se ubica en la ciudad de Malargüe y representa una inversión diez veces mayor que la de Hierro Indio. El tratamiento en el Senado quedó suspendido porque no se realizó el inventario de glaciares que debía elaborar el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) de la cuenca del Río Grande.

Desde el portal Mendoza Online afirmaron que “en el Senado hay otro plan: los senadores del PJ tienen la idea de devolver la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Ejecutivo para que esté más blindada si el Gobierno quiere impulsarla en mayo, según reconoció un legislador”.  Los senadores justicialistas pretenden no «quemarse» otra vez con la minería y en el caso de Cerro Amarillo prefieren esperar a que el gobernador Francisco Paco Pérez defina si quiere seguir dando batalla durante el año electoral que se avecina, afirmaron.

Loncopué: libre de minería a cielo abierto

Luego de dos años del referéndum realizado, se aprobó la ordenanza que rechaza la minería metalífera a cielo abierto en la localidad de Loncopué. La consulta popular se realizó el 3 de junio de 2012, participó el 77 por ciento de la población, y el rechazo a la megaminería ganó por el 88 por ciento de los votos. El camino no fue fácil para llegar a un 2014 donde los vecinos de Loncopué pudieron festejar el triunfo obtenido. Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué manifestó a La Retaguardia que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino intentó todo tipo de maniobras para impedir el referéndum: llamaron por teléfono a los vecinos para que no asistan a la votación y además cortaron el suministro de luz desde la noche anterior.

La primera acción del gobierno provincial fue pedir una medida cautelar para suspender la ordenanza. «Se nos dio traslado del pedido a nosotros, lo contestamos, y el tribunal dijo que no había elementos como para suspender la ordenanza mientras se tramitará el juicio. Ese fue el primer quiebre que tuvo el gobierno porque pensó que presionando al tribunal iba a poder conseguir una noticia de impacto, de suspender preventivamente la ordenanza; al no lograrlo, el gobierno se debilitó bastante. Posteriormente las compañías mineras que habían tenido interés en la zona fueron desistiendo al ver que no había una licencia social, ya que es muy difícil instalar una industria donde -hablando en términos criollos- te van a cascotear el rancho, y la gente mayoritariamente ya dijo que no, y contra eso es muy difícil poder instalarse, por más intereses que haya», afirmó Cristian Hendrickse.

Los vecinos de Loncopué, Esquel y Andalgalá han demostrado que con organización se puede frenar a la megaminería y derrotar la alianza entre las grandes corporaciones y los gobiernos provinciales y nacional. La realidad parece indicar que las relaciones carnales entre los empresarios y la política vernácula no se termina en el 2014. Las exploraciones mineras se irán expandiendo a lo largo del territorio argentino y con ellos, las asambleas de vecinos y vecinas dispuestas a levantar las banderas de “NO A LA MINA”.

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