Gross trabajaba en Cuba como subcontratista del gobierno norteamericano cuando lo arrestaron en 2009. Desde entonces, no ha captado ingresos y ha tenido que pagar a representantes legales, dijo su abogado, Barry Buchaman, ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
Un abogado del gobierno afirmó que como las acusaciones están relacionadas con la detención de Gross en Cuba, éste no tiene derecho a demandar a Washington.
El panel tiene previsto emitir un fallo escrito sobre el caso en fecha posterior.
En 2013, un juez de una corte inferior desechó la demanda de Gross contra el gobierno con el argumento de que la ley en Estados Unidos prohíbe demandar a Washington por perjuicios sufridos en otros países. Los abogados de Gross presentaron una apelación.
Gross fue detenido en diciembre de 2009 mientras instalaba conexiones para internet como subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés), una fachada CIA que pretende hacer labores para la promoción de la democracia.
Gross se encontraba por quinta ocasión en Cuba cuando pretendía falsamente que trabajaba con comunidades judías.
Cuba considera los programas de la USAID como intentos ilegales de Estados Unidos para socavar al gobierno de La Habana; Gross fue enjuiciado y sentenciado a 15 años de prisión.
El viernes, la juez Karen LeCraft Henderson preguntó al abogado del gobierno, Alan Burch, si la USAID continuaba enviando personas a Cuba. El abogado respondió que no sabía.
Un portavoz de la USAID no respondió de inmediato una llamada telefónica para que hiciera declaraciones sobre el particular.
The Associated Press había informado con anterioridad que la USAID continuaba sus acciones de fomento a la democracia en Cuba después del arresto de Gross, incluido un programa para crear un “Twitter Cubano” y otras acciones que incluyen el envío de jóvenes latinoamericanos a la isla.
Gross dijo en su demanda en 2012 que no recibió adiestramiento adecuado ni se le advirtió de los riegos, aunque escribió en un informe sobre su trabajo que lo que hacía era “una actividad muy peligrosa evidentemente”.
Según una investigación que efectuó The Associated Press en 2012, Gross utilizaba tecnología avanzada típicamente disponible sólo para los gobiernos.
En su demanda, en la que exige 60 millones de dólares, Gross acusa al gobierno y al contratista para el que trabajaba, la firma Development Alternatives Inc., con sede en Maryland, de no prepararlo de manera adecuada.
En la demanda no se precisa cuánto de esa cantidad corresponde a cada parte ni cómo es que los abogados de Gross llegaron a la cifra de 60 millones de dólares.
La familia de Gross alcanzó en mayo de 2013 un arreglo extrajudicial con Development Alternatives Inc. por una suma que se mantuvo en secreto.

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