VENEZUELA: YA RIGE LA LEY HABILITANTE Y EL PUEBLO FESTEJA EN LA CALLE

ampliar

Tras su aprobación el presidente Nicolás Maduro anunció que se apresta a hacer esta noche “importantes anuncios”.

La norma fue aprobada con la estricta mayoría calificada de 99 votos del legislativo unicameral, que el oficialismo pudo reunir la semana pasada, luego de que se allanara la inmunidad parlamentaria de una diputada opositora y ésta fuera reemplazada por su suplente oficialista.

Sólo tras haber destrabado esa restricción, el oficialismo introdujo el debate de la ley que Maduro había pedido formalmente el 8 de octubre. El proyecto fue aprobado en primera discusión el jueves pasado y, tras pasar a una comisión que debía elaborar un dictamen, esta tarde fue sancionada y girada al Ejecutivo para su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial.

La sesión de hoy, reservada en principio a la discusión en particular del articulado de la norma, se limitó a un debate general en el que oficialistas y opositores ratificaron sus argumentos generales a favor y en contra de la iniciativa.

Mientras tanto, cientos de simpatizantes del gobierno congregados en los alrededores de la sede de la Asamblea seguían la sesión a través de pantallas de televisión instaladas en las calles y aplaudían o abucheaban a los legisladores que hacían uso de la palabra, según fueran oficialistas u opositores.

Una vez sancionada la ley, los manifestantes se trasladaron a pie hasta el palacio presidencial de Miraflores, adonde las autoridades de la Asamblea, encabezadas por su presidente, Diosdado Cabello, y los legisladores chavistas se dirigieron para entregar a Maduro el texto de la ley.

La sanción de la ley tuvo lugar en medio de la campaña para las elecciones municipales del 8 de diciembre, que tanto el oficialismo como la oposición asumieron como una suerte de plebiscito tras el ajustado resultado de las presidenciales de abril pasado, en las que Maduro aventajó a Henrique Capriles Radonski por menos del 1,5 punto por ciento de los votos.

Asimismo, coincide con el impulso que adoptó el gobierno en las últimas semanas para combatir la inflación y la escasez de productos básicos que el país viene sufriendo en forma creciente desde la implantación del control cambiario, en 2003.

En ese contexto, Maduro ordenó hace 10 días operativos militares de inspección a ferreterías y comercios de electrodomésticos y autopartes, a los que obligó a rebajar sus precios entre 50 y 70 por ciento, y anunció que una vez que el parlamento sancionara la ley habilitante emitiría un decreto destinado a regular costos y precios de productos y utilidades de las empresas.

El debate parlamentario y la sanción de la ley habilitante fueron antecedidos por una jornada tensa, en la que el gobierno reportó nuevas detenciones de dueños y gerentes de comercios.

Asimismo, se anunció la aplicación de una multa a la filial local de la automotriz estadounidense General Motors, a la que se inició una “inspección minuciosa” de las divisas que le fueron liquidadas, ante la presunción de maniobras de “usura y sobreprecio en la venta de repuestos a los concesionarios”, informaron las agencias noticiosas AVN y EFE.

Paralelamente, se registró un fuerte contrapunto entre Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que reúne a 29 partidos opositores.

“¿Por qué la MUD rechaza las acciones que tomé para bajar los precios? ¿Por qué inventan mentiras para defender a los usureros?”, preguntó Maduro en su cuenta de Twitter luego de que la coalición opositora divulgara una extensa declaración de rechazo a la ley habilitante y a las últimas medidas adoptadas por el gobierno en materia económica.

“Tras los anuncios de Nicolás Maduro sobre un conjunto de medidas y posteriormente la decisión de ocupar comercios y ordenar una rebaja compulsiva de precios, es claro que la crisis económica que padece Venezuela se va a agravar”, sostuvo la MUD.

“Rechazamos categóricamente la alteración del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el gobierno nacional al forzar, mediante toda clase de artimañas contrarias a principios jurídicos fundamentales y a la ética propia de un sistema republicano, la sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución”, agregó.