VENEZUELA : La marcha de la Constituyente por una Ley de Semillas Popular

Por Agustina Castagnoli, Belén Santandreu y Manuel Correa. (De Resumen Latinoamericano, Venezuela).-

Promover, a nivel nacional e internacional, una nueva ética socio-productiva, que impulse la transformación de los patrones insostenibles de producción y de consumo capitalistas. (5.1.2 del Gran Objetivo Histórico y Nacional N°5: Contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.)

 

Durante los días 2 y 3 de Noviembre de 2013 los colectivos Frente Campesino Bolívar y Zamora, Campaña Nacional Venezuela Libre de Transgénicos, Programa Todas las Manos a la Siembre, Red de Guardianes de la Semilla, Sistema de Trueke Kirikire, Colectiva biofabrica del buen vivir, Colectivo Amplio para la Restauración de la Agricultura Campesina y Originaria, entre otros, continuaron con un ejercicio de construcción de poder popular que toca de cerca el bienestar de toda la población venezolana. Se trata de un proceso asambleario y vinculante que proyecta construir una auténtica Ley Popular de Semillas. 

 

¿Qué tiene que ver una semilla con la vida del lector de estas palabras? Es sencillo de expresar: todos somos consumidores, todos necesitamos alimentarnos.¿De dónde vieneel maíz de la arepa que preparamos en el desayuno? Viene de una semilla. Allí se encuentra el origen de una concatenación de trabajos y procesos que hacen posible el desarrollo de una práctica cotidiana tan sencilla.

 

El 22 de Octubre de 2013 se preveía realizar una primera discusión en sesión plenaria de la Asamblea Nacional para comenzar a debatir un proyecto de ley de semillas impulsado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.  Sin embargo, nada de esto sucedió ¿Por qué? Más de cien organizaciones de base, incluyendo quienes firmaron la declaración de Monte Carmelo en 2012, tuvieron algunas observaciones para realizar:   1) El proyecto de ley no es claro cuando se refiere a la propiedad intelectual de la semilla. La propiedad intelectual es la que permite la privatización y el cobro de regalías para investigadores y empresas. Sustentándose en la base del conocimiento científico legitimado por su origen occidental, deja de lado a los saberes ancestrales de campesinos e indígenas. 2) Establece regímenes de inspección que podrían tener como resultado la criminalización de prácticas de intercambio tradicionales como el trueque. 3) Propone la creación del Instituto Nacional de la Semilla como único ente encargado de regular una certificación de inocuidad biológica. Es decir, un certificado que determina si la semilla cumple o no con los requisitos preestablecidos para el uso y la comercialización. 4) No establece regulaciones a la semilla importada a los que efectivamente se ve sometida la semilla nacional. 5) No define formas claras de participación popular ni contraloría social. 6) La creación del Instituto Nacional de la Semilla como único ente responsable de la bioseguridad entra en conflicto con el accionar del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, ya que se superpondrían funciones y competencias. 7) Establece criterios mercantilistas sobre la semilla a través de la propiedad intelectual, certificación y fiscalización.

 

Con el insumo de estas observaciones se logró detener el debate sobre el proyecto presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Pero no por ello la problemática vinculada con las semillas quedó paralizada. Al contrario, actualmente es un frente de luchas que acumula experiencias de diversos colectivos. En la Declaración del Primer Encuentro Internacional de Guardianes de la Semilla celebrado en Monte Carmelo, Estado Lara,  el 29 de Octubre de 2012 participaron más de 100 organizaciones nacionales e internacionales como la Vía Campesina, MST de Brasil, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de Bolivia, Movimiento Campesino Paraguayo, entre otros. La declaración fue el resultado del trabajo de los colectivos, organizaciones de base, educadores populares, radios, revistas, medios comunitarios, escuelas agroecológicas, consejos comunales, semilleros socialistas y colectivos universitarios. En una lógica de continuidad y crecimiento del debate, la declaración representó un insumo clave para defender la posición que desplazó al proyecto de ley el 22 de Octubre de 2013. Esta posición anti transgénica proyecta llevar adelante un proceso constituyente de carácter progresivo, que incluya a la mayor cantidad de voces, fundamentalmente a colectivos campesinos e indígenas, los más experimentados para definir criterios y compartir conocimientos.

 

Con esta impronta se realizaron mesas de trabajo los días 2 y 3 de Noviembre de 2013 en la Aldea Universitaria Héroes de Canaima, sede del Programa Todas las Manos a la Siembra en el Municipio Naguanagua, Estado Carabobo. Quienes escriben esta nota participaron y pueden afirmar que han aprendido a distinguir cuál es la diferencia entre la construcción de una ley de semillas que aporte al desarrollo de una soberanía alimentaria sana y agroecológica, y una ley que se proclama como antitransgénica pero que esconde la posibilidad de habilitar una institucionalización del transgénico ¡Vaya contradicción! Recordemos que los interesados en que se genere una forma legal de introducción de transgénicos son los responsables de defender los intereses de corporaciones trasnacionales como Monsanto. A ellos poco les importa la salud de la población venezolana y sus suelos. Este proceso de institucionalización suicida ya los han desarrollado otros países donde los mecanismos constituyentes populares son cercenados por políticas de Estado. Es el caso de la Ley 9.70 en Colombia, cuyas consecuencias son conocidas: instituciones que dicen proteger la salud de su pueblo pero destruyen las semillas criollas de los campesinos. Así,  arruinan un proceso de acumulación de modificaciones y mejoramientos genéticos que deberían ser patrimonios de todos los seres humanos. Lo dice la Constitución Bolivariana en el Capítulo IX apropósito de los Derechos Ambientales: “El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado» (Art 127). La Constitución y el Plan de la Patria de la República Bolivariana son escudos para evitar la institucionalización del transgénico y el patentamiento que desplazan al pequeño y mediano productor. Ellos realizan los intercambios de semillas que resultarían ilegales según la lógica de la legislación oportunamente desplazada.

 

En esta disputa se contraponen dos modelos de desarrollo económico que sintetizan  contradicciones de las políticas agroalimentarias en Nuestra América: privilegiar un modelo de desarrollo agroindustrial intensivo y extensivo cortoplacista; o desarrollar un modelo de desarrollo agroecológico y ecosocialista. Este requiere trabajos de concientización, involucramiento y educación basados en el respeto por la naturaleza. También es un modelo que se debe sostener con trabajos pacientes y conscientes. Los colectivos están avanzando sobre estos puntos para construir en el diálogo estrategias que profundicen el modelo ecosocialista para defenderlo con el peso de una ley constituyente. Arduo trabajo de importancia histórica el de generar un precedente que reafirme la calidad de Pueblo Legislador que posee el Poder Popular Bolivariano. También es una posibilidad para honrar las luchas de todos los pueblos de América amenazados con el doble discurso del progreso ¡Que Venezuela no caiga en la trampa! Para eso es que se está trabajando colectivamente. Por eso hay que poner la lupa en este tema.

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login