Organismos de DDHH denuncian que en Uruguay hay un estado policial «desbocado»

6 noviembre.-Las organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Estudios Legales y Sociales y el Servicio Paz y Justicia-Uruguay, advirtieron que hay un “estado policial desbocado” producto de lo que consideran “errores legislativos”.

“Amparado en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostienen las organizaciones.

“La expansión de la vigilancia policial -simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina. Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos”, afirman.

En el comunicado público se afirma que “algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo. Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva”.

“La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación. Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos (despenalización del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes).

Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos acontecimientos. De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social, evitando que el Estado Policial se siga expandiendo”, sostienen Ielsur y Serpaj.

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