Continúa el debate sobre Ley de Semillas en Venezuela

 

 

Belén Santandreu, desde Venezuela /Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre.- La primera ley de semillas en el país es sancionada el 18 de octubre de 2002, dejando el espacio abierto a mal interpretaciones sobre la certificación, propiedad intelectual de las semillas y el uso de transgénicos. Once años después, el debate sobre un nuevo proyecto de ley de semillas en Venezuela comienza a tomar fuerza en todo el territorio nacional.

 

 

 

Ley de Semillas en Venezuela

 

LaLey de Semillas Nª 37.552 de fecha 18 de octubre de 2002 plantea en el quinto objetivo de su artículo primero que se debe “Asegurar la certificación de la semilla, materiales para reproducción animal e insumos biológicos” Más adelante y de forma asombrosa, afirma en su artículo número quince “El Instituto Nacional de Semillas (…) sólo autorizará la producción de organismos modificados genéticamente o transgénicos, susceptibles de aprovechamiento reproductivos”

 

 

 

Esta es la ley de semillas vigente en Venezuela. Los dos artículos señalados sintetizan los grandes defectos que necesitaban ser transformados de manera urgente para construir una nueva ley de semillas, una que se adecuara a la problemática que enfrentan actualmente los países de América Latina en relación a la producción agroecológica, la lucha por la tierra, la presencia de trasnacionales, la importación de semillas y el boom de los transgénicos.

 

 

 

Certificación de semillas

 

¿Qué es la certificación de semillas y por qué resuena tanto en los últimos tiempos?

 

La certificación de semillas es la declaratoria que determina la calidad de una semilla: su desempeño agro productivo, capacidad de reproducción, aprovechamiento económico. El problema reside en tener conocimiento sobre cuál es la entidad responsable de realizar esta declaratoria. No será lo mismo si lo garantiza una institución pública nacional, a que lo haga una empresa trasnacional, o si la certificación surge de un acuerdo entre ambas partes.

 

 

 

El ICA y TLC se respaldan en Colombia

 

Hace poco más dos meses, veíamos como estallaba en Colombia un conflicto agrario que en su paso fue sumando a sectores mineros, camioneros, trabajadores sanitarios y estudiantes hasta concluir en un paro nacional que se mantuvo encendido durante más de 20 días, cuestionando las políticas del modelo neoliberal en este país.

 

 

 

Además de demandar al gobierno para que diera mayor apoyo a la agricultura de pequeña escala, el principal reclamo de los campesinos colombianos se centraba en el pedido de ayuda para que se los protegiera de los efectos que ha generado la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en esta actividad. Aquí es donde volvemos al problema de las semillas.

 

 

 

En Colombia, la institución encargada de la certificación de semillas es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). La misma institución que a través de su resolución 970, aprobada en el marco de la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos en 2010, obliga a los campesinos colombianos a que siembren únicamente las semillas que han sido certificadas, es decir aquellas que pertenecen a transnacionales, prohibiendo la reutilización de semillas nativas y privilegiando los derechos de autor de las empresas que producen estas semillas. El negocio de patentar es redondo, diez empresas manejan el 77% del mercado global, entre estas, las transnacionales Monsanto, Dupont y Sygenta se adueñan del 47% del total del mercado.   

 

 

 

Monsanto penetra silenciosamente en la Asamblea Nacional de Venezuela

 

Como consecuencia de la guerra económica declarada por las productoras de alimentos, el gobierno de Nicolás Maduro se vio en la necesidad de acelerar el proceso de promulgación de una ley que permitiese el incentivo a la producción.

 

 

 

El pasado 22 de octubre intentó presentarse a primera discusión en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto por la nueva Ley de Semillas, calificada por algunos como “Ley Monsanto en Latinoamérica”.

 

 

 

Gracias a la organización y el accionar inmediato de más de 100 organizaciones conformadas por campesinos, indígenas, consejos comunales, estudiantes, medios alternativos, artistas que el 29 de octubre de 2012 se consolidaron como Red de Guardianes de Semillas en Monte Carmelo, estado Lara; el intento de discusión de la “Ley Monsanto” en Venezuela logró detenerse.

 

 

 

Entre los principales motivos por los cuales la Red de Guardianes no se ve representada en esta ley que intentó ser impuesta, se destacan la mercantilización de la semilla, el vacío jurídico que generan términos como inocuidad biológica el cual deja libre el espacio al ingreso de transgénicos en el país, entre otros.

 

 

 

Garantizando el Poder Popular

 

A partir del intento del 22 octubre, de institucionalizar una ley que no representa las necesidades de quienes conforman la actividad agroecológica en el país, las 100 organizaciones antes mencionadas se encuentran debatiendo el proyecto de ley de semillas a nivel nacional, realizando encuentros en diferentes estados, compartiendo experiencias y saberes, integrando a la mayor cantidad de protagonistas para consolidar la construcción de una ley que garantice los derechos de todos y todas.

 

 

 

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