Brasil. Tras la suspensión del desalojo el día anterior, MST intensifica la presión sobre Lula para la expropiación de las tierras de Mutran, en disputa desde hace 20 años en Pará.

Por Rodrigo Chagas, Brasil de Fato / Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2026.

Trabajadores rurales bloquean la BR-155, en Marabá (PA), durante una protesta contra el desalojo de unas 400 familias del Complejo Mutamba, suspendido por los tribunales la noche del lunes (16)
| Crédito: Divulgación/MST

Tras una reunión en el campamento, los líderes anunciaron nuevas medidas y exigieron avances en una propuesta que actualmente se encuentra ante la Cámara de Representantes

Trabajadores rurales bloquean la BR-155, en Marabá (PA), durante una protesta contra el desalojo de unas 400 familias del Complejo Mutamba, suspendido por los tribunales la noche del lunes (16) | Crédito: Divulgación/MST

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) prepara nuevas movilizaciones para exigir al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que firme el decreto de expropiación del Complejo Mutamba , en Marabá (PA), donde cerca de 400 familias llevan más de dos décadas enfrentadas por una disputa territorial con la familia Mutran. La presión aumenta luego de que los tribunales suspendieran, la noche del lunes (16), el desalojo programado para la mañana del martes (17).

En una entrevista con Brasil de Fato , poco después de una asamblea celebrada en el campamento el martes por la tarde, Wellington Saraiva, de la coordinación nacional del MST, declaró que el movimiento decidió mantener la movilización hasta la firma del decreto. Entre las posibilidades que se barajan se encuentran nuevas manifestaciones, bloqueos de carreteras y acciones en la vía férrea de la región. «Necesitamos movilizarnos y mantenernos movilizados para los próximos días», afirmó.

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) aprobó, en agosto de 2026, la propuesta de expropiación por interés social de aproximadamente 10.400 hectáreas del complejo. La Resolución N° 60/2026 reconoce el prolongado conflicto territorial, la ocupación consolidada y la viabilidad técnica de implementar una solución. Según el instituto, se optó por la expropiación luego de que los propietarios rechazaran una venta negociada del área. La solicitud ya fue remitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) a la Casa Civil.

Saraiva informó haber conversado el lunes con la ministra de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, sobre el progreso de la propuesta. El MST exige que el decreto se firme antes de finales de 2026. «Ahora le toca al gobierno», declaró el líder.

El lunes, trabajadores bloquearon la carretera BR-155 en Marabá para protestar por el desalojo de familias. La movilización se produjo mientras el juez Aidison Campos Sousa, del Tribunal Agrario de Marabá, rechazaba las solicitudes del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), la Defensoría Pública de Pará y la Fiscalía Federal (MPF) para suspender o aplazar la operación.

El desalojo fue bloqueado a las 18:13 por la jueza Célia Regina de Lima Pinheiro, del Tribunal de Justicia de Pará (TJPA), quien admitió a trámite un recurso de la Defensoría Pública. La jueza consideró inadecuadas las condiciones ofrecidas para alojar a los residentes. El albergue presentado por la finca de Aziz Mutran Neto aún estaba en construcción y, según el contrato, solo podría recibir a las familias a partir del sábado (21), cuatro días después de la fecha prevista para la operación.

La medida cautelar suspende la ejecución de la orden de desalojo hasta que se resuelva la apelación, pero puede ser revisada antes de esa fecha. La sentencia judicial a favor de la familia Mutran, que recuperó la posesión del terreno y fue confirmada por el Tribunal Judicial de Pará en 2025, se mantiene vigente.

Polliane Barbosa Soares, líder del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) en Pará y miembro de la coordinación nacional del sector de derechos humanos, destaca el riesgo de desalojar a cientos de familias al comienzo de la temporada de lluvias, cuando Marabá ya enfrenta problemas recurrentes de inundaciones.

“La suspensión del desalojo, si bien es un alivio temporal, no resuelve la situación de las familias que siguen allí luchando por un pedazo de tierra”, declaró a Brasil de Fato .

La líder subraya que los trabajadores han construido sus vidas en ese territorio. «Si los desalojan, no tendrán adónde ir, porque todo lo que tienen en la vida lo han invertido en ese territorio», afirmó.

Dos décadas de ocupación y violencia.

El Complejo Mutamba comprende las fincas Mutamba y Balão, así como el castaño João Lobo, abarcando una superficie aproximada de 12 200 hectáreas. La historia de los asentamientos se remonta a principios de la década de 2000. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), en dos de los tres asentamientos que conforman el complejo, las familias llevan viviendo allí más de 20 años. Los trabajadores cultivan pequeñas fincas, crían animales, venden parte de su producción en los mercados de Marabá y tienen acceso a dos escuelas en la zona.

Antes de su participación en el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra), las familias se organizaban principalmente como ocupantes ilegales, con viviendas y cultivos dispersos por las parcelas. Su producción incluía frutas, verduras y la cría de pollos.

Pablo Carvalho Neri, de la dirección estatal del movimiento, explica que la construcción de un campamento colectivo fue una de las primeras medidas adoptadas por el MST al asumir tareas organizativas en el territorio. «Cada uno estaba en su propio terreno», informó.

Las acciones del MST se intensificaron tras la muerte de dos trabajadores rurales durante un operativo de la Policía Civil el 11 de octubre de 2024. Adão Rodrigues de Sousa y Edson Pereira da Silva fallecieron en el operativo, que también resultó en la detención de otros cuatro trabajadores.

La Policía Civil sostiene que los agentes respondieron a disparos, mientras que los sobrevivientes denuncian ejecuciones y violencia policial. La Fiscalía consideró insuficientes las pruebas recabadas y solicitó investigaciones adicionales para esclarecer las muertes.

Tras este episodio, el MST comenzó a trabajar con la Asociación Terra Prometida para organizar el Campamento 11 de Octubre, nombre que alude a la fecha de la operación. Según Polliane, la colaboración surgió a petición de los propios trabajadores, que ya se enfrentaban a amenazas de desalojo y episodios de violencia.

Las familias han vivido durante años con informes de violencia e intimidación. En enero de 2025 , meses después de la muerte de los trabajadores sin tierra, Brasil de Fato informó sobre la presencia de hombres armados cerca del área ocupada y la invasión de las plantaciones por el ganado de los rancheros.

“La familia Mutran tiene un historial de violencia en el campo y violaciones de los derechos humanos aquí en nuestra región”, afirma Polliane Barbosa Soares, líder del MST en Pará.

La familia Mutran ha acumulado conflictos por la tierra.

La familia Mutran se estableció en la región de Marabá durante la primera mitad del siglo pasado y amasó parte de su fortuna gracias a la explotación de la nuez de Brasil. Sus miembros llegaron a controlar extensas áreas de antiguos huertos de nuez de Brasil y ocuparon cargos políticos en la región, incluyendo la alcaldía de Marabá y escaños en la Asamblea Legislativa de Pará.

Parte de estas tierras eran originalmente públicas y fueron otorgadas a particulares mediante contratos de arrendamiento para la explotación de la nuez de Brasil. En una entrevista con Brasil de Fato , José Batista, abogado de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), afirmó que la conversión de los huertos de nuez de Brasil en pastizales y su posterior regularización a nombre de los agricultores plantea interrogantes sobre el origen de los títulos de propiedad. La situación específica de la propiedad de los terrenos en Mutamba sigue en discusión.

La finca Mutamba también tiene un historial de violaciones laborales. En agosto de 2002, una inspección reveló que 25 trabajadores estaban sometidos a condiciones análogas a la esclavitud en la propiedad vinculada a Aziz Mutran Neto, un exdiputado estatal que falleció en 2012. Su nombre fue incluido en el Registro Federal de Empleadores Responsables de Trabajo Esclavo en 2003 y eliminado en 2005.

Otras propiedades vinculadas a diferentes miembros de la familia ya han sido designadas para la reforma agraria. La antigua Finca Cabaceiras, ocupada por el MST (Movimiento de Trabajadores Sin Tierra) en 1999, dio origen al Asentamiento 26 de Março en Marabá, tras una expropiación decretada por Lula en 2004 y ejecutada en 2008.

La propiedad había sido objeto de sucesivas inspecciones por trabajo esclavo. En 2004, la empresa Jorge Mutran Exportação e Importação Ltda. llegó a un acuerdo judicial para pagar R$ 1,35 millones por daños morales colectivos.

La antigua finca Peruano, vinculada a Evandro Mutran, en Eldorado dos Carajás, es otro ejemplo. Allí se estableció el asentamiento Lourival Santana tras años de ocupación. En abril de 2004, aproximadamente 300 familias del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) ocuparon la propiedad y permanecieron movilizadas durante 11 años hasta la consolidación del asentamiento en 2015.

Brasil de Fato intentó contactar al equipo legal de la familia Mutran y está a la espera de una respuesta para incluirla en este informe.

Editado por Rodrigo Gomes

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