Estado Español. Asier y Youssef: represión contra activistas propalestinos suma casos

Resumen Medio Oriente, 20 de julio de 2026.

El arresto el pasado mes de junio de los activistas internacionales Asier y Youssef, residentes en el País Vasco, España, confirma que la represión a activistas de la causa palestina no remite.

El 16 de junio pasado, un despliegue de la Policía Nacional en Sestao y Getxo, España, orquestó el arresto de dos jóvenes vinculados a la red de apoyo a Palestina Samidoun y al colectivo Iranekin Bat, y el registro de sus domicilios. 

Las acusaciones iniciales, basadas en informes policiales, hablaban de presuntos delitos de adoctrinamiento, enaltecimiento y financiación del terrorismo.

Sin embargo, tras Asier y Youssef pasar por los calabozos, el juez José Luis Calama decretó su libertad provisional, retirándoles el pasaporte, pero rechazando el ingreso en prisión al no apreciar una amenaza real.

El magistrado alegó que la simpatía ideológica hacia organizaciones como Hizbullah no constituye, por sí misma, una conducta penalmente relevante en España.

No obstante, tras un recurso de la Fiscalía y la publicación del informe en la web del Consejo General del Poder Judicial (presuntamente por error), el operativo se precipitó.

¿De qué se les acusa realmente?

El expediente descansa sobre tres pilares, y ninguno resiste demasiado un examen sereno.

El primero es la gestión de un canal de Telegram, que sus responsables han definido, sin ambigüedad, como un espacio estrictamente informativo, documental y periodístico centrado en el seguimiento de la actualidad geopolítica de Asia Occidental.

Mientras, el segundo es su activismo internacionalista: viajes a campamentos de refugiados en el Líbano, campañas de boicot contra eventos deportivos israelíes como la Vuelta Ciclista de 2025, y el envío de una suma de 142 euros, a un presunto miembro de Hizbullah

El tercero es su participación en un ciclo de charlas junto al embajador iraní en España, Reza Zabib.

Ninguno de esos tres ejes describe una conducta delictiva; describen, en todo caso, la biografía habitual de cualquier persona activa en la solidaridad con Palestina en Europa.

Que semejante currículum termine derivando en acusaciones de adoctrinamiento, enaltecimiento del terrorismo e integración en organización terrorista dice más sobre el aparato represivo que sobre los propios activistas.

«Israel» y el estado policial global

Para comprender por qué el Estado español intenta hacer prosperar una causa por terrorismo contra dos personas que no suponen una amenaza real, hay que mirar hacia el papel de «Israel» en el control social global.

Ante el colapso de su prestigio diplomático, «Israel» opta por una estrategia punitiva que utiliza su avanzada tecnología de seguridad para activar los aparatos represivos de los Estados occidentales contra las voces críticas.

Este endurecimiento se alinea con una ofensiva internacional contra la izquierda organizada y los movimientos antiimperialistas.

Desde las cumbres antiterroristas promovidas por Marco Rubio hasta la equiparación legal en la UE entre comunismo y fascismo, se está construyendo una arquitectura de control que busca cercar la actividad política de base, revelan análisis sobre el tema.

En última instancia, el caso de Asier y Youssef es una advertencia. Al poner el foco en la solidaridad con Palestina, el Estado busca castigar no un delito, sino la acción política coherente frente al genocidio televisado. 

La criminalización de activistas de la causa palestina 

Lo ocurrido en Sestao y Getxo no parece ser una operación de seguridad, sino un escarmiento colectivo para a desmovilizar a quienes confrontan la máquina de guerra imperial. 

Tras declarar ante el juez, ambos quedaron en libertad provisional, aunque con la retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.

La decisión judicial fue, en los hechos, un revés para la hipótesis policial más grave, la de una posible integración en Hizbullah a partir de la simple gestión de contenidos en redes sociales.

Pero que el juez rechace el ingreso en prisión no cierra el caso ni repara el daño: la causa sigue abierta, los pasaportes siguen retenidos, y el mensaje ya quedó enviado antes de cualquier sentencia.

Este tipo de operativos no necesitan condena para cumplir su función. El objetivo, más que encarcelar, parece ser un escarmiento a cualquier persona que piense en organizarse en torno a Palestina, incluso en territorios donde los gobiernos la reconocen como Estado y apoyan su causa desde la diplomacia.

FUENTE: AL MAYADEEN

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