Paro indígena en la selva peruana, contra los desmanes medioambientales generados por la empresa argentina Pluspetrol
Comandante General guerrillero (del MIR) Luis de la Puente Uceda (caído en combate en octubre de 1965)
Desde el pasado lunes, la comunidad peruana de Pichanaki, en la selva central de Junín, mantiene un paro indefinido en contra de las actividades exploratorias de gas de la empresa transnacional Pluspetrol y el impacto ambiental de la minera SIMSA.
La medida, convocada por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, cuenta con el apoyo del 95 por ciento de la población local. Además, la Asamblea de los Pueblos de Lima y Callao realizó concentración en Lima, el día que inició el paro, en pos de que los “hermanos amazónicos sepan que no están solos en su lucha”.
Actualmente, el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Julio Rojas, busca conseguir una solución a los conflictos entre las comunidades indígenas de Nuevo Remanente y Pampa Hermosa de la cuenca del Río Tigre (Loreto) y la empresa argentina Pluspetrol. Su intención es que se suspenda la medida de fuerza de los últimos días y “se genere un clima de libertad y de paz”.
Sin embargo, la huelga del lunes no es una medida aislada, sino que se constituye como un nuevo capítulo de lucha de los pueblos amazónicos, quienes resisten en la defensa de sus territorios frente al amenazante modelo económico neoliberal extractivista.
A fines de enero, las comunidades achuar y kichwa provenientes de las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre, en la Amazonía peruana, tomaron la base Jibarito de Pluspetrol, paralizando la producción de 14 pozos petroleros, lo que representa una pérdida de aproximadamente 3.100 barriles diarios.
En un acto defensivo, la compañía comunicó que sus actividades de exploración de gas natural en las provincias de Oxapampa, Satipo y Chanchamayo no generaron daños al medioambiente, y agregó que los paros sólo producirán “graves daños a la economía”.
Pero los pueblos amazónicos demandan una compensación por los prejuicios a la salud de los pobladores y a su hábitat, además del uso de agua y de la tierra. Solicitan que el Estado garantice acciones de remediación.
Más allá de esto, la cuestión se complejiza. Por un lado, el contrato de Pluspetrol con el Estado por el lote 192, en la base de Jibarito, culmina en agosto de este año y debería realizarse una
En 2002, el Ejecutivo señaló que realizaría una consulta previa con respecto a este lote, por ser un caso complejo con pasivos ambientales y porque de allí se extrae el 11,7% del crudo nacional. El proceso de licitación todavía no se inició y el contrato vence en agosto de este año. Si bien para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta, en el blog especializado Consultape señalan que el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) se calcula entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete.
En cuanto a la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. (SIMSA), en Vítoc, los pobladores del distrito de Chanchamayo aseguran que existen indicios de contaminación de la cuenca de Aynamayo y Chilpes, a consecuencia de los derrames de relaves de la empresa, dedicada a la explotación de zinc y plomo y que opera en la zona desde hace 40 años.
En ambos casos, el reclamo se basa en el derecho de los pueblos sobre las tierras y en la necesidad de que se declare a la selva central como una zona exclusivamente agrícola, pecuaria y turística, libre de minería, de extracción de hidrocarburos y tala indiscriminada de los bosques.
En un año preelectoral como este y frente a la posibilidad de nuevos conflictos, cabe preguntarse por la incidencia que el tema ambiental tendrá a nivel político en Perú. Ya se alzan algunos dirigentes que se manifiestan a favor de los reclamos mineros, en contraposición a un gobierno que viene relegando la cuestión.
Marco legal
La Ley de Consulta Previa, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el presidente Ollanta Humala en 2011. Esta norma reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Pero a la vez que existen leyes que brindan garantías –aunque en la práctica no resulten-, otras sólo favorecen a los grandes grupos económicos en detrimento de los sectores populares. Una de ellas es la Ley 30230, que atenta contra la seguridad territorial de las comunidades campesinas y nativa ya que, entre otras cosas, permite al Estado entregar lotes a proyectos de inversión mediante “procedimientos especiales” –los cuales no define-, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos legítimos sobre la tierras. En este caso, tampoco hubo consulta previa sobre la ley y su reglamentación.
Por su parte, la Ley 26221 plantea un obstáculo en lo que respecta a la propiedad de los hidrocarburos, en tanto establece que “el Estado otorga a PERUPETRO el derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos extraídos para que pueda celebrar Contratos de exploración y explotación, en los términos que establece la presente ley. El derecho de propiedad de PERUPETRO sobre los Hidrocarburos extraídos será transferido a los Licenciatarios al celebrarse los Contratos de Licencia”. De esta manera, Perupetro “transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al Contratista”. “Las actividades y los precios relacionados con petróleo crudo y los productos derivados, se rigen por la oferta y demanda”, agrega la normativa.
En su declaración de octubre de 2014 – con la participación de 318 delegados en representación de 19 Regiones- la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyo resolvió rechazar “aquellas actividades económicas que demostradamente atentan los derechos del pueblo y de la pachamama, los intereses de las poblaciones locales asentadas en los territorios, así como el futuro desarrollo del país” y “defender los recursos naturales y culturales como elementos de soberanía e identidad”.
“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”, dijo alguna vez José Martí. En un panorama en el cual el Estado y la legislación se ponen al servicio del neoliberalismo más salvaje, el pueblo se convierte, por obligación y por derecho, en el protagonista de su propia historia de resistencia y lucha.

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