Brasil. «Hubo decapitaciones», declararon los residentes a la Defensoría Pública tras la masacre en Río de Janeiro.

Por Beatriz Drague Ramos / Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2025.

En una entrevista con BdF, un defensor público señala una serie de violaciones del ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) en relación con las favelas en la masacre de Río.

El operativo policial realizado el martes pasado (28), que resultó en una masacre en los complejos Alemão y Penha, en el norte de Río de Janeiro, dejó más de 124 muertos, entre civiles y policías, y pasó a la historia como la acción más mortífera jamás registrada en el estado. 

La información inicial sobre la denominada «Operación Contención» indica graves irregularidades y la probable violación del Precepto Fundamental de Incumplimiento 635, conocido como la «ADPF de las Favelas», dictado en abril de este año, cuyo principal objetivo es reducir la letalidad policial. Residentes denunciaron ante la Defensoría Pública de Río de Janeiro (DPRJ) la remoción irregular de cadáveres, la falta de asistencia médica y las ejecuciones sumarias.

Las imágenes de decenas de cadáveres alineados en una plaza pública provocaron indignación y plantearon interrogantes sobre el funcionamiento de la ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) en el estado de Río de Janeiro. 

Pobladores son trasladados ante un cuerpo sin vida en la plaza São Lucas, en la favela Vila Cruzeiro, en el Complejo Penha, Río de Janeiro, el 29 de octubre de 2025, luego de la Operación Contención. Foto: Pablo Porciúncula/AFP

En una entrevista con Brasil de Fato , la defensora pública Rafaela Garcez, coordinadora de Defensa Penal de la DPRJ (Defensa Pública de Río de Janeiro), informó sobre las denuncias de extrema violencia realizadas por familiares de las víctimas. «Hubo informes de personas decapitadas. Sus cabezas estaban completamente cercenadas. Esto no se corresponde con una situación de combate», declaró.

Además, afirmó que el lugar en la sierra de la Misericordia, donde se encontraron más de 40 cadáveres, no fue preservado por la policía. «Este lugar debería haber sido preservado y los cuerpos retirados por los servicios forenses oficiales. Como esto no ocurrió, la escena no será examinada. No hay manera de determinar si se trató de un enfrentamiento o de una ejecución», declaró.

Recordó que la recuperación de los cuerpos fue un acto desesperado de los residentes, quienes no recibieron ayuda del Estado ni la presencia inmediata de expertos forenses en el bosque donde fueron abandonados. “El Estado abandonó a las víctimas. Las familias actuaron porque las autoridades públicas no demostraron que se harían cargo de los cuerpos. Todos tienen derecho a llorar a sus muertos”, señaló.

El jueves (30), la coordinadora de la Defensa Penal declaró que le impidieron acompañar las autopsias de las víctimas de la masacre. “Nos dijeron que el Ministerio Público ya estaba realizando el análisis. Queríamos colaborar y garantizar la transparencia, pero tenemos las manos atadas mientras se llevan a cabo las autopsias”.

Ante esta situación, la Oficina del Defensor Público solicitó a la Corte Suprema Federal autorización para supervisar de forma independiente los exámenes periciales.

‘Operación exitosa’

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, calificó la acción como una exitosa operación de inteligencia, que, según él, fue el resultado de más de un año de investigación contra el crimen organizado. Sin embargo, para Marcela Cardoso, abogada de la organización Redes da Maré, la operación fue un fracaso. “No se realizó ningún examen forense. Se suspendieron numerosos servicios públicos esenciales, y reinó el terror en Río de Janeiro. No hubo examen forense, ni preservación de la escena del crimen”, afirmó.

Cardoso afirmó que los bomberos y la Defensa Civil se negaron a recoger los cuerpos, y que las familias se vieron obligadas a hacerlo por su cuenta. «Los cuerpos iban a quedarse allí para siempre . Las familias simplemente estaban ejerciendo su derecho fundamental a enterrar a sus seres queridos con dignidad», declaró.

Mujeres lloran junto a un hombre muerto tendido entre una fila de cadáveres en la plaza São Lucas, en la favela Vila Cruzeiro, en el Complejo Penha, Río de Janeiro. Foto: Pablo Porciúncula / AFP

Los informes iniciales recibidos por el abogado indican que los cuerpos encontrados presentaban claros signos de «ejecución y tortura». Entre ellos se incluyen personas que supuestamente estaban «atadas, con heridas de bala en la cara y la espalda», así como residentes que, según se informa, fueron coaccionados.

Comparó el incidente con otras operaciones policiales en el país. “La mayor incautación de fusiles en la historia de Río se realizó en un condominio de lujo en Barra da Tijuca, sin una sola víctima mortal. La Policía Federal desmanteló la red financiera del PCC sin bajas. En Alemão, tuvimos más de cien muertos”.

CNDH emprende acciones legales ante el Tribunal Supremo.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), actuando como amicus curiae en el caso ADPF 635, envió una declaración urgente al Tribunal Supremo Federal (STF), denunciando posibles violaciones de las órdenes judiciales.

La organización afirmó que el gobierno de Río de Janeiro violó el plan para reducir la letalidad policial y las medidas de transparencia impuestas por la Corte, al llevar a cabo «la operación más mortífera en la historia del estado».

El caso ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), que anteriormente estaba a cargo del magistrado Luís Roberto Barroso, ahora jubilado, ha sido transferido al magistrado Alexandre de Moraes, quien ha ordenado a la Fiscalía General de la República (PGR) que responda en un plazo de 24 horas a las solicitudes de supervisión e investigación. El magistrado también solicitó al gobernador Cláudio Castro que proporcione información formal sobre el operativo.

ADPF das Favelas ignorado

El ACUERDO FAVORLE incluye más de 20 medidas obligatorias para reducir la letalidad policial en Río, entre ellas el respeto de los horarios de entrada y salida de los colegios, el uso de cámaras corporales y cámaras en los coches patrulla, la preservación de las escenas del crimen, la presencia de ambulancias durante los operativos y la presentación inmediata de informes a la Fiscalía.

Propuesta en 2019 por el Partido Socialista Brasileño (PSB), con el apoyo de movimientos de favelas y entidades civiles, la ADPF 635 se creó para denunciar el uso desproporcionado de la fuerza policial en Río de Janeiro y las violaciones de derechos humanos en las comunidades periféricas. Durante la pandemia, el ministro Edson Fachin ordenó restricciones a los operativos en las favelas, salvo en situaciones excepcionales.

La sociedad espera respuestas.

El miércoles 29, el Ministerio Público Federal (MPF) también solicitó acceso a los protocolos adoptados por el IML. El documento solicita una descripción completa de las lesiones externas e internas, la identificación de los proyectiles en los cuerpos y su extracción para análisis pericial, un examen radiográfico de las personas con múltiples impactos de bala, un croquis de las lesiones en los cuerpos, fotografías de todas las lesiones encontradas en los cadáveres, sus características individualizables y un apartado para análisis que incluya la trayectoria de los proyectiles y la distancia de los disparos.

Este jueves (30), la Defensoría Pública Federal (DPU) solicitó al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorización para acompañar el examen de los cuerpos de los fallecidos en la Operación Contenção, llevada a cabo por la policía en Río de Janeiro. 

La Defensoría Pública Federal ya solicitó información formal al gobierno de Río de Janeiro sobre el operativo y respuestas a las preguntas estipuladas en la ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental). Para Rafaela Garcez, el caso simboliza el fracaso de la política de seguridad pública de Río. «Si el Estado se comprometió ante la Corte Suprema a reducir la letalidad y, sin embargo, más de 120 personas mueren en un solo operativo, ha fracasado».

El reportaje cuestionaba al gobierno de Río de Janeiro sobre posibles violaciones del ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – Reclamación de Incumplimiento de un Precepto Fundamental). Se solicitaba una declaración respecto a la denuncia de los residentes sobre la presunta ejecución de sospechosos mediante tortura. 

Brasil de Fato preguntó por qué la policía de Río de Janeiro no retiró los cuerpos del bosque después del operativo y por qué no se acordonó la zona después de los supuestos enfrentamientos entre la policía y presuntos narcotraficantes. 

También se preguntó por qué la Defensoría Pública no pudo acompañar el operativo en el IML este jueves (30), cuántas ambulancias estuvieron disponibles, si los agentes de policía llevaban las cámaras corporales encendidas durante todo el operativo y si había cámaras en los vehículos policiales. Al cierre del informe, no se había recibido respuesta. El espacio para comentarios permanece abierto.Editado por: María Teresa Cruz

You must be logged in to post a comment Login