Uganda. Tribunales militares: La primera línea de la guerra contra la disidencia
Por Tigere Chagutah/ Al Jazeera/ África en Resumen/ 19 de abril de 2025
Acostumbrados a procesar a civiles, los tribunales militares de Uganda contribuyen a consolidar la represión antes de las elecciones de 2026.
Tras las elecciones presidenciales, la represión va en aumento.
Sin embargo, esta vez se ha extendido más allá de las fronteras de Uganda. El 16 de noviembre de 2024, el político opositor Kizza Besigye y su asesor Obeid Lutale fueron secuestrados en Nairobi, Kenia. Cuatro días después, reaparecieron en Kampala, la capital de Uganda, acusados ante un tribunal militar por delitos de seguridad.
Entregados a Uganda, en clara violación del derecho internacional que prohíbe las entregas extraordinarias y el debido proceso, los dos civiles se enfrentaron a la justicia militar.
Indignados por esta militarización de la justicia, Besigye y Lutale atrajeron a un equipo de defensa de 40 personas, liderado por Martha Karua, exministra de Justicia de Kenia. Si bien las maniobras estatales pretendían silenciar las voces disidentes, han logrado justo lo contrario. Lejos de disuadir a otros de alzar la voz, estos juicios han suscitado un debate nacional sobre los derechos humanos y el papel de las fuerzas armadas.
El Jefe de las Fuerzas de Defensa (FDC), General Muhoozi Kainerugaba, hijo de Museveni, ha comentado regularmente sobre el caso de Besigye en X. Considerado ampliamente como un posible sucesor de su anciano padre, Kainerugaba lidera un grupo de presión política, la Liga Patriótica de Uganda (LPU), a pesar de que la legislación prohíbe actualmente a los oficiales militares en activo participar en política partidista. Desde 2016, el Tribunal Supremo de Uganda ha retrasado la decisión sobre un caso presentado por Michael Kabaziguruka, exdiputado, que impugna el juicio de civiles ante tribunales militares. Kabaziguruka, acusado de traición, argumentó que su juicio en un tribunal militar violaba el derecho a un juicio justo. Como civil, sostuvo que no estaba sujeto a la ley militar. El caso de Besigye y Lutale reforzó esta postura. El 31 de enero de 2025, la Corte Suprema dictaminó que juzgar a civiles en tribunales militares es inconstitucional y ordenó que todos los juicios penales en curso o pendientes que involucren a civiles deben detenerse inmediatamente y transferirse a tribunales ordinarios.
A pesar de esta sentencia, el presidente Museveni y su hijo se han comprometido a seguir recurriendo a los tribunales militares en los juicios civiles. Besigye inició una huelga de hambre de 10 días en protesta por las demoras en la transferencia de su caso a un tribunal ordinario. El caso se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema de justicia militar de Uganda de cara a las elecciones de 2026. Besigye y Lutale no son los únicos políticos de la oposición que se enfrentan a la justicia militar. Decenas de simpatizantes de la Plataforma de Unidad Nacional (PNU), liderada por Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, han sido condenados por tribunales militares por diversos delitos. Entre ellos, el uso de las boinas rojas características de la PNU y otras prendas del partido que, según las autoridades, parecían uniformes militares, a pesar de sus marcadas diferencias. Numerosos activistas políticos menos conocidos también se enfrentan a cargos en tribunales militares.
Más de 1.000 civiles han sido procesados en los tribunales militares de Uganda desde 2002 por delitos como asesinato y robo a mano armada.
Para contextualizar, en 2005, el Estado modificó la Ley de las Fuerzas de Defensa de Uganda (UPDF) para crear un marco legal que permitiera al ejército juzgar a civiles en tribunales militares. No fue casualidad que estas modificaciones se produjeran mientras el ejército juzgaba a civiles arrestados entre 2001 y 2004, incluyendo a Kizza Besigye. Los juicios militares de civiles violan las normas internacionales y regionales. Abren la posibilidad de una oleada de violaciones de derechos humanos, incluyendo confesiones forzadas, procesos opacos, juicios injustos y ejecuciones. Juzgar a civiles en tribunales militares viola el Artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los Principios y Directrices sobre Juicios Justos y Asistencia Legal en África de 2001. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el principal organismo de derechos humanos de la región, ha condenado desde hace tiempo esta práctica en Uganda.
La oposición a la justicia militar no solo proviene de los sectores habituales. Líderes religiosos expresaron su preocupación por la continua detención de Besigye tras el fallo del Tribunal Supremo, al igual que Anita Among, presidenta del Parlamento de Uganda y miembro del gobernante Movimiento de Resistencia Nacional (MNR), quien comentó: «La injusticia contra cualquiera es injusticia contra todos. Hoy le sucede al Dr. Besigye, mañana nos sucederá a cualquiera de nosotros». Tras la orden judicial y la indignación generalizada, Besigye y Lutale fueron trasladados a un tribunal civil el 21 de febrero. Besigye suspendió su huelga de hambre. Permanecen detenidos, al igual que su abogado. Sin embargo, su traslado sin liberación, en un proceso iniciado por una ilegalidad, sigue siendo defectuoso. A pesar de la transferencia de sus casos, decenas de civiles más tienen sus casos pendientes ante tribunales militares, con pocas esperanzas de que sean transferidos a tribunales civiles.
La oposición a la justicia militar no solo proviene de los sectores habituales. Líderes religiosos expresaron su preocupación por la continua detención de Besigye tras el fallo del Tribunal Supremo, al igual que Anita Among, presidenta del Parlamento de Uganda y miembro del gobernante Movimiento de Resistencia Nacional (MNR), quien comentó: «La injusticia contra cualquiera es injusticia contra todos. Hoy le sucede al Dr. Besigye, mañana nos sucederá a cualquiera de nosotros». Tras la orden judicial y la indignación generalizada, Besigye y Lutale fueron trasladados a un tribunal civil el 21 de febrero. Besigye suspendió su huelga de hambre. Permanecen detenidos, al igual que su abogado. Sin embargo, su traslado sin liberación, en un proceso iniciado por una ilegalidad, sigue siendo defectuoso. A pesar de la transferencia de sus casos, decenas de civiles más tienen sus casos pendientes ante tribunales militares, con pocas esperanzas de que sean transferidos a tribunales civiles.
Por esta razón, 11 organizaciones, entre ellas Amnistía Kenia, la Unión Panafricana de Abogados, el Colegio de Abogados de Kenia, la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia (KMPDU), exigen su liberación inmediata. A medida que Uganda se acerca a las elecciones, es evidente que los tribunales militares se han convertido en una herramienta del presidente Museveni para silenciar la disidencia. Es hora de que Uganda acate el fallo del Tribunal Supremo; por ahora, sin embargo, la justicia militar también está en juicio.

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