Sudáfrica. Masacre de Stilfontein: cuando el Estado viola la Constitución.
por Nteboheng Phakisi-Portas, David van Wyk, Esther Makhetha y Eric Mokuoa/Amandla/ África en Resumen/
28 de febrero de 2025.
La Constitución de Sudáfrica establece los derechos y responsabilidades de todas las personas dentro de sus fronteras.
Protege explícitamente contra la discriminación, garantiza derechos y libertades e insiste en la justicia administrativa.
En particular, existe el derecho a la vida, a la alimentación y al agua. Además, insiste en que una persona es inocente hasta que se la encuentre culpable y que todos tienen derecho a un proceso judicial libre y justo.
Sin embargo, en palabras de la Ministra de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni: «Vamos a sacarlos a la luz. Saldrán a la luz. No se debe ayudar a los criminales, se los debe perseguir. No los enviamos allí y no fueron allí para el bien y las buenas intenciones de la república.»
Esta declaración es una suspensión unilateral de estos derechos y obligaciones constitucionales.
Claramente, la Ministra necesita algo de formación en la Constitución del país.
Han pasado ya seis meses desde que se desarrolló trágicamente la saga de lo que se ha convertido en la mayor masacre de la Sudáfrica post-apartheid.
Se ha dicho y hecho mucho. En el proceso, cerca de 100 “mineros ilegales” o “Zama Zamas” perecieron durante la operación “Vala umgodi” (cerrar el pozo) impulsada por el gobierno.
Esta operación privó a los mineros que quedaron atrapados en el pozo abandonado de alimentos, medicamentos para enfermedades crónicas y las necesidades básicas para sobrevivir.
Nuestras observaciones sobre lo ocurrido Desde la Fundación Bench Marks visitamos Stilfontein, interactuamos con la comunidad y nos reunimos con la Comisión Católica de Justicia y Paz.
A partir de esto, hacemos las siguientes observaciones:
La policía no brindó asistencia a las labores de rescate entre agosto de 2024 y el 13 de enero de 2025. En cambio, detuvieron de inmediato a todos los que salieron a la superficie y tampoco permitieron el acceso del público a los detenidos.
Recién después de la instrucción judicial del 13 de enero de 2025 la policía permitió que los Servicios de Rescate de Minas bajaran con miembros seleccionados de la comunidad para liderar el rescate.
Se extrajeron alrededor de 75 cadáveres entre el 13 y el 16 de enero, y otros nueve entre agosto de 2024 y el 13 de enero de 2025, como resultado de las labores de rescate de la comunidad Khuma.
El número de mineros muertos sigue aumentando, y hasta ahora se han reportado casi cien muertes.
Aunque las autoridades aseguran que ya no hay más cadáveres, miembros de la comunidad insisten en que aún quedan algunos cuerpos en las partes inaccesibles de la mina.
A los sacerdotes de la Comisión Católica de Justicia y Paz no se les permitió rezar sobre los cadáveres.
Teniendo en cuenta que tanto Lesotho como Mozambique son países predominantemente católicos, el acceso espiritual tanto a los vivos como a los muertos extraídos de la mina debería haber sido un gesto humanitario positivo.
También se alega que a los sacerdotes y al público, incluidos los miembros de la familia, no se les permitió visitar a sus parientes detenidos ni en la cárcel ni en el hospital.
No se encontraron armas en la superficie, a pesar de lo que han dicho los políticos y los medios de comunicación.
Los detenidos fueron enviados inmediatamente a celdas de la prisión o al hospital local, según su estado.
La mayoría de ellos estaban tan demacrados que sus cuerpos no podían retener alimentos ni agua. Es imposible determinar si alguno de los que fueron hospitalizados o detenidos en celdas de prisión murió después de la detención.
Se dice que quienes acabaron en celdas superpobladas se enfrentaron a una mayor hambruna, ya que estaban demasiado débiles para luchar por comida con los delincuentes comunes, que también estaban en las celdas cuando la policía les entregó la comida.
Se alega que muchos de los hombres tenían esposas o novias sudafricanas y tuvieron hijos con sus esposas.
Se enfrentaron a una deportación sumaria sin que se informara a los miembros de la familia.
Esto ha dejado a los dependientes del municipio de Khuma absolutamente en la indigencia.
Se dice que los sudafricanos que salieron a la superficie fueron puestos en libertad y no se les acusó.
Es imposible determinar cuántos de los hombres eran antiguos mineros «formales» que no recibieron sus pensiones o prestaciones por desempleo cuando fueron despedidos.
La comunidad alega que cuando estos pozos cerraron hace unos diez años, los propietarios de las minas no siguieron los procedimientos adecuados de despido ni informaron a los trabajadores del cierre de los pozos.
Por lo tanto, los que perdieron sus empleos se convirtieron de repente en inmigrantes ilegales cuando sus permisos de trabajo terminaron.
Ellos y sus familias quedaron en la indigencia.
Los miembros de la comunidad afirman que los hombres en camionetas iban por ahí preguntando a la gente si necesitaban trabajo.
Dado el alto nivel de pobreza, desempleo y desigualdad en el país, muchas personas afirmaban que necesitaban trabajo.
A estas personas las subían a un transporte y las llevaban a minas abandonadas. A menudo, a la fuerza, se encontraban bajo tierra durante hasta seis meses seguidos.
La amnesia de los políticos
Políticos como Mantashe vivieron en la Sudáfrica del apartheid y están familiarizados con la famosa Sección 6 de la Ley Antiterrorista, que llevó a la muerte de Steve Biko en 1977.
Mantashe y sus compinches ahora son los que mandan y han promovido nociones «afrofóbicas» y «antinegritud» de que los inmigrantes negros, que entraron al país ilegalmente, son infrahumanos y criminales que merecen morir.
Esto a pesar del hecho de que durante el colonialismo, el capitalismo racial y el apartheid, las minas dependían absolutamente de la «mano de obra barata». Los obligaron a trabajar en las minas mediante impuestos, privación de tierras y un subdesarrollo planificado en sus países de origen.
«Si vas a un lugar peligroso, como una mina abandonada, y te quedas allí unos tres meses, matándote de hambre, ¿cómo se convierte eso en responsabilidad del Estado? – Gwede Mantashe, Ministro de Recursos Minerales y Petroleros.
Sin embargo, Mantashe y su antiguo compañero del Sindicato Nacional de Mineros, el Presidente Ramaphosa, nunca han abordado el impacto del sistema de trabajo migratorio en las comunidades negras pobres de las comunidades de origen de la mano de obra y cercanas a las minas.
Hemos dicho antes que la cuestión de los “zama zamas” no debería tratarse simplemente como una cuestión de personas “ilegales” que acuden en masa a nuestro país para robar minerales.
Hay un contexto histórico que debe abordarse: generación tras generación de hombres procedentes de zonas de origen de la mano de obra en el Cabo Oriental, Lesotho, Mozambique, etc.
A medida que la minería decayó, decenas de miles, si no millones, fueron despedidos y obligados a regresar a sus aldeas sin pensiones ni medios para mantener a sus familias.
En 2022, Webber Wentzel informó que hay aproximadamente R$ 47 mil millones en beneficios de jubilación no reclamados en el sector minero.
Beneficios no reclamados, pobreza extrema en las áreas de origen de los trabajadores, tráfico de hombres jóvenes, recortes de personal que se disparan y el fracaso del departamento de Mantashe para garantizar que las minas se cierren y rehabiliten adecuadamente.
Estos son algunos de los problemas más urgentes en los que los medios de comunicación no se han centrado desde el comienzo de la saga.
«No siento ninguna compasión. Deben morir como ratas allí bajo tierra, todos ellos. Deben arder en el infierno». – Kenny Kunene, vicepresidente de la Alianza Patriótica y ex criminal convicto.
Los medios de comunicación y los políticos siguen difundiendo la narrativa de que los “zama zamas” son inmigrantes ilegales que están aquí para robar los recursos naturales de Sudáfrica.
Existe esta falsa sensación de importancia negativa que algunos sudafricanos atribuyen a sus hermanos y hermanas africanos.
Y los políticos y algunas facciones de los medios de comunicación la han alimentado. Para ser humano, hay que ser “legal” y sudafricano.
De repente, Mantashe sufre de amnesia sobre cómo el sector minero sigue estando estructurado por el modelo económico y de gobernanza de Cecil Rhodes.
Sólo involucra a los negros cuando son “mano de obra barata”. En la actualidad, menos del 10 por ciento de las empresas mineras de Sudáfrica son propiedad de negros.
El requisito del 27% de BEE de la Carta Minera es como la antigua Ley de Tierras de 1913: asignar una parte minoritaria a la mayoría de la población es un insulto demográfico y racista.
Los que cantan su canción y son como Mantashe son defensores de la brutalidad que se ha extendido desde hace mucho tiempo contra el cuerpo negro en un sistema capitalista racializado.
La reunión en Stilfontein también señaló que las autoridades son reacias a investigar la red de sindicatos criminales, que supuestamente involucran a políticos, agentes de policía, empresas de seguridad y comerciantes de chatarra.
También involucran supuestamente a empresas mineras formales en una compleja cadena de valor que ha resultado en la superexplotación de los mineros artesanales. Quienes se encuentran explotados en esta intrincada red no tienen derechos laborales y no pueden sindicalizarse.
No tienen perspectivas de ser parte de planes de pensiones o asistencia médica y están sujetos a condiciones de trabajo inhumanas y largos períodos inseguros e insalubres bajo tierra.
Estas condiciones de superexplotación se definen por bajos ingresos, largas horas de trabajo y bajos costos generales para los jefes del sindicato criminal en la superficie.
¿Qué es la ilegalidad? Deben asegurarse de ser imparciales cuando hablan de ilegalidad: Abandonar una mina es ilegal.
Cerrar un pozo sin informar a los empleados de los procedimientos inminentes de desempleo o de reducción de personal es ilegal.
No pagar a los trabajadores los beneficios de desempleo y las pensiones es un robo: robar a los más pobres de los pobres.
No realizar a los trabajadores controles médicos de salida al finalizar su empleo en una mina es ilegal.
También es una negación del derecho constitucional del trabajador a la salud.
Y hace imposible que el trabajador acceda al dinero del fondo fiduciario Tshiamo para los trabajadores que padecen silicosis.
No realizar pruebas de silicosis a ningún trabajador que murió bajo tierra.
Que se envíen los pulmones de los cadáveres de los aproximadamente 84 mineros que salieron a la superficie al Instituto Nacional de Salud Ocupacional para realizar pruebas de silicosis.
Un camino a seguir.
La Comisión Católica de Justicia y Paz y la Fundación Bench Marks se reunieron con miembros de la comunidad Khuma, incluidos algunos que ayudaron en el rescate de los mineros.
Coincidieron en que las comisiones de investigación a menudo no conducen a la justicia y al cierre del caso, y sugirieron que se estableciera un tribunal especial para investigar la injusticia ocurrida en Stilfontein. Se propuso que la idea de un tribunal especial se presentara en la Indaba de Minería Alternativa y que se llevara adelante a partir de allí.
La crisis de Stilfontein figuraba en la agenda de la Indaba de Minería Alternativa y se está debatiendo en la Asociación Nacional de Mineros Artesanales para su posible finalización.

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