Honduras. Juan Orlando Hernández y Max González son los principales responsables de la emergencia

Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2020.

Los fenómenos tropicales Eta e Iota, que provocaron el desbordamiento de los principales ríos en el norte, occidente y atlántico de Honduras, han dejado alrededor de 4 millones de personas afectadas, sin embargo, la principal responsabilidad recae en la figura presidencial de Juan Orlando Hernández y el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Max González, señala la Coalición Contra la Impunidad.

En sentido, la Coalición Contra la Impunidad indica que Hernández y González son responsables por la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales, de acuerdo a la obligación estatal de adoptar políticas y medidas orientadas fin de prevenir las consecuencias negativas de los fenómenos en las zonas de mayor incidencia.

Apuntando datos oficiales, la Coalición denuncia que existen albergues con capacidad para 89 mil personas, sin embargo, solo con el paso de Iota un millón 22 mil 132 personas han sido afectadas.

Frente a esa realidad, en la cual resalta la deficiencia de medidas de atención y políticas humanitarias, la Coalición Contra la Impunidad presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en favor de la población hondureña que ha sido afectada por Eta e Iota, puesto que se encuentran albergadas sin las condiciones adecuadas.

Heidy Alachán, secretaria ejecutiva de la Coalición Contra la Impunidad, detalla que el recurso de amparo tiene la finalidad que se restituya el derecho a la salud, a la vida y a la alimentación de las personas que han resultado afectadas o damnificadas producto del paso de los dos huracanes y se encuentran en los albergues, pero también de quienes están a la intemperie.

Alachán puntualiza que otra de las violaciones a derechos humanos que se ha registrado es la agresión sexual contra dos menores de edad y violencia contra mujeres, producto de ello 27 albergues fueron intervenidos en la zona norte del país.

En cuanto a la deducción de responsabilidad contra Juan Orlando Hernández y Max González, Alachán indica que existe violación a los deberes de los funcionarios: “ahora mismo, por competencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que podemos esperar es que de manera inmediata la serie de medida que hemos contemplado, al momento de admitir el amparo, se reviertan todas las condiciones de falta de atención médica, de alimentación, equipo de bioseguridad y falta de agua potable, entre otras cosas”.

Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es del criterio que el pueblo hondureño “no espera mucho de las instancias de justicia, sin embargo, nosotros tenemos un deber histórico dejar constancia también que los pueblos hicimos nuestra parte, hicimos lo que correspondía, no estamos pidiendo nada extraordinario”.

Por su parte, Dony Reyes, coordinador de la Asociación Arcoíris, instancia que integra la Coalición Contra la Impunidad, comenta que, a partir de las emergencias por el Covid-19 y los fenómenos naturales, la inseguridad alimentaria y el no acceso a la salud ha incrementado.

En la capital Tegucigalpa, 27 personas de la diversidad sexual perdieron sus viviendas, en La Ceiba, Atlántida, 53 personas y en San Pedro Sula 78 personas, todas vivían en los bordos de los ríos, cuenta Reyes.

Reyes considera que la discriminación en medio de la emergencia nacional aumenta, sobre todo, cuando se trata de personas de la comunidad de diversidad sexual: “decidieron regresar a los bordos de los ríos a reconstruir sus champas, porque los coordinadores de los albergues los quieren para limpiar y son los últimos en recibir alimentación, creemos que en el país hace falta sensibilidad y respeto hacia la diversidad sexual”.

Las organizaciones que integran la Coalición Contra la Impunidad, finalmente, muestran su preocupación por el proceso de reconstrucción de país, puesto que se está desarrollando bajos los lineamientos que se siguieron tras el paso de huracán Mitch, hace 22 años: “con instituciones señaladas de malversar fondos públicos, con personas que no gozan de credibilidad de la ciudadanía, acudiendo a la deuda externa como principal fuente de financiamiento”.

Fuente: Radio Contagio

You must be logged in to post a comment Login