Estado español. Frente a la farsa judicial en los casos contra Ceivar y Causa Galiza, solidaridad con los 12 independentistas gallegos

Por Revista La Comuna. Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020.

Este martes, 3 de noviembre, finaliza en la Audiencia Nacional el juicio a 12 independentistas gallegos, en el marco de la denominada Operación Jaro (I y II). Como en otras ocasiones, la judicatura en el Estado Español vuelve a mostrar su muy cuestionable independencia, en el marco de un Estado construido sobre una Transición fraudulenta que extiende su herencia postfranquista a las principales instituciones de poder (entre ellas el Poder Judicial), a la hora de valorar y juzgar la actividad política y social de toda aquella persona que, en ese contexto, es por tanto susceptible de ser considerada, no ya como mera disidencia, sino directamente como “terrorista”, “criminal” u otros calificativos igual de inverosímiles a la luz de los hechos objeto de judicialización.

Como ha denunciado Manuel Chao, abogado de 9 de los 12 detenidos, todo parece indicar que estaríamos ante un caso de justicia prospectiva. Es decir, no se procede a investigar unos hechos debido a que existen indicios racionales de criminalidad, sino que, antes bien, de manera arbitraria decide investigarse la vida de los procesados, su actividad política y social, en busca de esos indicios.

Fruto de este proceder, aparentemente de escaso rigor jurídico, pesa sobre estas 12 personas la pomposa acusación de “integración en organización criminal para enaltecer el terrorismo”. Una acusación que, señala el letrado de los procesados, no encuentra parangón en otros Estados democráticos de Derecho más avanzados de nuestro entorno (siendo algo más propio de Estados de dudosa condición democrática, como Turquía), en los cuales, la presión jurídica sobre la actividad política, social y militante en ningún caso llega a tan disparatado extremo de pensar que una organización política (Ceivar y Causa Galiza, en este caso) se crearía ad hoc para algo tal como “enaltecer el terrorismo”.

Por ello, desde Revista La Comuna queremos mostrar nuestro apoyo a los detenidos, e invitamos a hacerlo a otras organizaciones de todo tipo que así lo consideren (comunistas, anarquistas, feministas, ambientalistas, sindicalistas, etc.), sumándonos a las peticiones de la defensa, que se resumen en 3 puntos:

  • Absolución de los procesados
  • Permanencia del estatus legal de las organizaciones Causa Galiza y Ceivar
  • No aplicación de las medidas represivas individualizadas que la Fiscalía reclama para los procesados, que incluyen: expulsión de la Administración Pública de todas las personas que tienen trabajo en ella; prohibición del derecho a opositar a empleo público; prohibición del derecho a presentar candidatura en procesos electorales; así como un paquete económico de 348000€ que habría que pagar entre los 12 procesados.

Fuente: Revista La Comuna

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