Argentina. Resumen gremial y social. Llegó al Congreso más de un millón de firmas contra la reforma previsional/ Metrodelegados: Represión, sanciones, suspensiones y ahora  los despidos/ Télam: continúa el cese de tareas por tiempo indeterminado/ Radio Del Plata: conciliación y obligación a la empresa a retrotraer los despidos/ ATE rechaza la propuesta del 12% y convoca a un Paro Nacional/ UPCN  rechazó el aumento salarial del 12%/ “El gobierno hace negocios con la plata de los jubilados” …

Resumen Latinoamericano/  29 de mayo 2018.- Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

Llegó al Congreso más de un millón de firmas contra la reforma previsional

Acompañado por diputados y diputadas nacionales, Agustín Rossi destacó «la tarea realizada en todos los puntos del país en contra de la perversa reforma previsional sancionada a espalda del pueblo en el Congreso Nacional. Recibimos estas firmas que nos comprometen ante cada uno de los firmantes para trabajar legislativamente para derogar la reforma previsional sancionada en diciembre del año pasado», indicó el dirigente del peronismo santafesino. Si por circunstancia de las mayorías parlamentarias no se logra realizar – indicó- el 10 de diciembre de 2019 la primer medida del futuro gobierno nacional y popular deberá ser derogar esta reforma previsional», manifestó.

Con la entrega efectiva de las firmas a los representantes del Congreso Nacional, más de un millón de ciudadanos de todo el país buscan que el Parlamento derogue la Ley Previsional aprobada el 18 de diciembre pasado, que no sólo perjudicó a los jubilados, sino también a familias que reciben la AUH, a pensionadas y pensionadas por discapacidad y a ex combatientes de Malvinas.

La campaña llevada a cabo bajo la consigna «Podemos Hacer, ciudadanía democrática en defensa propia», se inició en el mes de Enero juntando firmas en las 24 provincias argentinas, en más de 3.500 mesas públicas. De la misma participaron centros de jubilados, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de excombatientes de Malvinas, organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad, gremios, organizaciones políticas, sociales, culturales, artísticas y miles de personas convocadas por esta causa.

Metrovías comunicó  la cesantía de tres metrodelegados

Represión, sanciones, suspensiones y ahora  los despidos

La empresa comunicó su decisión pocos minutos antes de la apertura de molinetes que los trabajadores del subte realizan en la línea C y explicó que responde a la «persistencia» de las protestas. Desde el gremio advirtieron sobre la «gravedad extrema» de la situación y anticiparon que darán una respuesta si los telegramas efectivamente llegan.

Aunque los metrodelegados dejaron de lado los paros en estos días y optaron por otro tipo de medidas de fuerza, como la liberación de molinetes, Metrovías sigue adelante con las sanciones a quienes protestan en rechazo al aumento del 15 por ciento firmado con la UTA y hoy anunció el despido de tres trabajadores que integran la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. En el sindicato aún no habían recibido ninguna notificación formal al respecto, pero advirtieron que en caso de que la empresa avance en ese sentido convocarán a una reunión de delegados para definir la respuesta.

Metrovías anunció los tres despidos y la elevación a 171 el número de trabajadores suspendidos pocos minutos antes de que se iniciara una nueva protesta de los metrodelegados, consistente en la liberación de molinetes en la Línea C entre las 17:00 y las 20:00. Varios integrantes de la conducción del gremio se enteraron en ese lugar de lo resuelto por la empresa y esperaban la confirmación formal para decidir los pasos a seguir.

La empresa expresó claramente que los despidos son una respuesta a la continuidad de las protestas de los metrodelegados. “La persistencia de este tipo de situaciones ha motivado el agravamiento de algunas de las sanciones aplicadas, por lo cual se notificaron tres despidos con justa causa», explicó Metrovías, según consignó Noticias Argentinas.

La medida de la empresa implica una escalada en un conflicto que lleva semanas y que se agravó días atrás cuando la Policía de la Ciudad reprimió a los trabajadores durante una protesta en la estación Las Heras de la línea H y detuvo a 16 trabajadores, entre los que estaban el secretario adjunto de la AGTSyP, Néstor Segovia, y otros miembros del gremio.

Los despedidos también son integrantes de la organización sindical. Según trascendió uno de ellos es delegado gremial y los otros dos formar parte de la Comisión Directiva de AGTSyP, de los cuales no brindó nombres. La empresa los acusa de «haber cometido agresiones e incidentes durante la apertura de molinetes el jueves pasado en la Línea H».

«Cabe mencionar que estas tres personas ya contaban con antecedentes de hechos similares por los que se los había intimado», indicó la empresa concesionaria en un comunicado y agregó que «debido a los cargos gremiales que ocupan estos empleados, los despidos están siendo notificados a la Justicia Laboral a efectos de que la misma autorice la exclusión de su tutela gremial».

Además, la empresa informó que este lunes hizo una nueva presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se intime a la AGTSyP «a que cese en las diversas conductas que viene desarrollando desde hace más de 40 días para entorpecer la normal prestación del servicio».

Sobre las supensiones, Metrovías precisó que «ascienden a la fecha a 171», de los cuales un total de 131 corresponden a delegados gremiales que cuentan con tutela sindical, «originados en acciones ilegales tales como la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o liberación de molinetes para facilitar la evasión, o directamente impedir la normal prestación del servicio».

Desde el gremio advirtieron sobre “la gravedad extrema” de la situación en virtud de que Metrovías “ha decidido sancionar a trabajadores que ejercen su derecho de protesta”. También recordaron que más de una vez la empresa comunicó sanciones que después no se efectivizaron por lo cual estaban a la espera de si los telegramas efectivamente llegaban para definir una respuesta.

 

Despidos en Télam: continúa el cese de tareas por tiempo indeterminado

Martes 29 de Mayo | 17:41

Las trabajadoras y los trabajadores de la agencia Télam votaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado hasta que la empresa revierta los despidos que dispuso ayer.
Despidos en Télam: continúa el cese de tareas por tiempo indeterminado
Las trabajadoras y trabajadores de Télam, en Asamblea General, se reunieron en la planta baja del edificio de Belgrano 347, con casi 400 trabajadores asistentes, y deliberaron acerca de los problemas que aquejan a los trabajadores de prensa, principalmente sobre las suspensiones y despidos recientes.
Decidieron llevar a cabo un acto de repudio al Gerente de Relaciones Laborales, Carlos Villoldo, quien intentó impedir el ingreso de las compañeras y compañeros despedidos y sancionados a la Asamblea General, acceso que fue franqueado por el colectivo de trabajadores.
Se presentó un informe en el que se relató la reunión sostenida ayer –en conjunto las representaciones sindicales de Sipreba, Sitrapren y Apba- con el presidente de la empresa, Rodolfo Pousá, en la que el Directorio ratificó los despidos de Fernanda Arce y Angel Jozami.
Ante la falta de respuestas los trabajadores y trabajadoras decidieron continuar la medida de fuerza con la extensión que resolviera la Asamblea. Realizar un acto público el jueves a las 13 frente al edificio de Bolívar 531 con presencias de todo el arco político y sindical, más referentes culturales. Movilizarse, con cese de actividades, durante la marcha nacional de trabajadores de prensa a realizarse el miércoles 6 con todos los sindicatos de prensa del país. Participar de la movilización del 3J (con cese de tareas) y realizar acciones conjuntas con los restantes medios públicos.
Además comenzarán a trabajar en la presentación de un proyecto de ley de defensa de Télam como agencia periodística y publicitaria con control parlamentario.

ACTA DE ASAMBLEA

Las trabajadoras y trabajadores de Télam, reunidos en Asamblea General, se reunieron en la planta baja del edificio de Belgrano 347, con 382 presencias contabilizadas, y deliberaron de la siguiente forma:

+ Se votó, como moción de orden, un repudio al Gerente de Relaciones Laborales, Carlos Villoldo, quien intentó impedir el ingreso de las compañeras y compañeros despedidos y sancionados a la Asamblea General, acceso que fue franqueado por el colectivo de trabajadores.

La CGI presentó un informe en el que relató la reunión sostenida ayer –en conjunto las representaciones sindicales de Sipreba, Sitrapren y Apba- con el presidente de la empresa, Rodolfo Pousá, en la que el Directorio ratificó los despidos de la compañera Fernanda Arce y el compañero Angel Jozami.

Ante la falta de respuestas la CGI propuso:
a) Continuar la medida de fuerza con la extensión que resolviera la Asamblea.
b) Realizar un acto público el jueves a las 13 frente al edificio de Bolívar 531 con presencias de todo el arco político y sindical, más referentes culturales.
c) Movilizarse, con cese de actividades, durante la marcha nacional de trabajadores de prensa a realizarse el miércoles 6 con todos los sindicatos de prensa del país.
d) Participar de la movilización del 3J (con cese de tareas) y realizar acciones conjuntas con los restantes medios públicos.

En ese estado, comenzó la deliberación:
+ Un compañero propuso redactar, sobre la base de las iniciativas ya existentes, un proyecto de ley de “Télam bajo control parlamentario” e impulsar su firma y presentación con el apoyo de amplios sectores parlamentarios.
+ Otro compañero leyó una declaración de adhesión resuelta por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la adhesión personal del triunviro Juan Carlos Schmid, que fueron ovacionadas por la Asamblea.
+ Otro compañero trazó una radiografía de Ricardo Sarmiento, el entusiasta jerárquico que intenta quebrar la medida de fuerza, y propuso un texto para la difusión, respaldado por el pleno de la Asamblea (el texto se difundirá por separado a esta acta). Propuso declararlo persona no grata para los trabajadores de Télam y así se votó.
+ Una compañera denunció el bloqueo de las claves de acceso al sistema de trabajo en diferentes sectores de la agencia, impidiendo la posibilidad de enviar materiales para la publicación en la eventualidad de resolver el final de la medida de fuerza, lo que en los hechos constituye una nueva forma de lock out patronal.
+ Numerosos compañeros se pronunciaron por continuar trabajando por construir la unidad más amplia posible y destacaron la presencia en la asamblea de referentes de todas las representaciones gremiales. También llamaron a continuar las negociaciones en forma conjunta.
+ Varios compañeros propusieron medidas de difusión del conflicto hacia fuera de Télam, además de la materialización de presentaciones y denuncias en distintos ámbitos por la violación de los derechos laborales y la restricción que las políticas del gobierno suponen en materia de libertad de expresión.

A los fines de sintetizar el debate, la CGI propuso:
a) Continuar de paro por tiempo indeterminado hasta la revocación de los despidos.
b) Realizar un acto público el jueves a las 13 frente al edificio de Bolívar 531 con presencias de todo el arco político y sindical, más referentes culturales.
c) Movilizarse, con cese de actividades, durante la marcha nacional de trabajadores de prensa a realizarse el miércoles 6 con todos los sindicatos de prensa del país.
d) Participar de la movilización del 3J (con cese de tareas) y realizar acciones conjuntas con los restantes medios públicos.
e) Trabajar en la presentación de un proyecto de ley de defensa de Télam como agencia periodística y publicitaria con control parlamentario.

Las medidas fueron votadas por aclamación.

Comisión Gremial Interna

 

En respaldo de sus colegas y defensa de los puestos laborales, los trabajadores cuestionaron la intempestiva decisión de las autoridades y convocaron a la medida de fuerza. Aseguran que la decisión patronal refleja la “clara persecución a periodistas” que, afirman, caracteriza a la gestión macrista en la agencia y el resto de los medios públicos.

En diálogo con Canal Abierto, el delegado general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en la TV Pública, Agustín Lecchi asegura que en el caso “hubo una clara operación de las autoridades de Telam, ya que estamos hablando de un texto que estuvo dos semanas en la cablera cuando lo podrían haber bajado al igual que hicieron con tantos otros en actos de censura. En este caso decidieron dejarlo para avanzar con los despidos de trabajadores que tienen legajos intachables. Antes de eso hay múltiples instancias, como suspensiones, apercibimientos o, más sensato aún, charlarlo para que no vuelva a suceder”.

Uno de los casos de censura a los que refiere el entrevistado fue el intento de ocultamiento en Telam de un fallo judicial contrario para el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, por una compra frustrada de tierras y defraudación al Estado en el año 2000, cuando el funcionario era Ministro de Turismo, Cultura y Deportes en el gobierno de Fernando De la Rúa.

En la misma línea de hostigamiento a los trabajadores, dos meses atrás las autoridades de Telam sumariaron a 7 trabajadoras que el 8 de marzo realizaron un ruidazo utilizando bidones de los dispensers de agua que devolvieron en perfecto estado. Entre ellas, Carla Gaudensi, también delegada del SiPreBA.

Por otro lado, las novedades que trajo este 2018 a la grilla de la TV Pública fue el levantamiento de la emisión del informativo los fines de semana. En este sentido, Lecchi advierte con ironía que la “TV Pública pareciera funcionar como un estudio contable: cierra los sábados y domingos”.

De todas formas, no son solamente los trabajadores de medios públicos los que sufren. Por estas horas Radio del Plata se encuentra de paro por tiempo indeterminado ante 30 despidos, lo que representa un 30% de la plata de la emisora. “La radio va camino a un vaciamiento total: echaron al único técnico, a todos los operadores de la madrugada y buena parte de los del fin de semana”, explicó Cecilia Claps, cesanteada pese a ser delegada del SiPreBA en la radio.

Hace pocos días se volvieron virales las imágenes de los trabajadores del subte siendo reprimidos y detenidos por la Policía en los túneles. La excusa gubernamental para violentar la medida de fuerza pacífica era el no reconocimiento de los Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP) como parte gremial, una situación que se vió reforzada a partir del 13 de marzo por un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Al igual que con los Metrodelegados, el Ministerio de Trabajo dilata el reconocimiento pleno del SiPreBA. “Este Gobierno pretende negar las representaciones gremiales legítimas”, señala Lecchi.

Además de las medidas de fuerza en la agencia Telam y Radio del Plata, las próximas semanas se prevén movidas para el gremio de prensa: el 1 de junio acompañará la Marcha Federal que encabezan movimientos sociales, la CTA Autónoma y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el domingo movilizará a las puertas de la TV Pública en el marco de la entrega de los premios Martin Fierro y el 6 de junio concentrarán en Av. Mayo y 9 de julio para luego marchar al ex edificio del diario La Prensa, donde se agrupan la mayoría de las cámaras del sector.

lecchi sindicatos

Agustín Lecchi, delegado del Sipreba. Sindicato de Prensa de Buenos Aires, explica el reciente fallo judicial que ordena la reinstalación de un delegado del sindicato que había sido despedido de Clarín: “Lo hicieron firmar mil contratos de los llamados eventuales, un fraude laboral”. Burocracia y persecusión sindical, y un paralelismo con el caso del subte (Prensa del Subte).

Publicada por Canal Abierto en Martes, 29 de mayo de 2018

 

 

 

Radio Del Plata: conciliación y obligación a la empresa a retrotraer los despidos

Radio Del Plata: conciliación obligatoria y obligación a la empresa a retrotraer los despidos

El Ministerio de Trabajo dictó la medida a partir de las 18 horas del martes 29 de mayo y hasta el martes 19 de junio, lapso durante el cual, Electroingeniería deberá dejar sin efecto las 42 cesantías y el personal deberá cumplir sus horarios habituales.

La decisión ministerial insta a los trabajadores a levantar las medidas de fuerza.

Asimismo, quedó en actas fijada la fecha de la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo para el miércoles 13 de junio .

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires insiste con la exigencia de cumplimiento de las obligaciones laborales, salariales y previsionales a la empresa que encabezan Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta.

Siguen los despidos en Radio Del Plata

Siguen los despidos en Radio Del Plata

En sólo dos semanas el medio del Grupo Electroingeniería despidió a más de 40 trabajadores. Las últimas cesantías fueron comunicadas por teléfono el domingo por la noche.
Por teléfono y un domingo a la noche Radio Del Plata (AM 1030), confirmó nuevas cesantías. Muchos de los despedidos tenían más de veinte años de antigüedad en la emisora, propiedad del Grupo Electroingeniería.

La nueva tanda recayó sobre la espalda de un grupo de operadores, productores, locutores y periodistas, que fueron notificados telefónicamente de la prescindencia de sus servicios por los gerentes de cada área.

Desde hace más de dos años, los trabajadores de la radio vienen cobrando su sueldo en cuotas semanales, con reducciones parciales de sus haberes, falta de aportes previsionales y una deuda salarial cercana a los tres meses para el personal de planta, y de muchos más para quienes facturan.

La ola de despidos llevó a los trabajadores de la emisora a comenzar, desde las 10 de la mañana de ayer, un paro por 24 horas, a la espera de que el Ministerio de Trabajo intervenga o se abra una mesa de negociación con la empresa.

A la gravedad de la situación, se le suma el hecho de que entre los trabajadores echados se encuentra la productora Cecilia Claps, que es delegada gremial de la radio por SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires).

 

ATE rechaza la propuesta del 12% y convoca a un Paro Nacional

El Gobierno propuso una rebaja salarial en la Paritaria de la Administración Pública Nacional. El Congreso de ATE resolvió medida de fuerza.

Frente a la oferta del Gobierno Nacional de un aumento salarial del 12%, y en un contexto de inflación que en lo que va de 2018 ya asciende a un 15%, ATE rechazó de plano la propuesta y planteó una alternativa. Sin embargo, el Gobierno rechazó la misma y la reunión pasó a cuarto intermedio hasta el martes que viene. Por esto, el Congreso Nacional de ATE que se llevó a cabo hoy en Huerta Grande, Córdoba, resolvió convocar a un Paro Nacional para el próximo viernes 1º de junio. El mismo se llevará a cabo en el marco de la Marcha Federal convocada por la CTA Autónoma y otras organizaciones sindicales y sociales, que comenzó el lunes en distintos puntos del país y que confluirá el viernes en la Capital Federal.

Fue en la mañana de hoy que, en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se reunió la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Participaron de la mesa paritaria funcionarios del Gobierno Nacional y representantes de ATE y UPCN. Por parte de ATE, los Delegados Paritarios presentes fueron Flavio Vergara y Pablo Spataro.

Flavio Vergara detalló: “La reunión transcurrió en el marco de lo que teníamos previsto ya que había circulado por los medios que el Gobierno pretendía ofrecer un 12 por ciento de aumento. Esto representaría una rebaja salarial del 13 por ciento equivalente a la que hizo Fernando de la Rúa. O sea que, concretamente, vienen a rebajar salarios. Nosotros hicimos una propuesta que planteaba el 25 por ciento de aumento en el marco de la inflación estimada más una cláusula gatillo que tendría que dispararse al momento en el que la inflación superara ese monto, más un bono de 5 mil pesos por una aplicación del gatillo del año pasado que, como se hizo tarde y en cuotas, nos comió enero, febrero y parte de marzo, abril y mayo”.

“Frente a este planteo nosotros respondimos que es una oferta inaceptable. Además plantearon que ese 12 por ciento, a pagar en tres cuotas, sólo alcanzaría a los trabajadores que cobran hasta 30 mil pesos y, de ahí en más, ofrecen un monto de $4.500 fijos y mensuales. No dijeron si la intención es que esa suma sea remunerativa o no, y extienden ese monto para los salarios de hasta 100 mil pesos, a partir de los cuales no ofrecieron ningún aumento. Claramente no es ese el caso de nuestros compañeros y compañeras nucleados en ATE”, aclaró Vergara.

El Delegado Paritario también comentó: “Además agregaron como criterio la bonificación por Presentismo, y lo que plantean es que va a continuar pero que se va a pagar solamente en aquellos lugares que tengan validado y funcionando el sistema de registro biométrico. Frente a este tema, nosotros volvimos a ratificar la necesidad de que se revise la aplicación del régimen de licencias, porque fue recortado para poder hacer frente al pago del Presentismo, con lo cual el conjunto de los trabajadores, pero particularmente las compañeras trabajadoras, tienen un perjuicio notable porque son las que suelen ocuparse de las enfermedades de los niños o de los ancianos”.

Pablo Spataro, por su parte, agregó: “Hicimos hincapié, una vez más, en nuestro reclamo por el fin de los despidos, por la reincorporación de los compañeros y compañeras que fueron injustamente despedidos, y por la resolución del compromiso de éste Gobierno a terminar con la precarización laboral en el Estado, tema que esta gestión criticó mucho cuando asumió”.

“Desde ATE rechazamos la propuesta de rebaja salarial del Gobierno y llevamos nuestras propias propuestas a la mesa de negociación. Nuestro Congreso Nacional tomó la decisión política de, para el día viernes, llevar a cabo un Paro Nacional en el marco de la Marcha Federal que estamos realizando junto a otros sectores con los que planteamos la necesidad de Pan y Trabajo. Para los Estatales ese planteo significa: Paritarias sin techos salariales y sin ningún laburante estatal por debajo de la línea de pobreza, que hoy significa cobrar no menos de $20.000; y que se termine con la política de despidos que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Los estatales vamos a sumarnos a ese grito por Pan y Trabajo, también en parte por las respuestas que encontramos en la reunión del día de hoy”, cerró Spataro.

Prensa ATE

 

UPCN  rechazó el aumento salarial del 12%  y se declaró en estado de alerta y movilización. 

 

Educación echó a un empleado sin brazos por no adaptarse a su nuevo trabajo

Cuando el ajuste no tiene límites
Educación echó a un empleado al que le faltan los dos brazos
Así trabaja Gil en una computadora, al carecer de brazos.
Así trabaja Gil en una computadora, al carecer de brazos. Imagen: Twitter

El Ministerio de Educación de la Nación despidió a un trabajador que no se adaptó al lugar de trabajo al que lo cambiaron y con una carga horaria mayor. El empleado se llama Leandro Gil, le faltan sus brazos. Gil es periodista y fue galardonado hace seis años con el premio “Gota al Mar” en periodismo solidario.

En 2008 perdió los brazos en un accidente en el subte. Se repuso y pudo formar una familia mientras colaboraba en la revista Kine de la cartera educativa, desde 2011. El cambio de gestión fue determinante. Con la llegada de Alejandro Finocchiaro al Palacio Sarmiento, Gil debió adaptarse a un nuevo lugar de trabajo. Además de cambiar de sede, la sumaron más carga horaria, lo cual le demanda un mayor esfuerzo físico. Por ese motivo comenzó a realizar labores para el portal Educ.ar a distancia.

Gil envió un recurso administrativo en el que explicó las dificultades que le acarreaba el  cambio laboral. La respuesta del ministerio fue una carta de despido. “Presenté un recurso administrativo donde enumeraba un montón de dificultades que mi realidad conlleva. Incluso mencionaba algunas situaciones como muchos picaportes que yo no puedo abrir o un baño al que no puedo acceder”, contó Gil al portal InfoCielo.

En el medio, la jefa de área, Mercedes Miguel, no atendió los pedidos de Gil para una audiencia. Ese encuentro nunca se produjo y llegó el despido. “No se está contemplando que no tengo brazos. Las personas con discapacidad somos un problema”, expresó Gil, víctima del ajuste.

 

Peligran más de 600 puestos de trabajo en Atucha

Peligran más de 600 puestos de trabajo en Atucha

“Habrían unos 600 o 650 despidos”, sostuvo el secretario adjunto de Luz y Fuerza Zárate, Damián Straschenco, aunque habló de versiones que señalan un número mayor: “serían aproximadamente 1000 personas”.

El secretario adjunto de Luz y Fuerza Zárate, Damián Straschenco, manifestó que “habrían unos 600 o 650 despidos” en Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), aunque también afirmó que otras versiones hablan de un número mayor: “serían aproximadamente 1000 personas”.

Motivo de esta situación, trabajadores de la central nuclear Atucha II cortaron en la jornada de ayer la rotonda de acceso al Complejo Nuclear de Lima, partido de Zárate.

“Desde el Poder Ejecutivo Nacional decidieron suspender el Plan Nuclear Argentino, por lo cual se suspenderá la construcción de la cuarta y quinta central”, informó Straschenco en diálogo con el programa Mal Aconsejados que se emite los lunes de 16 a 18 horas por Radio Caput

Además, el gremialista se lamentó: “Hay mucha gente que se perfeccionó durante años y que hoy quedan en la calle”.

El dirigente puso el foco en la delicada realidad que se vive en la zona Zárate – Campana producto de las cesantías. “En las centrales nucleares tenemos que hablar de que ya hubo dos mil despidos. Desgraciadamente en nuestro zona ya hemos perdido la cuenta de los empleos perdidos”.

 

“El gobierno hace negocios con la plata de los jubilados”

“El gobierno hace negocios con la plata de los jubilados”

Leonardo Fabre, titutal de APOPS, cargó contra el Gobierno por los negocios con “la plata de los jubilados”, advirtió el regreso de las AFJP y vaticinó: “El 22 de agosto el moyanismo vuelve a conducir la CGT”.

Con su habitual perfil combativo, Leonardo Fabré, el secretario General de APOPS, advirtió sobre los riesgos que corre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las ANSES y denunció que el Gobierno Nacional está haciendo negocios con la plata de los jubilados, mientras se encamina al regreso de las AFJP.

“Cuando te dicen que van a estudiar si sos sustentable, están dudando del sistema. Y eso es una hipocresía porque el FGS tiene más de 50 mil millones. Dificlmente pueda ser insustentable con el ahorro tremendo que tiene ANSES pese a todo”, abrió fuego el gremialista en dialogo con el programa Mal Aconsejados que se emite los lunes de 16 a 18 horas por Radio Caput.

“El gobierno está en camino de manotear el FGS, pero felizmente son incapaces”, agregó Fabré. “A partir del 2017, Caputo decidió ´invertir´ 500 millones del FGS en las finanzas y casualmente terminan en el banco del cual fue presidente”, explicó.

“El 20% de las Lebacs fueron compradas con fondos del ANSES. Están haciendo negocios con la plata de los jubilados”, sentenció el gremialista.

Sobre el futuro de la CGT, Fabré fue contundente: “El 22 de agosto vamos a elecciones con voto secreto y habrá dos listas, una que encabezará Pablo Moyano y otra que liderará uno de los llamados ´gordos´. Sin embargo puso dudas sobre la nómina alternativa: “tradicionelmente ellos no van a una confrontación, es que tienen temor de que sus propios congresales los voten en contra y del ridículo no se vuelve”.

“Por lo tanto el 22 de agosto vuelve el moyanismo a manejar el movimiento obrero”, concluyó Fabré, quien se abstuvo en su momento de integrar la comisión directiva de la CGT unificada por no comulgar con la idea de un triunvirato.

martes 29 de mayo

 

Canale adeuda dos quincenas y hay incertidumbre en su planta de Catamarca

Canale adeuda dos quincenas y hay incertidumbre en su planta de Catamarca

Trabajadores del grupo Canale S.A. expresaron su malestar a raíz del retraso en el pago de dos quincenas de trabajo. Se profundiza la crisis en la industria alimenticia.

No es la primera vez que la firma que produce conservas para ALCO incurre en demoras en el pago, que ya tiempo atrás habían desencadenado en duras protestas.

José Ocampo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, señaló a El Ancasti, que la firma adeuda un gran porcentaje de la quincena correspondiente al mes de abril y la primera parte del mes de mayo, pese a que las expectativas de la firma estaban puestas en una mejora en la situación durante el presente mes.

Ocampo señaló que el mes pasado cuando el sindicato se reunió con representantes de la empresa en Buenos Aires, se informó que las proyecciones de mercado eran positivas e incluso se había hablado de la posibilidad de llegar a una regularización de pago para los 120 trabajadores hacia el mes de mayo; sin embargo la situación continua siendo compleja.

El sindicalista explicó que los trabajadores reclaman, además del pago de lo adeudado, una información oficial sobre la situación de la empresa. “Hace un mes los delegados se reunieron con la empresa en Buenos Aires y les dijeron que la situación iba mejorando y que en mayo no iba a haber problemas de pago. Uno ya no sabe que creerle a la empresa”, reprochó.

A los problemas de vieja data se suma ahora la compleja situación económica del país que repercute con mayor crudeza en la industria por la baja en el consumo.

Por el momento, los trabajadores no tomaron medidas por la situación, sin embargo la preocupación y el malestar se continúa profundizando.

 

Alerta en INTA ante el inminente despido de 600 trabajadores

Alerta en INTA ante el inminente despido de 600 trabajadores

Sería parte del ajuste del gasto que el Gobierno ha puesto en marcha para bajar el déficit fiscal. La versión ya había corrido y ahora regresó con más fuerza.

La reducción de la plantilla de profesionales en el INTA sería parte del ajuste del gasto que el Gobierno ha puesto en marcha para bajar el déficit fiscal en pos de un acuerdo exitoso de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cordes sostuvo que la situación de incertidumbre “viene desde hace casi dos años” a raíz de un informe del ministerio de Modernización en el que se indica que en el INTA “sobra el 8% de la planta de trabajadores”.

Las autoridades del INTA hicieron a partir de 2016 una reestructuración para bajar su presupuesto y evitar despidos y se perdieron así 250 vacantes, es decir, personas que se jubilaron o se fueron del organismo pero no tuvieron reemplazos.

“Hay un comunicado de Modernización en el que se le exige al INTA que disminuya su planta de trabajadores en un 8%, por lo que con esos datos se perderán unos 600 puestos de trabajo hasta abril de 2019 en el instituto”, dijo el delegado de Manfredi.

La Estación Experimental Agropecuaria Manfredi está ubicada en el departamento Río Segundo, Córdoba, a 55 kilómetros de la capital de la provincia mediterránea.

“Hay que tomar conciencia lo que es y lo que representa el INTA a lo largo y a lo ancho del país. Esto pone en jaque las actividades que se desarrollan en muchos puntos de la Argentina”, advirtió el delegado.

Cordes dijo que, de acuerdo a lo que ha pasado en otros organismos del Estado, los despidos no apuntan sólo al personal que está con contrato a término sino que también afectará al personal de planta permanente.

En el INTA, el 50 por ciento de la planta de 7.400 trabajadores se desempeña con contratos anuales que son renovados o no cada diciembre de acuerdo a la voluntad política de las autoridades de turno, lo que genera inestabilidad laborales en miles de profesionales.

“Estamos volviendo a la receta de los ’90 cuando (el entonces ministro de Economía, Domingo) Cavallo le recortó el presupuesto al INTA y redujo la planta de personal en un 30 por ciento”, analizó Cordes en declaraciones radiales.

 

 

Triaca tuvo que firmar la inscripción gremial de los abogados del Estado

Triaca tuvo que firmar la inscripción gremial de los abogados del Estado

La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), logró la simple inscripción del Ministerio de Trabajo. La resolución llegó a instancias de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que obligó a Triaca firmarla.

Se calculan que hay unos 25 mil abogados de las áreas legales alcanzados para agremiarse por sus funciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y desde el nuevo gremio se proponen nuclearlos.

Desde AGAE sostuvieron que ​fue un proceso largo que duró casi siete años de “perseverante y tesonero trabajo, en el que hubo que vencer muchas resistencias que se oponían a nuestra existencia”. Concretamente, desde AGAE señalaban el tándem Triaca-UPCN como los mentores de las trabas para su inscripción que obligaron a llegar a la vía judicial.

​“El esfuerzo rindió sus frutos. ​Hoy es un día de alegría ya que se hizo justicia, se restableció la legalidad y, por fin, contamos con un gremio que realmente representa a los abogados del Estado”, sostuvo el documento dado a conocer en las últimas horas por el sindicato sostuvo que encabeza Rubén Ramos.

​“Es el comienzo de un camino. La inscripción lograda nos permite ahora trabajar firmemente en los verdaderos objetivos por los cuales se constituyó la AGAE: jerarquizar la figura y el rol del abogado del Estado -no solo internamente sino de cara a la sociedad-, asegurarle independencia en su función para que pueda cumplir con una de las funciones más delicadas que tiene asignada, que es el control de la legalidad de los actos de gobierno; y por supuesto defender sus derechos”, indicó Ramos.

 

 

Por la huelga de camioneros brasileros, todas las automotrices pararán la producción una semana por falta de piezas

Por la huelga de camioneros brasileros, todas las automotrices pararán la producción una semana por falta de piezas

Hace 9 días, realizan una medida de fuerza que generó desabastecimiento y su impacto traspasó las fronteras. Las 11 terminales locales dejarán de producir hasta que se regularice la entrega de autopartes.

El conflicto con los camioneros del sector automotriz que afecta a Brasil ya produjo su primer impacto de peso en la Argentina.

Debido a la falta de acuerdo entre los gremios del país vecino con el Gobierno, quienes reclaman por el alza del precio del combustible y los peajes, las fábricas argentinas se verán obligadas a parar la producción.

El hecho fue confirmado por fuentes locales al portal Irofesional, quienes advirtieron que no es posible seguir fabricando si no se regulariza el intercambio con Brasil, clave para la producción de los modelos locales.

Si bien la primera firma que confirmó esta medida fue Renault, ahora se sabe que el resto de las empresas tendrán que tomar la misma decisión.

Según informaron, la idea es que retomen sus actividades el próximo lunes, siempre y cuando en ese período se llegue a un acuerdo en Brasil donde los trabajadores transportistas cumplieron ayer su octavo día consecutivo de paro.

Se trata de un duro golpe para las plantas porque luego arrancar la rueda de producción lleva un tiempo.

El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció el domingo una serie de medidas para lograr el levantamiento pero aún no obtuvo respuestas.

El primer ofrecimiento fue bajar 10% el precio de los combustibles, pero para los camioneros resultó insuficiente. Luego mejoró la oferta a 13 por ciento durante los próximos 60 días.

Además, prometió que a partir de ahora los incrementos ya no serán diarios, como lo venía haciendo Petrobras, sino mensuales.

Pero el clima se complicó aún más, ya que el presidente de la Asociación Brasileña de los Camioneros (Abcam), José da Fonseca Lopes, denunció que hay “infiltrados” que “quieren derribar al Gobierno” y que amenazan a los transportistas que han llegado a un acuerdo.

 

 

Con la presión del FMI, Macri acelera 20 mil despidos más en el Estado

Por Alfonso de Villalobos
Soledad Quiroga

En el caso del ajuste sobre los empleados públicos nacionales la afirmación se ajusta en parte a la realidad toda vez que el gobierno ya tiene su hoja de ruta en lo que hace a la reducción de personal. Se trata de las conclusiones que surgen del programa de «dotaciones óptimas» impulsado por el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, desde agosto de 2017. Allí, según una filtración de un informe parcial con fecha de septiembre de 2017, se estipula una poda de 20 mil empleados que, proyectados a la totalidad de la planta, alcanzaría a cerca de 30 mil.

La idea original era producir ese ajuste en forma gradual hasta 2019. Por eso, en lo que va del año, ya se produjeron cerca de 5000 cesantías bajo la forma de un goteo incesante que, en algunos casos, generó fuertes resistencias y acciones de lucha con paros y ocupaciones. Los casos más resonantes fueron los 258 despidos en el INTI y los de los mineros del Río Turbio que lograron, mediante la ocupación y una larga huelga, la reincorporación de los 167 trabajadores.

Sin embargo, con la presión del Fondo, ya esbozada en sus informes de diciembre último, los planes del gobierno se han modificado y ahora se disponen a acelerar esa hoja de ruta.

Ya en marzo de este año, el gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios con el propósito explícito de conseguir por esa vía una reducción de otros 5000 puestos.

Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de ATE Nacional, detalló a Tiempo que el plan no logró su cometido: «No tenemos números de que efectivamente se haya utilizado el mecanismo. No puedo afirmar rotundamente que fracasó pero el gobierno, que siempre es tan propenso a mostrar con números la eficacia de sus políticas, esta vez no dijo nada. No tienen nada que mostrar».

Así las cosas, en la última semana han proliferado en los pasillos de la administración pública rumores que indican que en los próximos días se producirá una primera oleada de centenares de despidos.

Algunos elementos ya se hacen ver: en el INTI impidieron el ingreso de siete empleados el jueves pasado y trascendió la voluntad de las autoridades de proceder al despido de entre 100 y 300 empleados más, los que se sumarían a los 258 de enero. En el Ministerio de Trabajo se habla de 400 cesantías. Por su parte, los rumores en el Ministerio de Justicia indican que habría 150 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya anunciaron 45 cesantías, todavía sin nombre, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En ACUMAR habría 50 cesantías en carpeta y las autoridades volverían a la carga en el ENACOM, donde ya despidieron alrededor de 100 empleados en lo que va del año y ahora insistirían con 100 más.

Las versiones también indican que se sumarían 100 despidos más en el Ministerio de Agroindustria cuando todavía no concluyó el conflicto por los recientes 543 despidos entre ese organismo y el Senasa.

A nivel provincial, María Eugenia Vidal acaba de anunciar su propio plan de retiros voluntarios aunque el foco está puesto en el Astillero Río Santiago, donde el gobierno provincial acaba de renovar las autoridades y, en un cuadro de vaciamiento y desinversión, los trabajadores anuncian la posibilidad de que se produzcan mil despidos.

Frente a esta nueva situación, Godoy explicó a Tiempo que «es muy previsible que haya más despidos. En realidad nunca cesaron, pero el acuerdo con el FMI va a hacer que se profundice el ajuste, tanto en Nación como en las provincias».

Consultado sobre la viabilidad política de ese ajuste, señaló que «la lucha está creciendo desde abajo y el paro nacional va madurando a pesar de que hay dirigentes que están más preocupados por acordar con el gobierno. La única manera que cierre este ajuste es con represión, pero hay mucha conciencia y capacidad de lucha en nuestro pueblo», señaló.

El ajuste, además, golpeará por el lado del salario. El martes está pautada la primera reunión paritaria y se descuenta que el gobierno ofrecerá entre un 12 y un 15 por ciento.

Se trata, en el mejor de los casos, de un incremento que está unos 10 puntos por debajo de la inflación esperada, lo que se suma al 18% de pérdida del poder adquisitivo que, según cálculos de la Junta Interna del Indec, acumula el salario estatal desde diciembre de 2015. «

 

 

Todavía no hay fecha de inicio de la zafra en La Esperanza. Independientemente de la fecha de largada, toda el azúcar producida no podrá borrar el sabor amargo que flota en San Pedro, después de los despidos masivos en esa empresa.

Fundado en 1883, el Ingenio tiene una larga historia que va desde los vaciamientos empresarios a las tomas obreras de los 90. Se presentó en quiebra en 2008 y, a partir de 2010, la firma Benito RoggioAgropecuaria obtuvo la concesión del arrendamiento. En 2013, tras la quiebra, el Gobierno se hizo cargo a través  de la Coordinadora de la Unidad para el Cambio Rural de la que formaban parte el mismo Gobierno, los trabajadores y capitales privados.

En la última zafra, su coordinador Jorge Neme dijo que el objetivo es alcanzar 80 mil toneladas  contra 62 mil, en 2014, y 42 mil, en 2013. Anunció también que está cerca el día en que La Esperanza pase a manos privadas. Todo esto fue desmentido por el gobernador Gerardo Morales, quien señaló que los aportes privados al Ingenio son “pura mentira” y que la provincia tuvo que invertir 600 millones para que la empresa siguiera funcionando.

Gastón Remy, investigador y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, sostiene que el proceso que inició el actual gobierno es más que un ajuste con un plan salvaje de despidos. Como pasa en los procesos neoliberales con todo lo público, se trataría de un vaciamiento, y de la  entrega de la histórica empresa a capitales colombianos asociados a funcionarios de Cambiemos.

¿Cuál es el proceso a través del cual el grupo Omega Energy se queda con el Ingenio La Esperanza y cuáles son sus zonas oscuras?

-El gobierno provincial a cargo de Gerardo Morales, en junio de 2016, hizo votar en la Legislatura una ley (5929) por la cual el Estado se hizo cargo de la administración de la quiebra del ingenio que ocurrió hace casi veinte años. Mediante esta ley que viola la propia legislación nacional de concursos y quiebras, con el acuerdo del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, el gobierno abrió una compulsa de precios, con la que finalmente le adjudicó el ingenio al grupo colombiano Omega Energy. Este proceso completamente ilegal vino a enmendar una venta fallida, al mismo Omega, que el Gobierno anunció a fines de diciembre de 2017.

Uno de los problemas estuvo en que el Grupo Omega no tenía constituido su domicilio legal en el país. Cuestión que se enmendó el 29 de enero de 2018 y el 14 de febrero el juez lanzó esta compulsa sin siquiera dar lugar a la presentación de bases y condiciones y violando nuevamente la Ley de Concursos y Quiebras.

El sindicato a través de sus abogados presentó un pedido de revocatoria de esta decisión del juez, pero luego decidieron retirarla. Los trabajadores se enteraron varias semanas después. El ingenio con estas maniobras fue literalmente regalado a menos de un tercio de su valor de mercado. Durante este proceso, no hubo tampoco un tasador.

¿Qué se sabe de este grupo? ¿Cuál es el origen de sus capitales? 

-Omega Energy es un grupo petrolero básicamente que opera en Colombia y tiene algunas actividades extractivas y agropecuarias en Nigeria y Estados Unidos, respectivamente. Lo que no cierra es que tiene más de 13 compañías offshore, que todos sabemos que se utilizan para evadir impuestos entre otros delitos y, semejante estructura financiera no se condice con el volumen de facturación anual del grupo y con la escaza capacidad de financiamiento que admiten en su balance contable. Para el caso de ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) se constituyó con el mínimo de capital exigido por ley en Argentina que son 100.000 pesos, cuando el compromiso de compra del ingenio La Esperanza alcanzaría los 86 millones de dólares. Y como le es familiar al Grupo Omega, la presentación de la propuesta para quedarse con el ingenio llevó el patrocinio legal del Mossack Fonseca, el estudio de abogados, que se hizo famoso por los Panama Papers.

¿Qué cambio significó para los trabajadores el proceso de venta?

-En primer lugar, el gobierno provincial despidió a 338 trabajadores a fines de noviembre pasado. Primero fue con la excusa de que el grupo inversor lo solicitaba. En febrero pudimos constatar que el mismo gobierno ordenó los despidos, a través de la administración colegiada –cuyos integrantes propuso el gobernador- y de la fiscalía de Estado, que finalmente convalidó el juez de la quiebra con el argumento de que al “Estado le era demasiado costoso sostener a 1000 trabajadores”. Nunca presentaron un estudio productivo ni económico-financiero que demostrara su afirmación, como tampoco cuál fue el criterio para decidir que trabajadores seguían y cuáles no. Esta información la solicitamos a través de un amparo en la Justicia jujeña a través de los diputados del PTS- Frente de Izquierda (FIT), Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández. La Justicia aún no se expidió. Lo hicimos como parte de la defensa de todos los despedidos como también de nuestros compañeros obreros y candidatos en las últimas elecciones por el PTS-FIT, Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, ambos despedidos.

¿Quién es en esta operación Facundo Fernández de Oliveira? Ahora director de La Esperanza, también de otra empresa propiedad de Pedro Eugenio Aramburu hijo, y a su vez director de Recursos Humanos de Radio Nacional…

-Para lo que es el gobierno de los Ceos no es ya de extrañar. Los ministros y funcionarios de Cambiemos están de los dos lados del mostrador, es su marca registrada. Como también tener dinero en cuentas offshore. En el caso de Oliveira es un funcionario que llega a mediados de 2016 a la Radio Nacional y su debut fue ordenar despidos en todo el país. En el caso del ingenio aparece como director de ALESA y no podemos descartar que actúe en representación del gobierno nacional que también es parte de la quiebra del ingenio. En enero, el mismo titular de Omega, Omar Leal, denunció en el diario El Tribuno de Jujuy que la caída de la venta del ingenio había sido una decisión del gobierno nacional.

Respecto de la sociedad entre Oliveira y el hijo del ex dictador Pedro E. Aramburu, no es de extrañar. Porque en el domicilio legal de ALESA está constituido el buffet de abogados  Peréz Alati, Grondona, Benites y Artsen. El mismo nuclea a defensores de genocidas y grandes grupos económicos, como el hijo del periodista prodictadura Mariano Grondona, y este estudio también está denunciado en el libro Argenpapers, de los periodistas Tomas Lukin y Santiago O´Donnell, por su participación en los paraísos fiscales. Menos Radio Nacional, las otras dos empresas donde trabaja Fernández de Oliveira tienen la misma sede: Suipacha 111, de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es la situación actual del Ingenio?

-El ingenio actualmente se encuentra dentro de un traspaso al Grupo Omega y se sostienen los 338 despidos. Hubo una tanda de 42 trabajadores reincorporados y todos afirman que el ingenio con este número de personal no puede funcionar. Sin embargo, la empresa estaría empecinada en contratar a los 600 trabajadores que quedaron sin reconocerles la antigüedad ni las categorías. Una empresa buitre por donde se la mire y que tiene el respaldo orgánico de funcionarios de Cambiemos.

 

 

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