El Salvador. Las víctimas que el régimen olvidó

Por Laura Jordán, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2023.

A un año de la ola homicida que dejó el día más violento de la historia reciente de El Salvador con 62 asesinatos, y que originó el régimen de excepción, las víctimas siguen sin recibir justicia. Testimonios de 10 familias constatan que no han recibido apoyo estatal, algunas tuvieron que huir de sus hogares y otras aún viven con temor a las pandillas.

De pie, frente al que era el cuarto de Cristian, donde todavía está su ropa y su motocicleta, Juan se muestra resignado: “Si yo supiera que con hablar los van a venir a capturar, hace mucho lo habría hecho”.Se refiere a quienes asesinaron a su hijo al dispararle a dos metros de su casa, justo cuando estaba por abordar su vehículo. Esta mañana, bajo el sol de la zona paracentral de El Salvador, un año después del crimen, Juan sigue esperando justicia en la promesa gubernamental del régimen de excepción.

Cristian es una de las víctimas del día más violento de la historia reciente en El Salvador, que registró 62 homicidios aquel sábado 26 de marzo de 2022.Ese día, los asesinatos comenzaron cuando apenas habían pasado cincuenta minutos de la medianoche y para cuando mataron a Cristian, en el departamento de San Vicente, a las 5 de la tarde, las víctimas ya sumaban 48.

Con la ola homicida desbordada, a las 8:04 de la noche, el presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción como respuesta, pero aún faltaba más: Los reportes policiales dan cuenta que la jornada violenta abarcó 44 municipios de 12 de los 14 departamentos de El Salvador, y que en su gran mayoría (47 víctimas) no pertenecían a ninguna pandilla. Ese día fueron masacrados 62 salvadoreños entre empleados municipales, agricultores, amas de casa, albañiles, taxistas…

Algunas familias de esas 62 víctimas, como la de Juan y Maritza, han buscado respuestas en la Fiscalía y, pese a ello, aseguran que no han sido atendidas.

Esa resignación también la comparte Magdalena, madre de otra de las víctimas, en el volcán de San Salvador. Allí, sostiene que denunciar el silencio de las autoridades sobre el tema no le llevará las respuestas que no ha tenido en un año. “Hablar a estas alturas no me lo va a devolver y tampoco va a hacer que las autoridades capturen a los responsables”, alega, mientras se refugia en el silencio.

Magdalena aún vive en el lugar donde asesinaron a su hijo, en el cantón Álvarez, ubicado entre los cafetales que rodean el volcán. Él fue de las primeras víctimas asesinadas aquel sábado. El cuerpo quedó junto a la bicicleta con la que vendía pan a las 4:30 de cada mañana.

Recuerdos. La hija mayor de José Luis sostiene en las manos una foto de cuando ella era pequeña y su padre la está cargando en brazos. En la que era su casa también conserva su ropa y otras de sus pertenencias. LPG/Wendy Urbina

Allí, todos conocen a Magdalena y saben lo que sucedió, pero nadie nunca vio ni escuchó que las autoridades llegaran a buscarla para darle información sobre el homicidio de José Mario Zepeda. Ella asegura que nadie le ha dicho si fue abierto un proceso judicial por el asesinato.

La situación es similar en Apopa, donde la esposa de Rafael Eduardo Ardón Bermudez también perdió la confianza en las autoridades, y después de un año asegura que tampoco busca respuestas sobre la muerte de su esposo. “Prefiero no saber nada”, recalca y exclama que tampoco se siente segura para hablar sobre el tema.

La Policía resolvió, ante una solicitud de acceso a la información de este periódico, que el informe de las capturas o sospechosos vinculados a los homicidios ocurridos el 26 de marzo de 2022 es información reservada. Sostuvo que no disponía de la información requerida y que el resultado del proceso investigativo de cada caso corresponde a la Fiscalía.

1Desamparo. Desde que José Luis murió, sus hijos se cuidan entre sí en el que era su hogar. LPG/Wendy Urbina

Los datos también fueron declarados bajo reserva en la Fiscalía por estar contemplados, según argumentó siempre a través de una solicitud, en el índice de información reservada de la institución. Por lo cual no es posible conocer cuántos de los 62 casos de homicidio han sido judicializados.

Los que huyeron

“La casa de la muchacha es la que está en la esquina del palo de mango, pero ya nadie vive allí”, dice Rosa, al preguntarle por el paradero de la familia de Roberto Velásquez Arias, otra de las víctimas de aquella masacre de marzo de 2022.

Caminando en línea recta se avanza una cuadra y enfrente del árbol de mango que Rosa da como referencia, solo queda un par de láminas oxidadas y agujereadas, colocadas una sobre otra, con la intención de simular un cerco alrededor de la casa. A través de uno de los hoyos puede observarse que todavía hay una bolsa colgada del tendedero y que las hojas del árbol de mango se han acumulado desde hace meses en el patio.

Roberto vivía allí con su esposa y un hijo antes de que lo asesinaran. Ahora, al final de la avenida Río Grande de la urbanización El Sauce, en Sonzacate, todos saben que luego de lo que pasó, ella y su hijo dejaron el lugar.

Abandono. La mayoría de lugares donde ocurrió la masacre son municipios desolados de donde algunos, incluso, huyeron. LPG/Dennis Argueta

La mayoría de los familiares consultados tenían una relación directa con la víctima, algunos, incluso, estaban presentes al momento del asesinato, como el caso de Antonia, que tiene 85 años y se encontraba en la casa con su hijo cuando varios hombres irrumpieron en la vivienda y lo mataron.

Ahora, el portón de aquella casa está amarrado entre alambres con uno de los postes del cerco y al fondo puede observarse que en la casa ya no queda nadie.

La vecina recuerda que a Antonia le costaba hablar tras el suceso y que el poco tiempo que se quedaron después del homicidio de Manuel de Jesús Rivera Zelaya, el hijo con discapacidad a quien cuidaba Antonia, ella permanecía encerrada en la casa y nadie podía entrar.

A pesar de la situación de Antonia y de muchos de los familiares afectados por la violencia, nunca tuvo apoyo psicosocial ni por parte del Estado, ni de ningún ente defensor de derechos humanos, confirmaron.

La misma situación vivió la familia de Óscar Rutilio Carpio en el cantón San Juan Los Planes, ubicado en una zona rural del volcán de San Salvador. “Después de lo que pasó ellos derribaron la casa y se fueron”, comentan los vecinos al preguntar si todavía queda alguien cercano con quien hablar.

Algunos de ellos saben que tuvieron que irse por temor a la violencia, mientras que otros desconocen lo que pasó. “De mí ni se despidieron, me di cuenta a los meses cuando escuché un rumor. Actualmente no sé ni dónde viven”, cuenta una persona que conocía a Óscar.

Los que no buscan respuestas

A sus 70 años, don Jacinto todavía trabaja sus cosechas en los terrenos que tiene cerca de su casa y agradece que aún tiene fuerzas para hacerlo. También ayuda a cuidar a sus nietos desde que José Luis Hernández, el esposo de una de sus hijas, fue asesinado por cinco hombres.

“Ahora a nosotros nos toca cuidar a los niños, es un cargo más, más que ya estoy anciano, gracias a Dios todavía puedo trabajar y le doy abasto a mi hija porque ella se ha quedado sola con los tres niños”, dice Jacinto, mientras descansa de la jornada que inició este día desde temprano.

Desde el día del levantamiento del cadáver, las autoridades no volvieron a visitar la casa de Jacinto. “Nadie nos volvió a preguntar nada y tampoco sabemos quiénes lo mataron, yo como buen cristiano dejo la justicia en manos de Dios”, dice.

Echado junto a él está Oso, el perro de José Luis, el que siempre lo acompañaba a vender esperando recibir un pedazo de pan y el mismo que le lloró tres días sobre su nicho luego de que lo asesinaran.

Temor. En algunos municipios de San Vicente, los grafitis de las pandillas todavía pueden observarse en algunas paredes. Los vecinos aún manifiestan miedo. LPG/Dennis Argueta

El día de la matanza, José Luis salió como de costumbre con su canasto, ese día su bicicleta estaba arruinada y se fue a pie, pasó por la casa de Jacinto donde le ofrecieron el café de todas las mañanas y se marchó. Apenas había avanzado 20 metros cuando Jacinto escuchó unos disparos y cuando se asomó sobre el patio de la casa, su yerno yacía en el suelo. Muerto.

Cuenta que “por suerte” José no iba acompañado de su hijo menor ese día, quien casi siempre se subía con él a la bicicleta para salir a vender el pan en la colonia Las Palmeras, en Tacuba.

Los que temen

En un apartado y árido pueblo de San Vicente, los grafitis alusivos a la Mara Salvatrucha “los mandaron a quitar”, cuenta en voz baja una de las vecinas mientras barre el patio de su casa; pero comenta que, a la vez, la gente todavía murmura que quedan algunos pandilleros activos.

Otras personas que viven allí relatan que a los responsables de una de las víctimas de la masacre de marzo, que hubo en ese lugar, nunca se los llevó la Policía y que la familia huyó por miedo, incluso, cuando ya había sido implementado el régimen de excepción.

“Tenía unos días el régimen de excepción cuando la mamá del muchacho, que vivía con él, se fue de aquí con otros de sus hijos, sobre todo porque a ellos ya les había pasado algo similar en otro municipio y ahora se fueron huyendo de la misma situación”, continúa contando la señora.

Allí, la gente dice que a la mayoría de pandilleros los han capturado con el régimen de excepción, pero esta familia sostiene que los asesinos de su pariente siguen libres.

Impunidad. El suegro de José Luis aún conserva los periódicos en donde fue publicado el homicidio de su yerno, aquel 26 de marzo de 2022. Relata no haber recibido justicia.LPG/Wendy Urbina

Hasta el 24 de agosto de 2022, la Policía consignó, según un registro divulgado por Human Rights Watch, que solo el 0.3 % de los 50,133 capturados en el régimen de excepción en ese entonces fue acusado por homicidio, y que la mayoría estaba siendo procesada por agrupaciones ilícitas, un delito que no garantiza el arresto de los responsables de la ola homicida ni la justicia por la que esperan los padres de Cristian, allá en la zona paracentral de El Salvador, donde han decidido vivir su luto en silencio.

Un año después del homicidio de Cristian, Maritza, su madre, se muestra consternada. Pasa las manos sobre las mejillas para quitar las lágrimas que termina de secar con el delantal que trae puesto esta mañana, a la vez lamenta que las autoridades no los hayan buscado para esclarecer el crimen: “El caso de mi hijo va a quedar en la impunidad”, sentencia.

Fuente: La Prensa Gráfica

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