El Salvador. Solicitan a la Comisión de Trabajo por los Derechos Humanos retomar estudio de justicia transicional

Por Claudia Espinoza, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2023.

El anteproyecto fue presentado en octubre de 2021, pero aún no ha sido estudiado.

La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos ProMemoria Histórica presentaron una carta ante la Asamblea Legislativa para solicitar audiencia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de analizar el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional que presentaron en octubre de 2021 .

La carta, que va dirigida a la diputada Rebeca Santos, presidenta de dicha comisión, es para que organizaciones junto a víctimas de la guerra sean invitadas para analizar y exponer el contenido y alcances de la “Ley de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Durante el Conflicto Armado”.

David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, informó que las víctimas esperan “como es su obligación, que los diputados y diputadas los escuchen pero que realmente reabran el proceso que tiene abandonada la Comisión de Justicia, que haga el esfuerzo por cumplir los estándares que estableció la Sala de lo Constitucional “.

Dijo que dicha sentencia obliga a atender los estándares de derecho internacional de la reparación, de la justicia, de la verdad, de las medidas de no repetición. Y que el anteproyecto que las víctimas presentaron el 7 de octubre de 2021 recoge precisamente dichos puntos. “No entendemos qué excusas tiene la comisión”, cuestionó Morales.

Argumentan que es de las comisiones que menos trabajo tienen en la Asamblea Legislativa.

LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Una quincena de organizaciones humanitarias exigió este lunes a la Asamblea Legislativa de El Salvador que apruebe una ley de justicia transicional que establezca programas de reparación a víctimas de la guerra civil (1980-1992).

Señalaron que desde 2016 “se ha incumplido la sentencia de inconstitucionalidad” que anuló una ley de amnistía de 1993 y en la que los magistrados constitucionalista de la Corte Suprema ordenaron aprobar una ley que facilite “el acceso a la justicia” y “un amplio programa de reparación integral”.

“Demandamos a la Asamblea Legislativa cumplir su obligación de aprobar una ley de justicia transicional”, indicaron representantes de las organizaciones no gubernamentales en una conferencia de prensa.

Agregaron que existe un “incumplimiento sistemático de la Asamblea Legislativa” de fallo de julio de 2016.

Lamentaron que las tres propuestas de anteproyecto de ley presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos al Congreso “han sido ignoradas”, a pesar de que estas “incorporan los estándares ordenados por la Sala de lo Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Estas organizaciones forman parte de la Mesa contra la Impunidad de El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

Los representantes de los entes informaron sobre la presentación de una solicitud de audiencia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que hace más de un año “abrió un proceso de estudio para la aprobación de esta ley, el que fue interrumpido abruptamente y sin explicaciones en febrero de 2022″, sin que a la fecha se evidencia ningún interés en retomarlo”.

En febrero de 2020, la legislatura de ese momento aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por el presidente Nayib Bukele.

Posteriormente, en septiembre de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos anunció un nuevo proceso de análisis para la creación de una ley de justicia transicional, pero las organizaciones han señalado que, según la información disponible, la comisión no ha retomado la discusión.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Fuente: La Prensa Gráfica

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