Guatemala. Virginia Laparra cumple 365 días en prisión

Por Shirlie Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2023.

La exfiscal de FECI fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, en 2022. Su detención le ha causado daños a su integridad personal y pone en riesgo su vida. La defensa ha solicitado en constantes ocasiones medidas sustitutivas a su favor.

El 23 de febrero de 2022, Lilian Virginia Laparra Rivas salía de su jornada laboral en la sede de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en la zona 7 de Xela. En la calle la esperaban agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) para informarle de una orden de detención en su contra. No se imaginaba que su vida cambiaría y que durante 365 días recordaría esa tarde.

Ese fue el inicio de su detención y de una batalla legal que este jueves 23 de febrero cumple un año y que hasta ahora la mantiene en prisión por dos casos: el primero, por una denuncia administrativa que Laparra presentó en contra del exjuez Lesther Castellanos, por filtrar información de un caso que estaba bajo reserva; y el segundo, cuando un juzgado la ligó a proceso por el delito de revelación de información confidencial, el 3 de enero de 2023.

Virginia Laparra, es una abogada que trabajó para el Ministerio Público (MP) por 16 años y que en los últimos años se desempeñó como jefa de la FECI en Quetzaltenango.

Durante su trabajo para esta unidad, llevó casos de alto impacto, uno de estos fue la detención del exalcalde de Xela, Jorge Mito Barrientos Pellecer, familiares e integrantes de la corporación municipal que lo acompañaron, por corrupción.

Según sus familiares, durante su carrera no tuvo ningún problema, incluso sus calificaciones de evaluación de desempeño fueron sobresalientes. Además de ser graduada de una licenciatura derecho en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC), también tiene una maestría y un doctorado en derecho procesal.

Virginia Laparra fue denunciada por Lesther Castellanos, quien dijo que lo denunció cuando él era juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y que no contaba con las facultades para realizar la denuncia.

La defensa de Laparra, señaló que los delitos por los que fue detenida no ameritaban una orden de captura, sino podía ser citada. Además, la detención la hicieron efectiva de forma inmediata.

Luis, su hermano, es parte del equipo de abogados que dan seguimiento a los casos, principalmente el que se lleva en la ciudad de Quetzaltenango.

El defensor y hermano dice que hasta ahora se han encargado de mantenerla presa como forma de represión y también para violentar sus derechos. Relata que los procesos legales son constantemente obstaculizados con la finalidad de atrasar las fases, para que permanezca en la cárcel.

Laparra se encuentra detenida en la cárcel de máxima seguridad Mariscal Zavala, cumpliendo una sentencia de cuatro años de prisión conmutables a razón de Q10 diarios. Desde su detención fue trasladada a la capital y un juzgado de esa jurisdicción conoció el primer caso. El 16 de diciembre de 2022 el Juzgado Octavo de Sentencia Penal dictó la condenó por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Además de Lesther Castellanos, la Fundación Contra el Terrorismo se unió como querellante adhesivo al caso.

A pesar de que la jueza Oly González, presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, le dictó una fianza, no se ha podido concretar porque tiene un segundo proceso pendiente. La defensa de la abogada dice que su criminalización es constante y que constituye violencia psicológica en su contra.

 Recibe apoyo de la ciudadanía

Cuando se hizo pública la primera sentencia, a través de la red social de Twitter se inició una colecta a través de la plataforma Gofoundme.com, en la que se pidió el apoyo para reunir el dinero que necesitaba pagar la fianza y así salir de prisión.

Decenas de personas contribuyeron y reunieron 30 000 quetzales, que fueron entregados a la familia. Estuardo Ackerman, uno de los organizadores, dijo que entendieron que no les permitieron hacer el pago, pero dieron el dinero para cubrir otros gastos.

Ackerman agregó que esta colecta fue una forma de decir que están en contra de la corrupción y en apoyo a los operadores de justicia que están siendo perseguidos.

La batalla de la defensa de la exfiscal continuó y en varias ocasiones solicitaron medidas sustitutivas, las cuales han sido negadas.

En este contexto, Amnistía Internacional declaró a Virginia Laparra como presa de conciencia y exigieron su inmediata liberación. “Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra presenta serias deficiencias, además de múltiples irregularidades en el manejo del caso. No solo no hay pruebas sólidas de que haya cometido delito alguno, sino que queda claro que los motivos señalados por el juzgado para rechazar sus solicitudes de continuar el proceso en libertad son arbitrarios”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A nivel local también se dieron pronunciamientos. Colectivos feministas en la cabecera departamental de Quetzaltenango han denunciado con marchas y manifestaciones la criminalización en contra de la exfiscal anticorrupción y exigen su liberación.

Pilar Bagur, integrante del colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, señaló que el Ministerio Público trabaja para redes de corrupción y no para la población.

Para Bagur, la población puede evidenciar la falta de compromiso de las autoridades del MP para atender las denuncias de la población porque se enfocan en la criminalización y persecución en contra de ellos.

 Desconfían de jueza que lleva segundo caso

 El 3 de enero, por más de 12 horas se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para el segundo proceso contra Virginia Laparra, en la audiencia la defensa pidió que la jueza Carmen Acú no conociera el caso porque, según dijeron, tenía vínculo con el denunciante.

El argumento fue que Lesther Castellanos fue asesor de la tesis doctoral de Acú y eso afectaría su imparcialidad. La recusación en contra de la jueza no fue aceptada y fue ligada a proceso por el delito de revelación de información confidencial y la mantuvo en prisión.

“Yo, honorable juzgadora, no confío en su imparcialidad”, dijo Laparra, en esa audiencia.

La Fundación Contra el Terrorismo, como querellante en el caso, pidió que la audiencia se declarara bajo reserva y la jueza aceptó. Por diez días la prensa no tuvo acceso a los detalles del caso. La fase intermedia, en donde se definirá si es enviada a juicio por el delito de divulgación de información confidencial está programada para el próximo 3 abril.

 Podría estar fuera de prisión

La abogada Amelia Rodríguez, con 15 años de experiencia en litigio, explicó que los delitos por los que está señalada Laparra, son menores, incluso que podían ser conocidos en los tribunales solo con citar a la acusada.

Las condenas máximas, dijo Rodríguez, pueden ser conmutables y tener que pagar una cifra de dinero, pero en este caso la finalidad es criminalizarla y afectarla en distintos ámbitos.

“La batalla mental que mantiene al estar encerrada es un peor castigo, porque conoce de leyes y sabe que estos procesos tienen tintes de criminalización”, agregó.

La abogada Rodríguez señaló que hay casos más graves en los que los sindicados han conservado su libertad. Casos como el de Manuel Baldizón, sentenciado en Estados Unidos por lavar dinero, está libre. El futbolista Marco Pablo Pappa fue condenado por violencia contra la mujer y ahora está en libertad.

Después de un año en prisión, Laparra necesita una cirugía. Tras una cita médica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indicaron que necesitaba el procedimiento ginecológico a la brevedad posible.

La abogada Wendy López, informó que le realizaron 25 exámenes con los que confirmaron que necesitaba la cirugía. Aún están a la espera de realizar los procedimientos para que en el juzgado autoricen los permisos y ella sea intervenida.

Fuente: Prensa comunitaria