Perú. La dictadura quiere que el pueblo peruano se convierta en colaboracionista de su política fascista: llama a denunciar a quienes protestan

Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2023.

A Dina Boluarte y sus secuaces del Congreso y el gabinete de ministrxs se parecen cada vez más a los nazis y fascistas que tanto admiran. Ahora quieren que la población se convierta en delatora de sí misma.

El Ministerio del Interior de Perú llamó ayer a “denunciar” lo que considera “apología del terrorismo” en redes sociales, en un intento por acallar los testimonios de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que cumplen hoy dos meses, y cuya represión lleva un saldo de 58 muertos.

“Censura y criminalización. El Ministerio del Interior señala en un comunicado que se pueden denunciar por ‘apología al terrorismo’ expresiones en redes sociales. ¿Una nueva modalidad que incentiva el terruqueo (sinónimo de terrorismo) para justificar persecuciones y detenciones?”, tuiteó WaykaPerú.

La amenaza de una pena de cár-cel de entre ocho y 15 años no frenó las críticas a esta nueva acción del gobierno. “¡Alerta Perú… la democracia de Dina Boluarte no sólo llama “terroristas” a los manifestantes sino también perseguirá a aquellos que difundan en las redes las movilizaciones o alienten a éstas, bajo el delito de “apología del terrorismo”!, escribió otro tuitero.

El ministerio del Interior anunció en un comunicado: “Se ha habilitado un canal de atención para recibir las denuncias ciudadanas relacionadas con la exaltación, justificación o enaltecimiento del terrorismo o cualquiera de sus tipos”.

El delito de apología del “terrorismo”, establecido en el artículo 316-A del código penal peruano, se sanciona con una pena privativa de la libertad de entre ocho y 15 años, se indicó en el texto.

Así, llamó a los ciudadanos a enviar una fotografía, video o enlace que evidencie alguna “apología” a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, a cargo del procurador Milko Ruiz.

El gobierno y el Congreso, dominado por la derecha, criminalizan a los manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones, acusándolos de “violentistas” y “terroristas”.

Boluarte remplazó al ex presidente Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre de 2022 tras un intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó en Twitter que esta norma afecta la libertad de expresión y viola los estándares internacionales, pues aquellas acciones sólo pueden “ser calificadas como tal cuando hay verdadera intención de generar violencia y un riesgo real de que se produzca”.

Óscar Becerra, ministro de Educación, aseguró en una entrevista con TV Perú que es “terrorismo” la toma de aeropuertos durante las manifestaciones. “Si al delinquir ocupas un aeropuerto, por ejemplo, eres un terrorista”, expresó.

A mediados de enero, un hombre que publicó en Facebook una defensa de Abimael Guzmán Reinoso, jefe de la desaparecida guerrilla Sendero Luminoso, fue condenado a ocho años de prisión.

Dictan sentencias a 27 manifestantes

En este contexto, el Poder Judicial sentenció a 27 personas acusadas de realizar actos violentos en las protestas y bloqueo de carreteras en la ciudad central de Ica, informó el diario La República.

En tanto las manifestaciones y cierres de carreteras continuaron. Cientos de personas procedentes de diversas regiones se reunieron anoche en la plaza Dos de Mayo, en Lima. En la ciudad sureña de Puno se realizó una movilización masiva en la plaza de armas.

Buenaventura, productora peruana de metales preciosos, informó que suspendió operaciones de su mina Julcani, en el centro del país, después de alertar que manifestantes irrumpieron en su sede y amenazaron a sus empleados.

La Defensoría del Pueblo señaló que se registran 68 bloqueos de vías a nivel nacional, la mayoría en el sur andino. Asimismo, persisten movilizaciones y paralizaciones de vías en 24 provincias.

La policía desbloqueó el kilómetro 16 de la vía Panamericana Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, que inconformes tomaron media hora antes, según La República.