Guatemala. La justicia está parcializada en el caso de Virginia Laparra

Por Paolina Albani, Resumen Latinoamericano, 05 de enero de 2023.  

“Vemos cómo se deteriora el sistema de justicia. Virginia debería de estar en libertad, vemos cómo se ensañan con ella. La jueza dio una sentencia cuatro años, por un delito que, supuestamente, no es grave, pero están magnificando las acciones. La justicia está parcializada en el caso de Virginia Laparra”. Claudia González 

Este 5 de enero, varias organizaciones sociales, encabezadas por los abogados Ramón Cadena y Claudia González, además del defensor de derechos humanos, Bernardo Caal, conmemoraron el cumpleaños 43 de Virginia Laparra con una conferencia de prensa en la que solicitaron su liberación inmediata y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la relatoría de independencia judicial de la ONU o cualquier otro organismo internacional, visite Guatemala y declare que el Estado guatemalteco tiene detenida ilegalmente a Laparra.

Las organizaciones indicaron que la invitación a la CIDH, al relator de la ONU sobre independencia judicial y otros organismos se hace desde la sociedad civil porque “el gobierno nunca los va a invitar porque vivimos en una dictadura”, declaró Cadena.

En la conferencia, la abogada de Laparra, Claudia González, expresó su preocupación por el tratamiento que se ha dado a la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango en el proceso penal, que ya antes ha sido catalogado como tortura psicológica, y criticó la actitud de los jueces Carmen Acú y Sergio Mena, quienes “han permitido que se comentan ilegalidades en el proceso judicial”.

Mena se excusó de conocer el caso de Laparra en abril de 2022, pero la Sala Tercera de Apelaciones rechazó su excusa. Entonces continuó a cargo del caso y el 17 de noviembre, resolvió que la exfiscal debía enfrentar un juicio de debate oral y público.

Oly González, presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, condenó a Laparra el pasado 16 de diciembre, a cuatro años de prisión conmutables, por haber denunciado administrativamente al juez Lesther Castellanos, en 2018, ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ), de haber filtrado información de una investigación al abogado Omar Barrios. El tribunal de González determinó que Laparra no tenía la facultad para denunciarlo.

A partir de esta resolución y del nuevo caso en el que Laparra ya sido ligada a proceso por la jueza de Quetzaltenango, Carmen Acú Recinos, por, supuestamente, haber “revelado secretos”, la abogada González dijo que “es una situación preocupante”.

“Vemos cómo se deteriora el sistema de justicia. Virginia debería de estar en libertad, vemos cómo se ensañan con ella. La jueza dio una sentencia cuatro años, por un delito que, supuestamente, no es grave, pero están magnificando las acciones. La justicia está parcializada en el caso de Virginia Laparra”, aseguró la abogada.

Entre los errores que han cometidos los jueces y que probarían esa parcialización está que la orden de captura contra Laparra fue emitida un día antes de conocer si el juez Sergio Mena tenía o no competencia para conocer el caso.

También se señaló en la conferencia que la jueza Acú Recinos ha sacado a unas de las abogadas de Laparra de las audiencias y también ha convocado a querellarse a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Tampoco ha permitido que se hagan efectivas las medidas sustitutivas, lo que ha dejado a Laparra en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, que suele destinarse para reos peligrosos o de alto perfil.

Los casos contra la exfiscal de FECI no han estado bajo reserva, pero los jueces que han llevado los procesos en su contra han limitado el acceso a la prensa. No se ha permitido igualdad de condiciones de la defensa al no aceptar todos los medios de prueba de la defensa, lo que ha obstaculizado la declaración de testigos clave en los procesos.

Por otro lado, las organizaciones señalaron que los denominados “netcenters” han jugado un rol determinante en la construcción de una narrativa de criminalización y que algunos medios tradicionales, cuyos presidentes o directivos han sido señalados de corrupción, han dado espacios a entrevistas con los querellantes, como la Fundación contra el Terrorismo, para ahondar en esta percepción.

Tortura carcelaria y un segundo proceso violatorio de los derechos humanos

El defensor Bernardo Caal, quien pasó cuatro años en prisión criminalizado por defender el lago Cahabón, en Alta Verapaz, habló sobre cómo la tortura carcelaria es el pago para quienes han defendido al país de la corrupción e impunidad como ha sido el caso de Laparra.

“Estamos viviendo en Guatemala un sistema de justicia sino una etapa inquisitiva, donde se le juzga sin la presencia de la prensa, no quiere que se sepa de qué se trata el caso”, dijo Caal.

Agregó que “-Laparra- está soportando la tortura carcelaria que yo denuncié durante cuatro años. Estar ahí no es fácil cuando uno sabe que es inocente. Lo único que ha hecho uno es denunciar a la bola de corruptos. Esta es una venganza y odio contra Laparra. Ese odio se está manifestando contra todos los guatemaltecos indignados que llenamos las plazas por la corrupción.”

Ramón Cadena secundó la idea de Caal al decir que “estamos viviendo un régimen dictatorial y la concentración del poder que es lo que permite que se den toda esta serie de abusos”.

“Laparra es una abogada que ha demostrado ser honesta, ser independiente y, por eso, está sufriendo la represión y persecución. Está claro que no está siendo juzgada por jueces imparciales ni independientes. Está clarísima la parcialidad de los jueces en contra de Laparra. No hay independencia… Se quiere volver al sistema inquisitorial. Quieren hacer barbaridades en secreto y luego juzgar en nombre del pueblo de Guatemala. Es una contradicción”, expresó Cadena.

El pasado martes 3 de enero, la jueza Acú Recinos ligó a proceso a Laparra en un segundo caso que se desarrolló a puertas cerradas en su juzgado en Quetzaltenango. La jueza decidió asignar la reserva del caso por 10 días por lo que las organizaciones han advertido que, desde ya, se nota que la misma forma de proceder del primer caso está repitiéndose en este segundo proceso penal. El Ministerio Público (MP) tendrá tres meses para investigar los nuevos cargos contra Laparra.

Fuente: Prensa comunitaria