El Salvador. Evalúan posible escenario de actos de tortura 

Por David Bernal, Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2022. 

El estado salvadoreño permite actos de tortura durante el régimen de excepción, según el análisis que realizaron ayer diversas organizaciones sociales en el foro “Experiencias de trabajo en prevención de la tortura en México, Honduras, Nicaragua y El Salvador”.

Aunque por ahora solo hay denuncias y no investigaciones concretas que concluyan que se han dado actos de tortura, expertos que participaron en el foro consideran que las acciones tomadas desde que se instauró el régimen dan paso a considerar la vulneración de la Convención contra la Tortura, Otros tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual El Salvador es firmante.

Según Leonor Arteaga, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), un acto de tortura puede ser considerado delito de lesa humanidad y juzgado como tal cuando no se trata de un hecho aislado, sino que se hace a gran escala. Además, debe ser planificado, sistemático o que presente un patrón específico; también debe realizarse contra la población civil y finalmente el estado debe tener conocimiento que esta práctica se da, pero no hace nada por detenerlo.

“A simple vista (en El Salvador) estas características (de tortura) se están dando. Los operadores de justicia se están haciendo los ciegos con lo que sucede durante el régimen”.

Leonor Arteaga, Representante DPLF.

“A simple vista (en El Salvador) estas cuatro características se están dando. En relación a la tortura durante el régimen, los operadores de justicia se están haciendo los ciegos”, opinó Arteaga.

En el foro se hizo referencia a las más de 57,000 capturas que ya reportaron las autoridades en el marco del régimen y las muertes de al menos 90 de los detenidos en el interior de centros penales, por los cuales el gobierno no se ha pronunciado.

Andrés Sánchez, representante regional adjunto para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que los estados, al asumir tratados internacionales como la Convención, están obligados a “asumir sus responsabilidades”.

El ejemplo de Honduras

Guadalupe Silva, representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Honduras (CONAPREV), habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre las acciones que desde 2010 han tomado para evitar este flagelo, en especial dentro del sistema penitenciario hondureño.

“Hemos trabajado para tener un programa de recepción de denuncias y realizar visitas a los centros de detención y verificar la situación. También contamos con juntas locales de prevención, algunas de las cuales ven especialmente temas de niñez, población LGBTI, situación de la mujer y migración”, expuso Silva.

Honduras ratificó la Convención contra la Tortura en 2008 (El Salvador lo hizo en 1994) y entre 2010 y 2012 comenzó a trabajar localmente para concientizar a las comunidades en el tema y abrir espacios donde puedan denunciar de forma segura, incluso a las autoridades.

“En lo que va de 2022 hemos recibido 195 denuncias por diferentes derechos violentados, principalmente por acceso a la salud, acceso a la justicia, casos de mala alimentación dentro de los centros penitenciarios y casos de discriminación”, agregó la defensora.

Silva dijo que en Honduras, al igual que en El Salvador, hay un alto índice de hacinamiento en las cárceles, pero que han logrado buena comunicación con las autoridades para realizar los procesos de verificación de la situación de los reos.

Fuente: La prensa gráfica

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